TV PERU Y LA
TELEVISIÓN PÚBLICA
El
Instituto de Radio y Televisión del Perú, que gestiona TV Perú y Radio
Nacional, está siendo objeto de cuestionamientos y desconfianza por su reequipamiento
para un canal noticioso en cable. Se especula que se estaría preparando la
infraestructura para la campaña de la llamada reelección conyugal. Se habla
incluso del canal de Nadine. Sin embargo el proyecto viene de lejos, anteriores
gobiernos dispusieron que el Canal 7, que siempre ha sido la niña pobre en
equipamiento entre los medios de comunicación en el Perú, lograra un mejor
acondicionamiento técnico desde que es el único que llega a los rincones más
alejados del país adonde los privados no tienen interés comercial o social en
llegar.
El
problema no es la modernización del canal estatal, que beneficiaría a todos los
peruanos en especial a los más alejados, sino el uso propagandístico que se
pretenda. Los medios de comunicación estatales en el mundo o son
gubernamentales o son públicos. Los primeros son manejados administrativamente
por el gobierno de turno, con poca credibilidad y escaso rating en la medida
que tienden a convertirse en propagandísticos voceros políticos de los
gobiernos. Los medios públicos, por el contrario, son considerados el modelo de
medios de comunicación del siglo XXI porque siendo de propiedad estatal son
administrados por representantes de la sociedad organizada, sean éstos de
partidos políticos, colegios profesionales o universidades, de manera que puedan
construir una imagen de imparcialidad que rima con credibilidad y legitimidad.
En este sentido el medio público por excelencia en el mundo es y seguirá siendo
la BBC de Londres al que siguen otros medios europeos como la RTVE de España o
Radio France Internacional. Todos dan lecciones de profesionalismo y calidad y
siguen siendo faros luminosos de información, debate y conocimientos.
MEDIOS PÚBLICOS, MODELO PARA EL SIGLO XXI
En
nuestro país la mayoría de medios son de propiedad privada con fines de lucro y
una minoría de propiedad estatal con carácter gubernamental. No existen medios
privados sin fines de lucro como podrían ser los comunitarios pero tampoco
existen los de carácter público que representan el interés general de la
sociedad. No existe tampoco un debate sobre un sistema de medios de
comunicación pública que se revela de alto interés pues permitiría la difusión
de contenidos sin afanes mercantiles o políticos, orientados a la reafirmación
de la identidad y de la soberanía, a la cohesión social, a la dinámica
económica, a la apertura informativa, a la transparencia política. Podría
responder al interés social diferenciándolo del gubernamental y de los
intereses políticos y económicos que suelen estar detrás de los medios de
comunicación privados.
Y es
que los medios no subordinados al mercado o al gobierno son necesarios por
ausencia del interés comercial, porque no actúan en función de la venta de
espacios publicitarios o del rating y menos con compromisos de patrocinadores.
Sus productos no buscan compradores, informan ciudadanos, buscan interlocutores
y receptores que completen un circuito de comunicación, no un circuito
comercial. Su misión es hacer realidad el derecho a la información para el
ejercicio de la ciudadanía y llegar a todo el territorio, especialmente aquel
adonde el servicio informativo no es rentable y la publicidad es inexistente
porque la población no tiene capacidad económica para consumir.
Es
cierto que en países de Europa las nociones de Estado y de servicio público
están fuertemente arraigadas en la población, se diferencia el Estado del Gobierno
de turno y por ello han surgido emisoras o grupos de comunicación con prestigio
y calidad internacional indiscutibles que buscan que la población crezca en
cultura, educación e independencia de criterios, con producción plural de radio
y televisión, con contenidos variados que no excluyan lo político, lo cultural,
lo informativo, lo educativo ni el entretenimiento, con programas dirigidos a
la multiplicidad de grupos sociales y étnicos, con una constante
experimentación en las posibilidades expresivas, con la creación de nuevos
géneros,etc. La clave está en que los medios públicos deben ser manejados con
probada autonomía y con una regulación jurídica precisa para su administración,
organización, financiamiento y orientación de servicio.
