FISCALÍA BAJO SOSPECHA
En un
Estado de Derecho la defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana son
el fin supremo de la sociedad. Estos principios valen en todo el mundo desde la
Revolución Francesa cuando se aprobó la primera declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.
Pero
esta suprema motivación no es respetada entre nosotros. Por el contrario se
incentiva su atropello con el uso excesivo y arbitrario de la prisión
preventiva a pesar que el Tribunal Constitucional ha dicho que es la excepción
y jamás la regla. Más aún cuando se aplica sin acusación fiscal, contra la
Constitución que afirma la presunción de inocencia y señala que nadie va a
prisión sin pruebas actuadas en un proceso o juicio debido.
Pero si
alguien se atreve a recordar o exigir estos principios de justicia
inmediatamente es satanizado, acusado de complaciente o de cómplice con la
corrupción. No hay medias tintas ni debate posible. La prisión preventiva seguirá siendo aplicada como sentencia adelantada aunque sea de naturaleza
cautelar y jamás punitiva. Y continuarán actuando sin respeto al derecho a la vida ni a la dignidad como ha sucedido
con los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.
La clínica Anglo Americana reportó el peligro de muerte súbita de PPK por su
mal cardiaco. Es un imputado ya muy mayor que no puede salir del país, alguien a
quien quisieron asegurar con grilletes en su lecho de cuidados intensivos para
que pudiera purgar una prisión preventiva sin acusación fiscal. Y en cuanto a
Alan García la precipitada decisión judicial de someterlo a una prisión
preliminar lo obligó a elegir entre su vida y su dignidad. Un inhumano y
doloroso dilema que lo impulsó a la trágica decisión que el país lamenta.
Y para
los radicales esto no es suficiente, ambos ex presidentes deben seguir
enfrentando sendos procesos mediáticos, más allá de la muerte y de la realidad
de los cargos. Nadie quiere recordar que un imputado es en principio una
persona inocente al que deben el tratamiento que corresponde a esa condición.
Los
diarios se han llenado de titulares sobre Jorge Barata y sus declaraciones. Primeras
planas con sus versiones traducidas por terceros. Todos pendientes de sus respuestas
en Curitiba, emitidas sólo cinco días después del suicidio de AGP, en
diligencias protagonizadas por el equipo fiscal conducido por Rafael Vela teniendo
en el rol estelar a Domingo Pérez. Este fiscal que se habría permitido algunas
preguntas al ex directivo de Odebrecht, reportadas
por el abogado aprista Aurelio Pastor y calificadas por el abogado Erasmo Reyna
como sugestivas o capciosas.
preguntas al ex directivo de Odebrecht, reportadas
por el abogado aprista Aurelio Pastor y calificadas por el abogado Erasmo Reyna
como sugestivas o capciosas.
Las preguntas sugestivas son aquéllas que, según el tratadista Guillermo Cabanellas,
contienen la respuesta en sí mismas, en forma directa o de modo encubierto. El
gran jurista Eduardo Couture considera que en su propia formulación llevan
insinuada la respuesta al sugerirla al declarante. De esta calidad habrían sido
las preguntas que dirigió Pérez a Barata sugiriendo que el ex secretario Luis
Nava era el Maiman de AGP o si el sobrenombre Chalán fue puesto a Nava con el
sentido de aludir a la persona que cuida al caballo, para recordar que algunos pretendieron
humillar al líder aprista llamándolo Caballo Loco.
Todo esto hablaría de falta de hidalguía, de
procedimientos antagónicos de una verdadera justicia. Porque luchar contra la
corrupción no significa motivar titulares con afrentas y deshonor. Ni inducir respuestas
que permitan continuar con el asesinato moral infligido al ex presidente
aprista.
Esperemos conocer la verdad de estos interrogatorios.
La situación denunciada sería inaceptable. La
democracia tiene una superioridad moral que acoge e inspira sus combates. A
ella debemos remitirnos.
