domingo, 23 de diciembre de 2018



FIESTAS DE ESPERANZAS 
Y TEMORES

En Correo el 22 de diciembre 2018
Pasado el referéndum con sus secuelas de euforia política ya estamos en plenas fiestas. Faltan dos días para recibir la Navidad. Mucho tráfico y gente en las calles indican ganas de buscar un hermoso regalo pero lo hacemos con preocupación y temiendo por la seguridad. No todos están felices, no todos tienen dinero para la alegría de cada entorno. Y más. No hay confianza en las calles pero tampoco sobre lo que vendrá para el país en este 2019 acelerado e incierto. 
El optimista discurso del presidente Martín Vizcarra y su popularidad creciente no significa necesariamente tranquilidad, significa empoderamiento y voluntad pero no certidumbre respecto del futuro inmediato. Hay mucha energía para imponerse en la lucha contra la corrupción lo que es tan importante como mantener el equilibrio y la autonomía de los poderes dentro de una democracia que no solo viene de encuestas y apoyo mediático.
Y en las calles muchos se indignan por los demasiados culpables y piensan que todos deberían estar ya en la cárcel. Con tanto justiciero el debido proceso cede ante odios y temores que llevan a excesos. Para evitar los errores judiciales están las instituciones. Nos toca fortalecerlas para que ningún avasallamiento antidemocrático sea posible. A comenzar por los medios que exaltan simpatías pero también rechazos y repulsiones. 
Nos toca conectar con el espíritu de la navidad. Con el abrazo y el afecto para todos, con la idea de armonizar para llegar a objetivos. La confianza es parte de la fe. A eso tenemos que llegar. Esperemos que este espíritu permanezca. Y en cuanto al 2019 ojalá encontremos el equilibrio en la información para conectar más con la verdad y con la razón y menos con las emociones y las llamadas verdades alternativas. Un gran abrazo con el Perú que deseamos desarrollado, justo, ético y sin corrupción. Feliz Navidad para todos!!


MEJORES FIESTAS 
CON SEGURIDAD

En Político.pe el 22 de diciembre 2018 
La crónica roja está cada vez más de moda. Los noticieros son deprimentes. Cuatro de cada diez homicidios en el mundo se cometen en América Latina y algunos gobiernos de la región han optado por la mano dura.
Las guerras se han trasladado a las ciudades que conviven con los maleantes y los delincuentes. El número de homicidios puede superar las situaciones bélicas pero no hay protestas públicas masivas y muchas veces los culpables en flagrancia son liberados.
La criminalidad y la delincuencia es una de las principales preocupaciones de los peruanos y de los latinoamericanos. Hablar de inseguridad ciudadana es reducir o simplificar dolosamente el problema. Porque es mucho más que eso si lo que tenemos es una percepción de real peligro de vida siempre que dejamos nuestro hogar.
Los índices de violencia han aumentado en la región. México  en los últimos seis años ha sido sitiado por la violencia delincuencial, la del narcotráfico, que lamentablemente es un gran poder. Los asesinatos siguen desafiando la autoridad del Estado. Y lo peor es que en nuestros países nos acostumbramos a ello, banalizamos este flagelo y las autoridades aparecen desbordadas.
El principal derecho a ser protegido por todo Estado es el de la vida, es su primer deber y su razón de existir. Tomas Hobbes encontraba en el temor a la desprotección la necesidad de organizarnos. Es decir si nuestros gobiernos no son capaces de protegernos estaríamos al borde de ser un Estado Fallido, uno que no presta garantías ni da confianza.
No se trata de colapsar cárceles ni criminalizar jóvenes, ello significa derroche de gasto público sin cumplir el objetivo de disminuir la delincuencia. Nos toca hablar de educación, de desempleo, de fracaso de la sociedad en difundir valores pero también en garantizar necesidades elementales. La noción de seguridad ciudadana desarrollada - en excelente libro por el profesor sanmarquino Oscar Murillo-  nos dice que la mejor manera de luchar contra el crimen es que los ciudadanos se sientan seguros en salud, alimentación, vivienda y empleo. El que lo tiene no delinque,  no se arriesga a perder una situación conveniente. Esto aparece en las antípodas de las políticas represivas y militaristas. Y sobre todo aquellas basadas en el miedo hacia el otro. Necesitamos, además, medidas efectivas contra el homicidio, como la vigilancia comunitaria, el patrullaje inteligente y una esperada y demorada reforma policial.
Y sobre todo ver lo que se ha hecho en años recientes en ciudades como Bogotá, São Paulo y San Pedro Sula que han logrado reducir los homicidios entre un 70 y un 90% mediante estrategias que atacan la desigualdad, el desempleo y la debilidad de las instituciones y del imperio de la ley en aquellos lugares donde hay altos niveles de homicidios.
Necesitamos conciencia ciudadana para dejar de ser la región donde se cometen cuatro de cada diez homicidios en el mundo y esta conciencia comienza con un verdadero debate entre ciudadanos, instituciones especializadas, políticas y sociales, para poner en práctica legislaciones y políticas públicas que hagan que se asesine menos en nuestro continente. Y ese debate comienza en los medios de comunicación como grandes espacios indispensables para la expresión.