La
figura de los medios públicos, según el modelo europeo, incluye la
consideración de servicio social, la responsabilidad del Estado de garantizar
el derecho a la información, la libertad de expresión, la convivencia en una
sociedad laica y la consolidación democrática. La sociedad los necesita para
acceder a ideas y visiones distintas a las que difunden las frecuencias
comerciales, con imparcialidad sin discriminación ni racismo, abordando
múltiples temáticas, con espacios para el disenso y la crítica fundamentada. En
resumen un espacio donde se ubiquen las múltiples expresiones de lo cultural y
lo social.
Los
medios de Estado con carácter público no pueden ser instancias burocráticas,
deben abordar los temas que atañen a la vida social, al arte y la cultura
y promover toda expresión social. Su
existencia no es una graciosa concesión gubernamental, ni fruto de la
permisividad generosa de los propietarios privados, es una condición de la
democracia.
Y como
ha quedado demostrado medios públicos y privados no tienen por qué ser
antagónicos, conviven en el espacio mediático y se complementan, con objetivos
diferenciados no excluyentes. Con imparcialidad el medio público debe mostrar
la diversidad de enfoques sin tomar partido distinto al interés nacional. Esa
imparcialidad se debe a la autonomía de la gestión de acuerdo al esquema
elegido para garantizar el manejo plural, que no acepte presiones ni del
gobierno ni de los grupos económicos.
La televisión pública más importante del mundo sigue siendo la BBC Inglesa , dirigida
por un Consejo Ejecutivo, nombrado por doce personas en representación de la
empresa. Formalmente, la junta es nombrada por la reina, pero en la práctica,
lo hace el Primer Ministro. Son elegidos directores independientes, sin
vínculos con organizaciones involucradas con el sector comercial de TV. El
modelo de financiación garantiza su plena autonomía pues cada ciudadano paga
una tasa anual de contribución al mantenimiento.
EL
DEBATE
La
globalización y su desarrollo de las tecnologías de la comunicación crea nuevas
formas de desigualdad y exclusión social, política y económica en el contexto
de fuerte liberalización que reduce el rol de los estados nacionales y cuestiona su capacidad de
gestión. También ha traído la tendencia a los grupos multimedia que reducen la
pluralidad de la oferta comunicacional al tratarse de complejos concentrados con dinamismo económico asociado
a lo político.
Es cierto que algunos medios públicos especialmente la
televisión, no han sido ajenos a escandalosas manipulaciones informativas como
las de la guerra en Irak y que un problema congénito es su apropiación indebida
por los gobiernos, estatales o locales, lo que se traduce en falta de
objetividad, de imparcialidad y de respeto al pluralismo para no hablar de la
banalidad de gran parte de la programación o de la información convertida en
propaganda.
Pero en el camino de las soluciones los medios
públicos tienen importante espacio ganado. Y para evitar los excesos cada país
debe contar con legislación propia sobre los medios estatales con una
definición clara de su misión y sus funciones, que garantice financiamiento
estable y asegure independencia a través de una autoridad audiovisual
competente y neutral.
Y si en el Perú ingresamos a la etapa de las reuniones
plurales de líderes políticos, un consenso básico debería permitir garantizar
medios independientes, competitivos, de calidad e imparciales, para concretar
el derecho a la información del ciudadano, habida cuenta que el mercado no
garantiza el servicio público que se supone prestan. Ello implica que los
gobiernos se abstengan de todo control político, directo o indirecto, sobre su
funcionamiento.
La financiación es el punto débil de los medios
estatales que los hace proclives a subordinación y manipulación gubernamental.
