DEFENDER LA DEMOCRACIA

En Opinión diario Exitosa del domingo 23 de Junio 2019

Representantes de las bancadas de FP, APRA, AP y APP en la Comisión de Constitución del Congreso acordaron un pronunciamiento en defensa del Parlamento, que llame al presidente Martín Vizcarra a la reflexión luego de la amenaza de que si no se aprueban sus proyectos de reforma política, respetando su esencia, interpretará como denegada la confianza al gabinete y podrá cerrar el Congreso, pero respetando “lo estipulado en la Constitución”.

Esta argumentación no tiene asidero ni legal ni político. No hay forma constitucional de cerrar el Congreso si el Ejecutivo insiste en que el mismo Presidente mismo la confianza parlamentaria a posteriori. El equilibrio de poderes se rompería en desmedro de la institucionalidad democrática convirtiendo ese gesto en golpismo puro y duro, sin atenuantes. Ningún constitucionalista serio e independiente aceptaría que el Presidente pueda disolver el Congreso en función de su personal y acomodaticia interpretación después de otorgada la confianza.

Bien ha dicho Luis Iberico, el Presidente se equivoca pues el Congreso no se ha negado a legislar la reforma política lo está haciendo en uso de sus facultades legislativas y conforme al debate inherente a sus funciones. Y a pesar de que el presidente en lugar de fomentar el diálogo y la reconciliación con el Parlamento alienta la confrontación a diferencia del premier Salvador del Solar.

Es cierto que el Congreso no es el mejor que podríamos tener pero es el que tenemos y aunque está bajo fuego mediático para alentar a las calles a que exijan su cierre, la realidad política debe ir por otro camino. Es entendible que los congresistas que pertenecen a un partido político rechacen que ciudadanos ajenos participen en las primarias internas. Que la gente de fuera intervenga sin conocer los problemas partidarios podría ser negativo. Estaríamos pasando de la exagerada cantidad de firmas para la inscripción al involucramiento exagerado de ciudadanos no militantes que podrían hacer implosión en una organización política.

Los juristas coinciden en que un cierre del Parlamento, luego de aceptado el pedido presidencial de confianza por el pleno, sería inconstitucional dado que el proceso de esa cuestión de confianza ya habría concluido y tendrían que presentar una nueva en torno a lo que el Ejecutivo considere indispensable.

Si no lo hace la disolución del Parlamento sería inconstitucional, un claro rompimiento del Estado de Derecho. Pero además como disolución sería causal de vacancia presidencial, según el artículo 134 de la Carta Magna.

Las pugnas entre el Ejecutivo y el Congreso escalan irresponsablemente. No solo Martín Vizcarra debe tener mesura también los congresistas deben poner de su parte para defender proactivamente su institución. Si bien no es aceptable que se limite o menoscabe el debate político inherente al Parlamento, toda relación tirante y revanchista, como la que tienen con el Ejecutivo les da mala imagen ante la ciudadanía que ve como soslayan las urgencias sociales. Entretenidos como están con la reforma política bajo presión no responden a sus electores que exigen mejoras ante la violencia urbana y la salud pública.

Y el telón de fondo es el crecimiento cero en economía. Complacidos con el ascenso del gobernante en las encuestas y en su apuesta por la reforma política el gobierno descuida las finanzas que presentan cifras de recesión no vistas desde hace muchos años, muy lejanas del 9% del segundo gobierno de Alan García. Solo estas cifras justificarían el cambio de un gabinete cuyo perfil bajo no va con las urgencias nacionales. Con la economía en esos niveles de parálisis los inversionistas se van y más aún si se agrega la inestabilidad política y jurídica Las señales de un país en plena incertidumbre las ha recibido bien una lideresa como Beatriz Merino que con claridad y sentido común formula recomendaciones para superar la situación de confrontaciones y pugnas inútiles poniendo por delante el respeto a las formas democráticas. 

POPULARIDAD NO ES IGUAL 

A BUEN GOBIERNO

En Correo el 22 de Junio 2019

El tema económico está en el centro de las preocupaciones y la recesión se convierte en un fantasma ante un gobierno que se mira el ombligo pensando solo en incrementar la popularidad del gobernante. Pero la subida en las encuestas no significa confianza y menos aún buen gobierno. Vizcarra no solo no sintoniza con las preocupaciones populares, no dispone lo necesario para salir de la parálisis económica y de las urgencias en seguridad, reconstrucción, fomento a la inversión, etc. Peor aún, nuevamente amenaza con el cierre del  Congreso en pro de una reforma política que puede ser importante pero en modo alguno significa solución inmediata para ninguna de las urgencias. El precio de dicho cierre sería incrementar la inestabilidad política y jurídica la que a su vez ahuyenta la inversión.

Si lo que busca Vizcarra es popularidad para su propio proyecto político lo más honesto sería que convoque a Elecciones Generales para que el nuevo Gobierno estabilice la política y pueda retornar al crecimiento sostenido. Lejanos están los tiempos del segundo gobierno de Alan García cuando crecimos hasta el 9% y recordarlo es bueno porque prueba que sí podemos superarnos cuando hay un timón hábil en el gobierno y en la economía.