Solo así las navidades del 2019 podrán ser más seguras, más alegres, más esperanzadoras y, sobre todo, la gran oportunidad para expresar afectos sin temores. Feliz Navidad para todos!


domingo, 16 de diciembre de 2018


¿PRIVATIZACION 
DE LA SALUD?

En Correo el 15 de diciembre 2018

Martin Vizcarra asumió serios compromisos respecto de las reformas judicial y política. Comenzó con una reunión de titulares de los poderes e instituciones involucrados con la justicia. Excelente, salvo por la exclusión del titular del Ministerio Público, Gonzalo Chávarry, quien representa una entidad esencial para el objetivo. El presidente también abordó las necesidades del sector salud que siguen siendo clamorosas pero no aludió a que el MINSA habría decidido que el sector privado mantenga y opere siete hospitales y cinco instituciones especializadas, con más de 50 años, bajo el esquema de “bata gris” que no incluye el servicio médico y administrativo. Esto aparece en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas en Salud 2019-2021. Y entre los hospitales figuran algunos emblemáticos como el Loayza, el Dos de Mayo y el de Emergencias Casimiro Ulloa. Estaríamos ante una enorme decisión cuyas aristas no han sido debatidas ni esclarecidas.

Sería muy grave asumir la privatización de la salud pública sin evidencia positiva de su aplicación en países en desarrollo y más bien con experiencia documentada de fracasos, Colombia intentó un modelo similar y después de 10 años debió cambiar radicalmente. Con la salud pública en emergencia necesitamos cobertura universal y atención médica de calidad para los que tienen menos. Muy pocos pueden pagar la salud que venden las clínicas y entidades privadas. Una decisión como esta es de interés de todos y no puede ser de una cúpula. El primer objetivo del Estado es la defensa de la vida. Cuando indicadores claves como el de la anemia infantil y programas de control de enfermedades han desmejorado e incrementado el riesgo social, muy pocos creerán que será el sector privado el que los atenderá sin priorizar la ganancia que es su norte. ¿Hay resultados de la famosa Bata gris en la región? Comencemos a debatir esta gran alerta roja.






¿Y DESPUÉS DEL REFERÉNDUM QUÉ?
En Político.pe el 15 de diciembre 2018
Martín Vizcarra ganó largamente su apuesta sobre el referéndum realizado con mucha desinformación y sin debate sobre las reformas votadas. Vizcarra que entró por la puerta chica del reemplazo y buscaba consagración plebiscitaria, la logró.
Lamentamos que la oportunidad de tener un Senado tan necesario se haya malgastado tan caprichosamente porque la cuestión de confianza por la cual Vizcarra la descartó ya había recibido la descalificación del Tribunal Constitucional. La consigna presidencial debió ser modificada pero eso no se produjo.
La no reelección parlamentaria inmediata conectó con  el rechazo al Congreso. Las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos aparecen indispensables para el adecentamiento de la política y marcarán la contienda del 2021.
Pero terminada la euforia ahora toca gobernar y demostrar capacidad de conducir el barco a buen puerto sin demagogia, dejando de lado la búsqueda de popularidad.
Hoy toca defender las instituciones y ratificar la autonomía de los poderes del Estado. Cesar los ataques a los partidos políticos para cerrar el paso a los improvisados que hacen antipolítica, sea porque quieren perseguir a los partidos como organizaciones criminales o porque los consideren innecesarios.
No es así. La política es el arte de consensuar y construir para el servicio a la comunidad. En lugar de eso tenemos la desmedida violencia y la agresividad social con medios de comunicación que se alinean con estos ánimos poniéndose de lado del gobierno que los defendió ante la Ley Mulder. La relación medios gobierno ha quedado distorsionada. Y se ha visto con el espionaje a Alan García bajo el pretexto de la protección. Las explicaciones del Ministro del Interior, Carlos Morán, no han sido convincentes. Y ahora toca al gobierno proteger a su ministro interpelado en un peligroso ambiente de odios y circo romano ni democrático ni positivo.
En democracia se procesa con pruebas. Y eso vale para todos. Las persecuciones, la inquina, el odio significan poner por delante el estímulo de las pasiones y dejar de lado la racionalidad.
Ya no gobiernan las turbas. Hace tiempo que dejamos esa etapa en la historia de la humanidad. Después del referéndum y del asilo negado al líder aprista los reflectores siguen sobre su persona y sobre la justicia peruana que deberá aplicarse de acuerdo a las garantías, especialmente la presunción de inocencia. Mucho más si se ha pregonado que en el Perú existe división de poderes. Toca detener la judicialización de la política para que la lucha contra la corrupción no sea sinónimo de encarcelamiento sin pruebas. No queremos que nadie escape ni tampoco que se victimicen los culpables como si fueran perseguidos.
El equilibro viene de la misma Carta Magna que establece impartición de justicia pero con garantías como la presunción de inocencia que no se respeta cuando la prisión preventiva es la norma debiendo ser la excepción como lo ha dicho claramente el TC.

