DEL ABUSO
AL ERROR JUDICIAL
En Político.pe el 08 de octubre 2018
Richard Concepción
Carhuancho acaba de decretar prisión preventiva contra don Jesús Munive Taquía,
honorable profesor de la Universidad Federico Villarreal. Lo han presentado como
si fuera integrante de una banda gansteril que aceptó y dispuso de las coimas
que distribuyó Odebrecht a diestra y siniestra. Nada más falso y absolutamente
imposible para todos quienes lo
conocemos.
Integró el Comité de
selección junto a dos personas más para otorgar la buena pro para la
construcción del viaducto del Tren Eléctrico Línea 1, Tramos 1 y 2. Y para
seleccionar la empresa supervisora con el apoyo técnico de la Autoridad Autonoma
del Tren Electrico y de Provías. Ese Comité de Licitación no realizó ningún
estudio sustentatorio ni de determinación de costos tampoco del valor
referencial de la obra. Si el valor final resultó mayor que el determinado por
la licitación, solo pudo generarse en la etapa de ejecución de la cual toca responder a la empresa
Supervisora y a la AATE.
Afirman en la acusación que el Comité que
integró Munive Taquía favoreció a Odebrecht, “regalándole la buena pro en la
licitación” pero eso resulta imposible porque en esa etapa la empresa sí cumplió
técnicamente con los requerimientos y su oferta fue del 90% del valor
referencial. Hubo coimas que fueron pagadas a las personas ahora en prisión por
habérseles constatado recepción y movimientos bancarios en el exterior. Pero no
es el caso de Jesús Munive Taquía a quien ampara el precedente de que el Fiscal
Hamilton declaró inadmisible la denuncia interpuesta contra pel por la
Procuradora Katherine Ampuero. La encontraron carente de sustentos de hecho y
de derecho.
Pero ahora el Fiscal Pérez Gómez inició un
procedimiento súper acelerado para solicitar al Juez la prisión preventiva por
36 meses contra Munive Taquía. Con una Resolución Fiscal dictada el 2 octubre
del 2018, el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Concepción
Carhuancho, citó a Audiencia de prisión preventiva para el día 5 de octubre del
2018, a las 9:00 am.
Es decir tres días después de la
notificación sin dar tiempo a que su abogado pudiera conocer el
expediente acusatorio para organizar su defensa. Se violó así la garantía
constitucional que lo ampara.
Hasta ahora el profesor
Munive había estado como testigo porque no se le ha probado nada, menos aún que
hubiera recibido dinero. No tiene nada que ocultar. Se presentó ante el
Congreso y declaró su disposición a colaborar con la investigación, invito a los
congresistas a que abrieran su secreto bancario e informó sobre su condición
económica totalmente alejada de rasgos exteriores de riqueza. Vive en su única
casa de San Borja construida antes del año 90, tiene un solo auto usado, no ha
viajado al extranjero en estos últimos diez años ni tiene cuentas en el
exterior. Vive con las modestas remuneraciones que le paga la Universidad y cuenta
con pequeños ahorros que se pueden comprobar.
Y con este contexto el Fiscal Pérez lo
acusa de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal). Comete colusión el
funcionario público que mediante contratación pública, como la licitación,
CONCIERTA con los interesados para DEFRAUDAR al Estado. Nunca conoció a Barata y
por tanto no pudo haber acuerdo de partes. Si los funcionarios que recibieron
los depósitos de dinero, hoy en prisión, involucraron a Munive tendrían que
haberlo probado lo que no ha sucedido.
Esta vez el Juez Concepción Carhuancho no
tiene indicios ni pruebas de que Jesús Munive Taquía haya recibido el dinero o que
pretenda fugar del país pues dicta cumplidamente sus clases en la Escuela de
Ciencia Política de la UNFV desde hace
más de dos décadas. Tampoco puede obstruir a la justicia y a todas luces tiene
arraigo en su país. Por tanto su decisión ha sido precipitada y arbitraria al
condenar a un hombre de honor que además de poder demostrar su inocencia puede aportar
mayor información y orientación técnica a las autoridades para corregir toda
ruta equivocada.
Estamos ante un juicio de inspiración mediática en el
que justos pagan por pecadores. Si solo se trata de dar a la prensa “la cabeza”
de todos los funcionarios que trabajaron en la obra del viaducto del tren
eléctrico se pueden cometer errores irreparables. De acuerdo al nuevo código
procesal penal no se puede dar curso a toda denuncia, ni se puede ordenar
prisión preventiva para todos a quienes se presume culpables. La presunción de
inocencia exige investigación para detectar los elementos de convicción que
determinen que el encausado está tratando de eludir a la justicia. No es el
caso del profesor Munive por lo cual esta gravísima decisión afecta a un
impecable y admirado funcionario público y a un docente que cercano a una
venerable jubilación merece nuestra total solidaridad ante este atropello
judicial y político.
