“NO SABEN CON QUIÉN SE METEN”

En Correo el 12 de noviembre 2017

“No saben con quién se meten”. Esta frase intercambiada en el grupo de mensajería interna de los parlamentarios fujimoristas da la medida de la furia que permanece y que se hace más fuerte cuando se sienten desafiados. El llamado Grupo Mototaxi expresa un malestar que puede enrarecer el ambiente político atacando irracional y antidemocráticamente a las instituciones y a las personas cuya conducta no se ajusta a sus expectativas.

Y es lo que estamos viendo. El fujimorismo y su bancada se enfrenta en simultaneo a varias instituciones del Estado y a personas de peso político como represalia ante lo que consideran ataques organizados. Hace tiempo tienen al Ministro del Interior en la mira, hace algunos días han puesto la puntería a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y ahora se agrega a la lista al Fiscal de la Nación y hasta al presidente Kuczynski amenazado de acusación constitucional si no se ajusta a sus requerimientos.

No están solos pero como bancada dominante deben poner límites a la  intolerancia a la discrepancia y a la intemperancia ante el conflicto. Su agresividad contamina a todo este poder del Estado y hace recordar a los autoritarios noventa con sus desencuentros sistemáticos y sus barrabasadas contra la institucionalidad democrática.

Queda claro que se creen intocables, que están molestos por la investigación a Keiko Fujimori a lo que suma la reapertura de la investigación a su ex secretario general Joaquín Ramírez. Y que tienden una cortina de distracción ante los avances de la Fiscalía sobre aportes a la campaña naranja. Que a pesar de las celebraciones de ayer en el Congreso no hay seguridad de que Marcelo Odebrecht los exculpe.

El conflicto y el consenso son dos caras de la democracia. Que gobierno y oposición lo entiendan así, sin frases altisonantes ni agravios insolentes, menos aún amenazas. La gobernabilidad es responsabilidad de todos. 

LAS INSTITUCIONES

 IMPORTAN

En Político.pe del 11 de noviembre 2017

Este fue el muy importante título de un informe del Banco Mundial publicado a fines del siglo XX. Fue y sigue siendo una frase con una instrucción clave para los pueblos que quieren alcanzar cierta madurez democrática que los aleje del fantasma de los Estados fallidos.

Bastante tenemos con la corrupción ubicua y multiforme para soportar ahora que en nombre de la lucha contra ese flagelo se ataque sistemáticamente a personas e instituciones claves para el funcionamiento del régimen democrático.

Sabemos que el fujimorismo no ha asimilado bien su derrota electoral y que a pesar del tiempo transcurrido hay una voluntad de exhibir su dominio, de ejercer represalias, de afirmar, como lo dijeron en sus mensajes internos del grupo Mototaxi, la autoridad naranja para que todos sepan quién manda de verdad en el Perú.

¿Furia resistente, inmadurez repentina o adolescencia tardía? No importa el sentimiento, lo que interesa es que cada cierto tiempo retornamos al entrampamiento entre Gobierno y oposición. A la insistencia en lo que parece ser su modus operandi para demostrar quién es quién en el poder. En este sentido los esfuerzos conciliadores de Mercedes Araoz solo significaron una corta tregua que dio nuevamente paso al autoritarismo fujimorista en todo su esplendor. El mismo que,  nadie dudaría, responde a un ADN histórico.

Dos aspectos cruciales colman el vaso. De un lado la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el Fiscal de la Nación considerada un despropósito por todos los especialistas, de otro lado la exigencia al Presidente de la República para que asista a la Comisión Lava Jato, no de grado o fuerza porque sería de locos, pero sí bajo amenaza de acusación constitucional posterior.

Se puede entender que están molestos y que quieren afirmar su imagen de imperio sin limitaciones en el Poder Legislativo. También que no les ha gustado nada que el Ministerio Público investigue por lavado de activos a Keiko Fujimori y menos que se haya reabierto la investigación contra su financista ex secretario general, Joaquín Ramírez.

Todo eso es entendible pero también lo es que quienes se sienten amenazados pueden defenderse y desvirtuar las acusaciones sin recurrir a las amenazas, represalias, escarmientos, de quienes se escudan en su mayoría congresal aplastante.  

Peso numérico contra razones y procedimientos. Ya habían anunciado que iban a “tomar todas las acciones legales” por el  “atropello” del Ministerio Público y que irían “hasta las últimas consecuencias”. Y al parecer estas son. No les importa votar el agua sucia con el bebe adentro.

Porque lesionar al Ministerio Público y a la Presidencia de la República es un costo demasiado alto para un Estado que se pretende democrático. Ni siquiera cabe entrar a discutir la argumentación que a todas luces es feble como sustento informativo y como procedimiento político y legal. La acusación constitucional es un recurso extremo y grave que no puede ser banalizado por la inmadurez o peor aún por la voluntad de poder o de represión autoritaria.

Daniel Salaverry se ha referido a la “preocupación política” que de seguro tienen como bancada pero más preocupados estamos los ciudadanos por la ausencia de límites que exhibe un grupo de congresistas que aprovechando su número intenta conculcar la autonomía de órganos jurisdiccionales y hasta la autoridad de la Presidencia de la República que personifica a la nación.

Todos, gobierno y oposición, están obligados a defender las instituciones, su independencia y autonomía, dentro del equilibrio de poderes en el contexto de sus competencias. Ese es el Estado de derecho que nos toca respetar.