viernes, 14 de diciembre de 2018




DESCONCIERTO 
PREELECTORAL
En Correo el 08 de diciembre 2018
Mañana cambiaremos la Constitución vía referéndum con cuatro preguntas que muy pocos han comprendido. El espectro es amplio, los cambios van desde el reemplazo del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura a la no reelección de congresistas pasando por la regulación del financiamiento electoral y el muy importante retorno de la bicameralidad que traería más racionalidad y reflexión a la política peruana. Demasiadas cuestiones de importancia para definirlas en un ambiente en el que prima el desconcierto, el desconocimiento y la falta de entusiasmo.  No se trata de falta de criterio si no de ausencia de campaña plural, el gobierno con los viajes del presidente Vizcarra ha difundido su consigna del SI SI SI NO para obtener la mayoría que lo plebiscitará. No es así como se concibe la participación ciudadana para reformas constitucionales sobre sistemas jurídicos y políticos. Sin debate y con escándalos de crónica política policial y una víspera de detención del mayor directivo del futbol Edwin Oviedo más la presunta interferencia telefónica o espionaje a Alan García hay convulsión y preocupación. Primará la obligación de votar para no pagar la multa. Pero anteponer consigna o capricho es  propio de regímenes populistas que buscan mantener popularidad por encima de la necesidad de gobernar.
Martín Vizcarra vive una etapa de ratificación de su aprobación pero también de desafío del buen manejo de las muchas expectativas que él mismo ha creado para el futuro inmediato. Pero lo que podría desembalsar es la decepción ya que muchos ignoran lo que vendrá. Un equivocado dilema se está procesando. O apoyamos al Gobierno y su lucha contra la corrupción, o apoyamos a los corruptos si no votamos por la consigna gubernamental. Tal maniqueísmo negativo insiste en la polarización entre buenos y malos cuando lo que se requiere es gobierno y gobernabilidad, consensos efectivos más allá del buen discurso y del cambio constitucional. SI SI NO SI.
  
¿Y DESPUÉS DEL 
REFERENDUM QUÉ?
Para Político. pe TELLO
Martín Vizcarra ganó largamente su apuesta sobre el referéndum realizado con mucha desinformación y sin debate sobre las reformas votadas. Vizcarra que entró por la puerta chica del reemplazo y buscaba consagración plebiscitaria, la logró.
Lamentamos que la oportunidad de tener un Senado tan necesario se haya malgastado tan caprichosamente porque la cuestión de confianza por la cual Vizcarra la descartó ya había recibido la descalificación del Tribunal Constitucional. La consigna presidencial debió ser modificada pero eso no se produjo.
La no reelección parlamentaria inmediata conectó con  el rechazo al Congreso. Las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos aparecen indispensables para el adecentamiento de la política y marcarán la contienda del 2021.
Pero terminada la euforia ahora toca gobernar y demostrar capacidad de conducir el barco a buen puerto sin demagogia, dejando de lado la búsqueda de popularidad.
Hoy toca defender las instituciones y ratificar la autonomía de los poderes del Estado. Cesar los ataques a los partidos políticos para cerrar el paso a los improvisados que hacen antipolítica, sea porque quieren perseguir a los partidos como organizaciones criminales o porque los consideren innecesarios.
No es así. La política es el arte de consensuar y construir para el servicio a la comunidad. En lugar de eso tenemos la desmedida violencia y la agresividad social con medios de comunicación que se alinean con estos ánimos poniéndose de lado del gobierno que los defendió ante la Ley Mulder. La relación medios gobierno ha quedado distorsionada. Y se ha visto con el espionaje a Alan García bajo el pretexto de la protección. Las explicaciones del Ministro del Interior, Carlos Morán, no han sido convincentes. Y ahora toca al gobierno proteger a su ministro interpelado en un peligroso ambiente de odios y circo romano ni democrático ni positivo.
En democracia se procesa con pruebas. Y eso vale para todos. Las persecuciones, la inquina, el odio significan poner por delante el estímulo de las pasiones y dejar de lado la racionalidad.
Ya no gobiernan las turbas. Hace tiempo que dejamos esa etapa en la historia de la humanidad. Después del referéndum y del asilo negado al líder aprista los reflectores siguen sobre su persona y sobre la justicia peruana que deberá aplicarse de acuerdo a las garantías, especialmente la presunción de inocencia. Mucho más si se ha pregonado que en el Perú existe división de poderes. Toca detener la judicialización de la política para que la lucha contra la corrupción no sea sinónimo de encarcelamiento sin pruebas. No queremos que nadie escape ni tampoco que se victimicen los culpables como si fueran perseguidos.
El equilibro viene de la misma Carta Magna que establece impartición de justicia pero con garantías como la presunción de inocencia que no se respeta cuando la prisión preventiva es la norma debiendo ser la excepción como lo ha dicho claramente el TC.

domingo, 2 de diciembre de 2018



SALVEMOS 
LA BICAMERALIDAD
Mi columna HOJA DE TIEMPO  en Correo el 01 de diciembre 2018
Ya muy cercano el referéndum del 9 de diciembre el debate sobre las decisiones ha sido corto y escaso. Más allá de la campaña personal –que contra lo establecido por ley- ha realizado el Presidente Martín Vizcarra poco hemos tenido de opiniones sobre las reformas constitucionales planteadas. La jurídica y la política son necesarias. Sobre la primera hay suficiente consenso al igual que sobre la relativa al financiamiento de las campañas electorales como positivo cambio para la democracia. Sin embargo la no reelección de congresistas y la bicameralidad tienen sus bemoles. Partimos de la premisa de que el Senado es necesario para la democracia y el desarrollo. Una cámara de notables calificados para representar al país como una unidad, una academia de alta política, compuesta por los principales intelectuales es más que deseable en un país donde la política se ha convertido en fuente de sinsabores cotidianos. Que la reforma política sirva para perfeccionar la representación con diputados o senadores preparados, que cultiven el conocimiento de las letras y las ciencias, con una identidad política que responda a la responsabilidad asumida de representar, legislar y fiscalizar.