Por ello en otros países se garantiza la independencia económica a través de
una autoridad audiovisual con representantes del Estado y de la sociedad,
dotada de autonomía política y financiera y capacidad sancionadora, con
integrantes de probada capacidad y competencia, nombrados por periodos
distintos a los de los gobiernos y sometidos a un severo régimen de
incompatibilidades en relación a los cargos políticos como a los intereses del
sector audiovisual. Algunos son elegidos por consenso, no por cuota política,
en el Parlamento. En España el Presidente de la RTVE es elegido en el Congreso
con votación consensuada como aquí lo hacemos con el Defensor del Pueblo o los
miembros del Tribunal Constitucional. Ese es su nivel y no otro.
Adicionalmente cada medio público debe tener su propio
Código de Ética o sus Estatutos de Redacción que amparen la cláusula de
conciencia, el derecho de sus profesionales a negarse a elaborar o suscribir
información contraria a sus principios éticos.
La autoridad de los medios audiovisuales no puede ser
sancionadora y menos represora, debe ser garante de los derechos del público a
fin de que se separe la opinión de la información, que se entregue la
información completa, imparcial y oportuna, que se respete el pluralismo y se
garantice el honor, intimidad y propia imagen, que se preserven los menores y la
familia.
Esta es la lógica democrática de la que no deberíamos
estar lejos. Hoy medios públicos significan no censurar o controlar contenidos
sino todo lo contrario, asegurar los derechos fundamentales de la persona,
entre ellos de comunicar y recibir información. Evitar que los productos
mediáticos respondan sólo a la lógica del marketing o del rating o al interés
político del gobierno.
Europa cuenta con más autoridades audiovisuales en el
mundo, lo que no es casualidad. Responde a la necesidad de separar los órganos
reguladores de la comunicación de los operadores regulados, de procurar la
objetividad en beneficio del receptor. Ello exige que ningún Gobierno disponga
en exclusiva del poder regulador sobre el sector.
EN AMERICA LATINA
El interés por los
medios públicos se renueva y participan el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con
proyectos de medios públicos en la
región, fortalecimiento o reforma en Paraguay,
El Salvador, República Dominicana, Brasil,
Argentina o Uruguay. Se buscan las mejores prácticas en los medios, al rescate del mejor periodismo
que hará mejores sociedades.
Así en junio de 2011 en Montevideo especialistas en comunicación
nos reunimos para preguntarnos ¿Qué sistema
de medios y qué modelos de comunicación requieren los países de América Latina?
¿De qué modo pueden los medios y las
políticas públicas contribuir a la consolidación y el
perfeccionamiento de las democracias en la región? ¿Cómo aprovechar la experiencia de otras regiones en sistemas mixtos
de comunicación? ¿Cómo utilizar la televisión digital y las herramientas de Internet y las redes sociales para la
generación y puesta a disposición de contenidos ampliamente representativos de todos los sectores de la sociedad?
Tres meses después en
Asunción, en octubre 2011 se animó la discusión con “Medios
Públicos y Sociedad: la experiencia global y el camino latinoamericano” para analizar el profesionalismo y la independencia de gestión de los
medios públicos, la diversidad de voces en
el espacio mediático, la libertad de prensa y el pluralismo o la
rendición de cuentas de las Administraciones públicas.
Las discrepancias existen pero si
hay consenso en los objetivos, habría que
buscar los mejores procedimientos. Los
aportes y experiencias están ahí para deslindar sobre ventajas e inconvenientes de unos y otros modelos, desafíos a responder por gobiernos
que deseen un sistema de medios
equilibrado, socialmente útil y beneficioso para su ciudadanía. En el
Perú podemos hacer de la desconfianza confianza y colocar el tema en el debate.
Nuestra democracia merece un medio público de calidad. Con base en nuestra
experiencia hemos entregado una iniciativa para una empresa multimedia del
Estado, de gestión publica, que podría lograrse por fusión del IRTP y Editora
Perú con el fin de unir prensa escrita, radio, televisión e internet y generar
sinergias que hagan realidad el derecho a la información para todos. Esperemos.
