POR LA REFORMA
UNIVERSITARIA
En Politico. pe el 10 12 2016
La modificación a la Ley Universitaria 30220, aprobada en julio del 2014, deberá
esperar la nueva legislatura. La Comisión de Educación no se puso de acuerdo en
una mejor directiva para la SUNEDU que debería garantizar el respeto a la
autonomía universitaria.
La reforma universitaria no es
tema exclusivo ni excluyente, interesa a todos los peruanos y en su debate
deben participar todos, no solo Jaime Saavedra y el general Mora. La educación es
la forma de la inclusión social. Una verdadera reforma debe garantizar el
acceso general y una gran eficacia en evitar que sea el negocio que es. Debe implicar
la gratuidad de la educación pública confrontada a los exorbitantes precios de
la privada. Y por supuesto la fiscalización de las grandes universidades que capitalizan
inmensas ganancias exoneradas de impuestos.
Nadie puede estar contra la
calidad de la educación pero ésta ni se decreta ni se impone, es un proceso que
comienza con la financiación, con mayores recursos para las universidades
públicas que permiten igualar oportunidades cumpliendo una misión cada vez más
difícil por el abandono perpetrado por los últimos gobiernos.
El debate se concentra en la
autonomía de la Universidad y también en la de la entidad supervisora. Se trata
de consensuar una mejor estructura directiva para la SUNEDU para que actúe con
independencia del gobierno de turno. Algo que hoy no se da. Porque la reforma no
puede consistir en orientar y controlar la actividad académica, debe asegurar
su calidad y accesibilidad, con absoluta independencia del poder político y del
económico.
En estos dos años no hemos visto esa
reforma deseable. Sí caos y anarquía en las universidades públicas y poca o
ninguna fiscalización para el retiro de licencias a universidades chichas o
multas a rectores privados con sueldos altísimos e inadmisibles.
La reforma deberá acabar con el
mercantilismo de la educación universitaria y con la estafa de entregar títulos
profesionales a nombre de la nación, sin impartir verdadera educación superior.
Pero también con los falsos discursos que son una estafa política cuando se pretende
como reforma lo que lejos de serlo permite remuneraciones irrisorias para doctores
y magister que enseñan en las aulas públicas.
Y menos significa la complicidad con cualquier lobby de empresarios mercantilistas
para anular la Ley Universitaria. La SUNEDU deberá poder fiscalizar los
beneficios tributarios que favorecieron a más de 90 universidades privadas
desde el gobierno de Alberto Fujimori. Estamos ante un debate público que no
puede esconder ninguna guerra contra la verdadera reforma universitaria que el
país desea.