Si en la Cámara de Diputados está el ímpetu juvenil y la presencia de la provincia en el Senado deberá estar la experiencia, la serenidad y el conocimiento para concretar la mejor revisión de las leyes desde el más alto nivel en los análisis. Nuestra historia demuestra que este brillo es posible y que la eliminación de la segunda cámara solo respondió a intereses coyunturales del fujimorismo.
Debemos rescatar el Senado para dar paso a un clima de mayor serenidad y comprensión en la política. Más allá de la modificación de la cuestión de confianza, ya declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y de la consigna del presidente Vizcarra de colocar un NO en la última casilla, demos un gran SI al Senado.


LA PRISION PREVENTIVA

ES ANTICONSTITUCIONAL


Político.pe el 02 de noviembre 2018 


Este jueves pasado -ante la Sala Nacional de Apelaciones presidida por la juez Inés Villa Bonilla- asumimos la defensa judicial ad honorem del Dr. Jesús Munive Taquía que purga injusta prisión preventiva de 12 meses por presunta colusión al haber integrado la Comisión Técnica que en diciembre 2009 otorgó la Buena Pro a Odebrecht para la obra del Tren Eléctrico. Solicitamos en el informe oral su inmediata libertad con base en la notable ausencia de indicios consistentes de participación en la colusión que ha enviado a prisión a funcionarios como Jorge Cuba Hidalgo. Miguel Navarro Portugal, Santiago Chay y Edwin Luyo.

Sobre ellos hay testimonios fehacientes y corroborados lo que no sucede con el Dr. Munive Taquía, respetado docente de la Facultad de Derecho de la UNFV y en su  momento impecable funcionario del MTC. Queda claro de los testimonios recogidos que Munive Taquía ni pidió ni recibió de la coima que Odebrecht distribuyó para su favorecimiento. Sin embargo le fue impuesta la preventiva que hoy cumple en un penal de alta peligrosidad como el Castro Castro, sin derecho a celda, durmiendo en el piso desde que el 6 de octubre fuera capturado en la misma audiencia.

No hay en su conducta signos exteriores de riqueza ni antecedentes de obstrucción a la justicia, por el contrario el Ministerio Público no encontró indicios para formalizar investigación. En dos oportunidades diferentes los fiscales Hamilton Castro y Fanny Quispe creyeron su versión. ¿Qué cambió para que ahora enfrente condiciones de reclusión inhumanas constatadas por el Colegio de Abogados de Lima, que afectarán su quebrantada salud a los 70 años que cumplirá esta navidad?

Todo esto lo dijimos en la apelación. Y agregamos que el abuso de la prisión preventiva hace daño a la justicia peruana acusada de irrespeto de garantías cuando debe ampararse en los derechos humanos. 

Requerimos un equilibrio claro entre el rechazo a la impunidad y el respeto a la presunción de inocencia o a la interpretación de la duda razonable favorable al reo, principios básicos del derecho penal.

Valioso fue que a esta audiencia de apelación asistieran los docentes de la Facultad de Derecho presididos por su Decano como manifestación de confianza en este colega hoy sometido a dura e injusta prueba.

El Dr. Munive ha formado a generaciones, cientos de abogados, jueces y fiscales, en sus tres décadas de docencia. Y como bien lo explica existe clamorosa contradicción entre la Constitución y el Código Procesal Penal. Mientras la primera considera la defensa de la vida, la identidad, la integridad moral, psicológica y física y el libre desarrollo y bienestar como base de la justicia. Y en su art segundo dispone que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. El Código Procesal Penal, art. 268º permite la prisión Preventiva, cuando el Fiscal y el Juez “estimen” que hay comisión de un delito.

La Carta Magna contiene la solución, Art. 138º, al disponer que “ante la incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal los jueces prefieren la primera”. La presunción de inocencia indica que el Juez antes de investigar y sentenciar no puede privar de la libertad a un imputado.

Por esto el Tribunal Constitucional ante el Habeas Corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia dejo claramente establecido que la pena preventiva es la última ratio, la excepción y de ninguna manera la regla. Un estándar que los jueces y fiscales están obligados a respetar.

O estamos ante una omisión negligente del control difuso por el Juez Concepción Carhuancho y el Fiscal Domingo Pérez -que violan la norma constitucional cuando aplican con exceso la excepción y la convierten en regla- o respetamos el Estado de Derecho. Más aún cuando habiendo cinco posibilidades aplican la más gravosa encarcelando al imputado apenas ingresa al proceso. No queremos impunidad ni que nadie escape a la sanción que pueda merecer pero respetemos el marco constitucional si queremos preservar la imagen de la justicia peruana.


