¿ES NECESARIO 

EL REFERENDUM?

En Correo el 25 de agosto 2018

El presidente Vizcarra cambió la coyuntura política cuando planteó el referéndum para superar la crisis política y de corrupción que afecta a los tres poderes del Estado. Y acertó cuando dio participación y voz a la población que estaba de espectadora angustiada. Ella espera que el Congreso de la República cumpla con dar el pase a la consulta y que procese los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, aunque sean deficitarios como han señalado los constitucionalistas. El Congreso deberá discutirlos y mejorarlos si tienen voluntad política para llegar a las urnas.

Pero según el discurso confrontacional de Keiko Fujimori no quieren dar voz del pueblo que hace tiempo les da la espalda con la caída de aprobación en las encuestas. Error político porque la gente quiere el referéndum aunque sea tachado de medida populista, lo espera para decidir.

¿Es necesaria la consulta para la reforma política y de la justicia? ¿Es indispensable para luchar contra la corrupción? No hay respuestas contundentes pero es importante canalizar la protesta y la indignación por la vía democrática. No significará soluciones inmediatas, que no las hay, pero arrojará puntos de partida y definiciones esenciales respecto de las instituciones bajo fuego como son el Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura.  Si el Congreso dilata el referéndum o lo distorsiona haciendo ver que no es prioritario frente a otros problemas tan graves como la salud o la recuperación del norte la población notará claramente la maniobra y será suicida para un Legislativo ya severamente criticado. Hay mucha gente en las calles, en especial jóvenes con la conciencia limpia, que quieren participar de un cambio para combatir a quienes se creen los dueños del Perú desde sus escaños profundamente devaluados. No lo son y será peor si pretenden no saber distinguir entre lo urgente y lo importante.

LA IMPUNIDAD JUDICIAL

En Político.pe el 25 de agosto 2018

Los audios de la vergüenza nos tienen enfermos. La justicia imposible, la que se vende y solo funciona para la gente con dinero para comprarla se une a la representación política que también depende del dinero para las campañas que la hacen posible. En nuestro país todo se ha mercantilizado y quienes se llenan la boca hablando de democracia representativa y de justicia para todos saben que están hablando de falsedades.

Felizmente la sociedad peruana tiene un lado sano que ha permitido constatar esa corrupción que sabíamos que existía soterrada pero actuante. Gracias a esta avalancha de mugre tenemos por delante una misión de higiene esencial. Gracias al fiscal y al juez que autorizaron las interferencias telefónicas podemos intentar salvar instituciones como el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el saneamiento se dará a contracorriente de la gente que vive y se alimenta de esa corrupción interna, del núcleo supérstite que en cada proceso presiona por los pagos para conceder lo que corresponde por derecho y se les niega.

La justicia está lejos de ser imparcial, rápida y de bajo costo o gratuita. Nada ni nadie garantiza que sea así. En muchos casos las sentencias son dictadas contra ley, prescindiendo de los hechos e incluso de los precedentes judiciales comprobados. Nadie supervisa nada porque cada juez es rey en su reino. Los magistrados hacen tabla rasa de la igualdad. Y la celeridad es un cuento chino. Largos años de calvario para morir en la playa sino aceptas pagar bajo la mesa. Y los magistrados no pierden su presunta dignidad en las audiencias donde se comportan como dioses del Olimpo. La gran tarea es descartar la impunidad judicial bajo el manto de esa majestad respetable. Solo la vigilancia y la supervisión ciudadana institucionalizada podría dar un soplo de viento fresco en este panorama desolador.

El Código Penal castiga el prevaricato: “El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de cinco años.” (art. 418º).

Pero esta norma tan precisa nunca se aplica. Su procedimiento la convierte en burla. Primero requiere la investigación del juez por las oficinas de control interno donde deciden los colegas jueces amigos de los quejados, solidarios con ellos o cercanos políticamente que ponen de manifiesto el espíritu corporativo. Pasado este difícil y casi imposible filtro el que sigue es aún más complicado pues la denuncia de prevaricato debe ser autorizada por el mismo Fiscal de la Nación, según el Código Procesal Penal (art. 454º). El juez que expide sentencias contra la ley no incurre en delitos, son simples faltas a la Ley de la Carrera Judicial. Los procesos por prevaricato solo son autorizados contra algunos jueces de provincias periféricas, sin influencias ni dinero suficiente, nunca contra los peces gordos que estamos conociendo solo por los audios de la verguenza.

Nada de esto puede verse desde las oficinas o desde los altos despachos. Es en los pasillos donde se descargan las angustias y los dineros. Únicamente dar la palabra a las víctimas podría develar la injusticia y la corrupción. Como sucedió con Wikileaks que desde la denuncia, garantizada con el anonimato, pudo cuestionar los llamados efectos colaterales, miles de muertos inocentes, de las acciones armadas de la primera potencia mundial. Nada menos.