TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TIENE LA DECISION

 

Publicado en Político.pe el 5 de octubre 2015

 

Nuestro sistema judicial se ha desprestigiado aún más con  la decisión de amparar un Habeas Corpus que impide la investigación por lavado de activos a Nadine Heredia y a 13 personas más, incluyendo dos personas jurídicas, empresas a las que no es posible aplicar dicha garantía porque no pueden perder su libertad individual por prisión indebida.  

La democracia se basa en la separación y equilibrio de  poderes. El Poder Judicial no puede exhibirse subordinado a los poderes políticos y económicos como sucede en las dictaduras o ser sujeto de manipulación como sucedió con el montesinismo. Pero la garantía de la independencia judicial está en cuestión desde que el fallo alude a Nadine Heredia considerada la persona más poderosa del país. Ahora denunciada por usurpación de poder nada menos que por Omar Chehade, el elegido primer vicepresidente de la República quien a pesar de su renuncia al cargo, comparte con el presidente y con Marisol Espinoza, la segunda vicepresidenta, una legitimidad de origen que no puede ser ignorada. 

El fiscal Ricardo Rojas, ahora trasladado a una fiscalía de Lurín, y el Procurador del Ministerio Público, con la autonomía que les faltó a los jueces de la Sexta Sala de la Corte Superior al momento  de amparar el dichoso Habeas Corpus, han recurrido al Tribunal Constitucional para que deje sin efecto esa garantía irregularmente otorgada y permita la investigación que corresponde por lavado de activos. El pedido es procedente jurídicamente y mucho más ahora que aparecen nuevas pruebas e indicios a ser ineludiblemente tomados en cuenta como las famosas agendas de la primera dama. El TC ha fijado audiencia para escuchar los alegatos de las partes para el 14 de este mes. 

Se espera su decisión dentro de dos meses. Ojalá fuera antes, cualquiera fuere su fallo perturbará el escenario político. No olvidar que ingresamos a la campaña electoral y que la decisión que tomen determinará el amparo o desamparo de la Fiscalía cuya independencia frente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo es esencial. Los ojos del país están puestos en los magistrados del alto tribunal, más allá de quienes los propusieron y los llevaron a  sus cargos, que deben demostrar que responden a los principios que hacen posible la ética y la solidez institucional y no a intereses subalternos.