NI IMPUNIDAD
NI AUSENCIA DE GARANTÍAS

En Correo el 23 de noviembre 2019
El posible asilo de Alan García sigue causando revuelo y preocupación por el uso de esta protección para eludir la justicia por presunto involucramiento en actos de corrupción. Es fundamental garantizar el derecho al asilo pero hay temor de que se desnaturalice. El Poder Judicial impuso a García impedimento de salida del país por 18 meses pero el Ejecutivo intervino para cerrar fronteras antes de la decisión del juez. La desconfianza frente a la justicia cundió y la cúpula aprista trató de evitar la imagen de su líder encarcelado sin pruebas como ha sucedido en casos recientes. Para imponer la preventiva el juez no decide sobre el fondo del asunto, solo busca garantizar que el imputado no escape a la justicia o no la obstruya. AGP podía fugarse a España como César Hinostroza o podía quedarse obligado como exige la fiscalía y la mayoría de los peruanos. Pero no siente garantías de que no lo encarcelen con una preventiva bajo fuerte presión mediática y social evidente. ¿Es esta una operación de persecución política? Podría serlo si se demostrara injerencia política en la justicia como muchos temen o denuncian.
No sabemos si habrá asilo y salvoconducto pero la imagen del Perú democrático está en cuestión. La investigación debe seguir, el fiscal acusar y procesar pruebas en juicio y si la sentencia es de cárcel que traigan al culpable de donde esté para que la cumpla. Pero si no hay actuación de pruebas le dan argumentos para victimizarse.
Ni impunidad ni ausencia de garantías, se necesita la acusación fiscal y el proceso debido y mientras eso suceda AGP debería estar dispuesto a esperar en libertad en el Perú con garantías para ello. El Tribunal Constitucional ha dado la línea correcta para la justicia peruana. Las preventivas son medidas cautelares excepcionales no deberían ser la regla, abusiva en muchos casos.


martes, 20 de noviembre de 2018


LA CARTA
Crónica publicada en Político.pe el 20 de noviembre 2018

Alan García en movida política inesperada dirigió una carta al presidente uruguayo Tabaré Vasquez, para solicitarle asilo diplomático hasta que cese el clima de persecución política en el Perú. Acusó al presidente Martín Vizcarra y a su primer ministro, César Villanueva, de "arrinconar" a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para "entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno". En esta línea argumentó la inexistencia de "fiscales ni jueces naturales o imparciales"

"En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigativos extremando abusivamente sus atribuciones".

Párrafo clave cuya argumentación se basa en los innegables excesos orales de Martín Vizcarra y en los procedimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial que han hecho de la pena preventiva una acción generalizada sin considerar su excepcionalidad consagrada por el Tribunal Constitucional. Y la aplican incluso en casos en que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia.

García ha sabido aprovechar esta situación que ha presentado como peligro de detención sin actuación de pruebas, solo con hipótesis. Pocos dudan de que eso iba a suceder desde que de testigo pasó a ser imputado sin mayor transición que una audiencia suspendida para ampliar las investigaciones debido a una nueva prueba aportada por IDL Reporteros ese mismo día. La maniobra fue considerada por muchos como una trampa inteligente del fiscal Domingo Pérez. Ya lo tenían en territorio peruano y no lo dejarían salir. Y antes de que la orden judicial de inamovilidad de García se concretara ya el gobierno de Vizcarra había ordenado el cierre de fronteras en un exceso de prolijidad que usaría el ex presidente para fundamentar su persecución.  

García ha argumentado en todos los tonos su inocencia debido a que en las declaraciones bajo juramento del mandamás Marcelo Odebrecht y en las de sus altos funcionarios figura que “Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito” y nunca mencionaron montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. De ahí sus argumentos para deslindar con los casos de los ex presidentes Toledo, Humala y PPK todos vinculados a Odebrecht directamente. A sabiendas de que la conferencia por la que pretenden perseguirlo, no fue contratada por la empresa megacorruptora y se realizó en un momento en que nadie la censuraba como sucede ahora.

Y ahora puede decir con más razones que desde que dejó la presidencia en el 2011 ha enfrentado múltiples acusaciones, sin que se hallara evidencias y que solo buscaron la "destrucción sistemática y periodística" de su imagen política. El impedimento de salida del país por 18 meses, dictado por el Poder Judicial, le cayó como anillo al dedo para probar el uso exagerado y político de los procedimientos.

Alan García indicó que tras el autogolpe de Fujimori, pidió asilo a Colombia pero que hoy la situación es similar. A una trampa respondió con otra. Mientras contentaba preliminarmente a sus detractores con sus frases de allanamiento a su permanencia en el país estaba organizando una estrategia alternativa que ha puesto en jaque al gobierno de Vizcarra.  

La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez está por verse pero las apuestas van por la aceptación. La carta de AGP bien redactada y mejor estudiada deja sentados aspectos que cuestionan la independencia de poderes en el Perú. Para abundar Vizcarra ha intervenido al comunicarse con el presidente uruguayo. Y ahora que aceptó las reglas del juego deberá otorgar el salvoconducto para que García Pérez abandone el país.

A la ausencia de pruebas se suma el criticado informe del Congreso del 9 de Noviembre de este año, elaborado por la Comisión multipartidaria Lava Jato, que precisa que “No existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan Garcia con los temas investigados”. Contundente para cualquier gobierno extranjero que no está inmerso en la indignación social generada por la impunidad de la corrupción.

Seguramente el gobierno uruguayo dará el asilo a AGP y ojalá se asimile la lección. No basta con el discurso ni con la proclama del equilibrio de poderes. Hay que entender que los partidos políticos no pueden ser tratados como organizaciones criminales. Que no se puede interferir con las instituciones autónomas y menos avasallarlas en busca de popularidad. Que no se puede jugar con la libertad de los imputados a quienes no se les ha probado su culpabilidad. 

Sean quienes sean, adversarios o aliados, las garantías de la justicia son para todos y dan forma a la democracia y al Estado de Derecho. Nadie quiere la impunidad de los corruptos pero hay que sentenciarlos debidamente en juicios. Nada de azuzar a las multitudes, el circo romano es primitivo y debe quedar en la historia. En una democracia madura que respeta la ley necesitamos trabajar con razones y dejar de manipular emociones.


PRISION 

PREVENTIVA


Mi columna HOJA DETIEMPO publicada el 17 de noviembre 2018

La larga obra de teatro se titula Prisión Preventiva. El gran tema de conversación se llama Corrupción con Lava Jato. Los actores principales el Fiscal Domingo Pérez y el juez  Richard Concepción Carhuancho  que ordena sin miramientos entre 18 y 36 meses de prisión contra grandes políticos como Keiko Fujimori y sus asesores, o ex presidentes como Ollanta Humala o grandes empresarios como Graña y Montero. La gente celebra mientras muchos ven con temor las garras de esta justicia “preliminar” aplicada mientras llega la acusación fiscal y el juicio correspondiente.

Con la prisión preventiva no se imparte justicia solo se cuida que el imputado esté a la hora del juicio, que no escape y no dificulte el proceso. Pero el Fiscal establece un delito posible, no probado y sobre él seguirá todo lo que vendrá en materia procesal. Sin presunción de inocencia y sin aplicar el art. 290 del CPPenal que dispone prisión domiciliaria para el imputado mayor de 65 años con una grave enfermedad. Precaución plausible porque el no sentenciado encarcelado puede fallecer en el penal y no llegar nunca al juicio. Pena de muerte informal en penales atestados por preventivas que hoy son la regla a pesar que para el Tribunal Constitucional deben ser la excepción. 

Sea quien fuere al imputado le asiste la presunción de inocencia y solo se le puede despojar de su libertad por sentencia. Pero como las multitudes reclaman que los corruptos entren en paquete a las cárceles el juez y el fiscal están bajo presión social y mediática. Ambos especulan sobre los delitos, las penas posibles, la posibilidad de obstrucción a la justicia o el riesgo de fuga. Atienden a los colaboradores eficaces que señalan culpas como deporte autodefensivo. 

La eficacia depende de la corroboración. No hagamos un cliché de ellos, tampoco de las suposiciones. Exijamos acusaciones fiscales en regla si queremos justicia con garantías.


lunes, 12 de noviembre de 2018


DE LA JUSTICIA 
A LA POLITICA

En el portal Político.pe publicado el 10 11 18

Hasta el concepto de política está en entredicho después del mensaje en que Alberto Fujimori pide perdón a su hija encarcelada por el daño que ésta le ha producido. No tiene razón, la política bien entendida y mejor ejercida es una actividad digna y de servicio que persigue el bienestar colectivo. Solo aquella que persigue el poder por sí mismo aparece contaminada con las ambiciones desenfrenadas, el dinero y las prebendas que la emparentan con la delincuencia y la inmoralidad que hacen daño.

La impunidad de los grandes está en esta línea de toxicidad social. No la soportamos y con el presente mega escándalo estamos viendo saltar todas las alarmas. La indignación es general y el clamor es la lucha contra la corrupción ubicua. Por eso ahora tenemos la judicialización de la política o la política judicializada con un fuerte impacto social al punto que para nadie está permitido ignorar la variable judicial. Ella nos lleva al extremo de ver la impartición de la justicia como instrumento político. Y a nadie extraña que cundan temores que motivan ataques y defensas como viene sucediendo con el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Una noción básica en democracia es imponer controles jurídicos al poder político en defensa de los derechos y libertades, pero ésta solo funciona si se gobierna en forma democrática. Si el ejecutivo elegido no perturba las funciones legislativas ni las judiciales. El estado de derecho obliga al gobierno a respetar las reglas básicas del juego. La idea es que jueces ilustrados y abiertos a la deliberación racional contengan o limiten los impulsos autoritarios de los políticos que integran los demás poderes del Estado.

Pero el protagonismo de jueces y fiscales que apuestan a las primeras planas un día sí y otro también es una noción presente. Su relevancia depende del contexto en el cual operan. Según la cultura cívica de derechos y libertades y la fortaleza de partidos políticos o coaliciones de gobierno ellos desempeñarán un rol decisorio como está sucediendo. Y al responder a quienes exigen a viva voz y en las calles cárcel y castigo para los corruptos, la magistratura reacciona con el uso extendido de la coerción. Olvidan que la dimensión represiva corresponde a las formas más primitivas del derecho, aunque en la lucha contra la corrupción aparezca como elemento esencial para desterrar la impunidad que nos agravia como país.

Pero no siempre las respuestas bajo presión social, mediática o política son las adecuadas. Está en juego la tentación de protagonismo de algunos jueces, fiscales y procuradores desde un prestigio que puede ser temporal pero muy útil para ingresar exitosamente a la política. Sucedió con Yeni Vilcatoma en nuestro país y está sucediendo con el famoso juez brasileño Sergio Moro que ha aceptado ser Ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, el gran beneficiado de su cacería contra Lula.

Moro fue elogiado como el justiciero que Brasil necesitaba, fue el instructor de 'Lava Jato' que asumió un perfil político como lo tienen ahora el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho. Una situación que podría poner en riesgo la independencia de la judicatura respecto de los otros poderes del Estado.

No olvidar que en democracia es indispensable dotar de un mínimo de autonomía a jueces, fiscales y procuradores y bregar por su independencia para no regresar al derecho a su etapa más primitiva, la de la ley represiva absolutamente subordinada a la política.

La historia de América Latina ofrece ejemplos de estos riesgos. En los años noventa órganos encargados de controlar la Constitución fueron intervenidos por gobiernos como el de Carlos Menem que aumentó el número de jueces de la Corte Suprema para asegurarse una mayoría de partidarios lo cual fue reproducido por los Kirchner. O Alberto Fujimori que en el lesivo 5 de abril intervino el Poder Judicial y posteriormente destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional que dieron un fallo adverso a su reelección. Sin olvidar a Hugo Chávez que obligó a la presidenta de la Corte Suprema a renunciar a su cargo para asegurarse la mayoría en ella.

La lucha por la autonomía puede ser amenazada por la judicialización de la política que puede acabar con la independencia de la judicatura al transformarla en arena política. Porque la otra cara de la moneda es la politización de la justicia que lesiona la institucionalidad y la separación de poderes inherente a la democracia.

En Brasil el supuesto implacable cazador de políticos corruptos, Sergio Moro, acepta ser Ministro de Justicia de Bolsonaro. Un gesto que mancha su imagen y lo hecho hasta ahora. Su justicia se convierte en acto político desde que al poner en prisión a Lula libró al flamante presidente de su mayor obstáculo electoral para alcanzar la presidencia.

Recordemos el paradigmático caso de Italia en los noventa cuando el sonado proceso judicial derivó en la renovación de su sistema político. ¿En el Perú cambiaremos el sistema de justicia o éste cambiará el sistema político? ¿El cambio será para bien de la democracia y de la independencia de poderes? ¿O no?  



NO JUDICIALICEMOS 
LA POLÍTICA

En Correo, mi columna HOJA DE TIEMPO, del 09 11 18

En América Latina jueces y fiscales intervienen en asuntos tradicionalmente resueltos por el sistema político. Esto afecta más a los países con instituciones y partidos políticos débiles por falta de legitimidad y representatividad. Hemos pasado de la censura al poder judicial a confiar en algunos magistrados y a descartar otros. Si bien los excesos de algunos políticos proliferan como hemos visto en el tormentoso debate congresal de Lava Jato también jueces y fiscales pueden incurrir en ellos engendrando justificados temores. Después de las prisiones de Ollanta Humala y su esposa, de los grandes empresarios consorciados con Odebrecht y de Keiko Fujimori con su cúpula otras tantas penas preventivas esperan. 

El interés por conectar con la indignación ciudadana bajo presión mediática puede llevar a errores y a tentaciones. El caso de Pedro Chávarry contamina la política con verdades y medias verdades que hacen las delicias de las tribunas. El fiscal Domingo Pérez recibe la atención del país incluyendo fans enamoradas. El juez Concepción Carhuancho es el justiciero radical de las prisiones preventivas. El denominador común es el protagonismo y la tentación de las primeras planas al precio de desbordar cauces judiciales y constitucionales para entrar a la política. Una vía que llevó a Yeni Vilcatoma al Congreso sin más méritos que saber aprovechar la atención pública por su grabación clandestina al ministro Figallo. Jueces y fiscales son líderes en escenarios políticos confusos y turbulentos. La falta de independencia es el precio. 

No siempre sucede lo del paradigmático caso de Italia en los 90 cuyo proceso derivó en la completa renovación de su sistema político. ¿Y en el Perú cambiaremos o tendremos jueces como Sergio Moro que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política pero ahora será el Ministro de Justicia del gobierno de quien se benefició con su dictamen al eliminar de la contienda a su principal oponente.


domingo, 4 de noviembre de 2018


EL TIEMPO DE LOS MIEDOS
En Correo el 03 de noviembre 2018
Estamos bajo el impacto de la larguísima audiencia en la cual Richard Concepción Carhuancho, desarrolló los fundamentos para la prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos. El sismo político es de proporciones, la primera fuerza parlamentaria comienza a hacer agua afectada por desorientación, desbande, preocupación extrema al punto que la Junta Directiva emanada del fujimorismo ya no responde a su cúpula con el argumento plausible -aunque bastante artificial- de la imparcialidad. Después de más de dos años de avasallamiento naranja aparecen tardías conciencias de unidad nacional, de diálogo, de sensatez desconocida sin mucha credibilidad.
El fujimorismo asimila el golpe mientras Daniel Salaverry busca perfil propio y trata de defender la institucionalidad parlamentaria con el aplauso de la oposición. No hay confrontación con el Ejecutivo salvo por las diferencias respecto del Fiscal de la Nación convertido en personaje clave de todas las disputas y de todos los miedos. Da la impresión de que Lava Jato genera más temores y convulsiones de lo que muchos se atreven a admitir. Esta polarización política no es ideológica ni política, es simplemente defensiva frente a las culpas y prisiones que podrían alcanzar a diversos sectores y líderes. Y dentro de ello se llega a extremos como la abierta crítica y hostilidad del fiscal Domingo Pérez contra su Jefe institucional. Algo inadmisible. La respuesta de Pedro Chávarry ha sido aún más grave pues usa como escudo el tema Chinchero demasiado sensible porque podría alcanzar al mismo Martín Vizcarra. Y a partir de ahí se anuncian presuntos escenarios golpistas y movidas militares. Lo peor que podría pasar sería la fujimorización de Vizcarra desde que no tiene partido y podría buscar soporte castrense. Lo único sensato es la aproximación política, el diálogo y la movilización en defensa de la democracia. Y del equilibrio y la autonomía de las instituciones.


¿ANTE LA FUJIMORIZACIÓN 
DE VIZCARRA?
En Político.pe el 03 de noviembre 2018
El fujimorismo está profundamente lesionado. Martín Vizcarra le asestó varias derrotas cuando hábilmente logró imponerse a la primera fuerza parlamentaria que a pesar de su alto número de congresistas tuvo que alinearse ante la amenaza de la cuestión de confianza y del cierre posible del Congreso. Y como si fuera poco le ha seguido la audiencia contra la cúpula de Fuerza Popular por presunta organización criminal que habría incurrido en lavado de activos. El climax político se ha dado con la prisión para Keiko Fujimori.
Ante esta situación el desbande del fujimorismo ya es evidente, demasiados temores en los diversos sectores propician que ataquen y defiendan al Fiscal de la Nación Pedro Chavarry, alto funcionario que desde su nombramiento permanece bajo fuego de quienes temen los juicios, las culpas y las prisiones que podrían afectarlos por Lava Jato.
Estamos habituados a la división entre fujimoristas y antifujimoristas pero la polarización que hoy divide al país no es política ni ideológica, es por temores y por defensas. Nadie quiere ser el siguiente en las decisiones del canero juez Richard Concepción Carhuancho. La judicialización de la política hace que los magistrados se conviertan en estrellas políticas, las que pueden determinar escenarios a favor o en contra.
Por eso y con ese empoderamiento, el fiscal Domingo Perez aprovechó la salida de su audiencia no para insistir en su argumentación jurídica sino para atacar a su superior jerárquico, el Fiscal de la Nación. Algo inadmisible dentro de la lógica institucional pero indudablemente rentable en la ruta del aprovechamiento político de la tribuna que marcó la hoy vicepresidenta del Congreso Yeni Vilcatoma.
Pero lo peor por sus consecuencias ha sido la respuesta de Pedro Chávarry al imputar a Domingo Pérez una sociedad con el Ejecutivo para sacarlo de ese alto y decisivo cargo. Y en esa línea atribuirle lenidad o inacción en el caso Chinchero a su cargo, demasiado sensible desde que podría llegar a desestabilizar al mismo presidente Martin Vizcarra.
Si Chinchero está en la agenda de la Fiscalía el Ejecutivo podría sentirse en riesgo y por ello exigir la cabeza del Fiscal de la Nación como lo han hecho en repetidas oportunidades Vizcarra y Villanueva, lindando éste último con el chantaje político al subordinar el diálogo a la salida de Chávarry.
Hasta ahora la popularidad del presidente se ha sustentado en su habilidad para manejar la coyuntura que le ha deparado sucesivas victorias políticas hasta colocarnos al borde de un referéndum para concretar importantes reformas políticas que el fujimorismo no tenía voluntad de asumir.
Pero un emplazamiento judicial de tipo penal sería demasiado serio para Martín Vizcarra, la desestabilización política acecha y como presidente podría ceder a la tentación de descansar en el soporte castrense. De ahí los rumores de golpe incentivados por los cambios a destiempo en los mandos militares institucionales.
Si el presidente Martín Vizcarra se fujimoriza, tomando como ejemplo el nefasto cinco de abril de 1992, estaríamos ante un riesgo que nuestra democracia no se puede permitir. Para defenderla necesitamos de la unidad y del diálogo de todas las fuerzas para respaldar el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones. Y por supuesto de la movilización por conciencia democrática. Por ahí empieza el estado de derecho y por supuesto la justicia que debería estar lo más alejada posible de la venganza y por supuesto de los histrionismos interesados en obtener réditos y figuretismo político.