No hay indicador mejor que el crecimiento para medir la capacidad del gobernante ni más saludable para inyectar confianza en el futuro próximo. Las encuestas son fotos del momento, estados de ánimo que se lleva el viento que hoy puede correr favorable pero cuando hay hambre y desempleo no hay fintas que valgan. Las señales de un país en plena incertidumbre las ha recibido bien una lideresa notable como Beatriz Merino que con claridad y sentido común formula recomendaciones para superar la situación de confrontaciones y pugnas inútiles poniendo por delante el respeto a las formas democráticas. 

EL MODELO DE ESTADO

En diario Exitosa el domingo 16 de junio 2019

Estamos en pleno proceso de reforma política con un debate hasta ahora consensuado pero existe incertidumbre sobre sus resultados desde que el Ejecutivo espera que sus proyectos de ley no sean “desnaturalizados”, vale decir apartados de las esencias descritas por el Primer Ministro ante el Congreso. Falta conciencia de que equilibrio de poderes implica que ningún poder puede decirle o exigirle a otro lo que tiene que hacer. NI plazos ni condiciones de un poder a otro entran en el esquema de nuestra Constitución.

La reforma en proceso no significa ningún cambio radical de la ley de leyes que sostiene un Estado democrático y social de Derecho a pesar de lo cual la izquierda levanta la bandera del cambio de constitución como si con ello pudiéramos dar solución a tantos problemas estructurales que nos afligen.

En la presentación del reciente libro del doctor Walter Robles Rosales con el título Reflexiones Y Propuestas Constitucionales comentamos la idea de estudiar el modelo de Estado que tenemos en nuestra región, asunto de gran interés para países que siempre están al límite de la inestabilidad política y jurídica, que como el nuestro deben enfrentar momentos críticos al borde de la ruptura constitucional.

Los diferentes modelos en el continente son de inspiración europea o norteamericana y tienden a defender libertades y derechos humanos en sus Constituciones pero como dice Robles Rosales asistimos a una permanente tensión entre la teoría constitucional y la práctica política la cual obliga a los expertos a revisar la Teoría del Estado y la filosofía jurídico-política pues las Constituciones confrontan realidades demasiado complejas. Y hablamos de Estado de Derecho y de democracia pero podemos ser demasiado permisivos con las violaciones de sus principios como la separación y equilibrio de poderes al auspiciar la concentración del poder. O aceptar que el principio de presunción de inocencia claramente definido como inviolable lo es sistemáticamente a través de abusivas prisiones preventivas y aún más se le pretende regular cuando su contundencia no admite interpretaciones.

Como señala Walter Robles los especialistas han realizado significativos y heroicos sacrificios por encontrar un Estado modélico que pudiera ser expresión del modo de vida, trabajo, producción, tradiciones, costumbres de nuestros pueblos. Pero en América Latina la realidad distorsiona el contrato social precisado en la Constitución por lo cual se genera inestabilidad o simplemente ausencia de un modelo consensuado que pueda hacer realidad libertades y derechos fundamentales.

Estamos entonces ante la necesidad de crear o imaginar un nuevo tipo de Estado, no solo copiar y aplicar modelos ajenos. Un enorme desafío al que Walter Robles responde con su propuesta de Estado Democrático de los Derechos Fundamentales. Su punto de partida es el estudio y análisis de los derechos humanos, lo más avanzado de la humanidad y no por gusto la ideología del siglo XXI que tiene como eje la defensa del derecho a la vida y la dignidad del ser humano.  

Así la dignidad se convierte en un valor absoluto, en la fuente ética de todos los derechos humanos, aquella que figura en todas las constituciones políticas de América Latina y en especial en la Constitución peruana de 1979 que la vigente repite.

Robles logra plantear el tema central de cómo crear el Estado que más se acerque a la sociedad ideal. Preocupa a todos contar con un tipo de Estado respetado, legitimado, eficiente y representativo, que sea la institución de las instituciones, la más poderosa. No una entidad oligárquica y menos aún una tomada como botín por la corrupción nacional e internacional como ha sucedido. Que no se ponga al servicio de unos pocos y pueda ayudar a resolver los problemas estructurales de educación, salud, servicios básicos, vivienda, extrema pobreza, aquel cuyos altos funcionarios no puedan incurrir en ese vedado mecanismo de las puertas giratorias para pasar a defender intereses privados o simplemente en lavado de activos. 

Un ideal en el que deberíamos pensar como nación.

MANTENER EL DIALOGO

En Correo el 15 de Junio 2019

La confianza ya fue dada y estamos en pleno debate de los proyectos de ley de reforma política que permitirán el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por la Corte Suprema, la prohibición de candidatear al Congreso de los condenados con sentencia de primera instancia, la participación ciudadana en la selección de los candidatos de los partidos, la eliminación del voto preferencial y la penalización del financiamiento ilegal de las campañas electorales.

Todos aspectos que parecen plausibles al ser mencionados genéricamente pero con un mayor acercamiento revelan bemoles y consecuencias no todas positivas. Si bien necesitamos las reformas política y judicial impulsadas por el Ejecutivo para la lucha anticorrupción lo que no necesitamos es el choque de poderes.

El precedente inmediato fue el debate y aprobación de los cuatro proyectos de ley de reforma constitucional que, bajo presión del Ejecutivo, fueron sometidos a referéndum en diciembre pasado, evento que lamentablemente nos dejó sin la necesaria bicameralidad.

Ahora estamos en otro escenario. La confianza parlamentaria concedida significa un contrato político que los congresistas deberán honrar, pero hay incertidumbre sobre los resultados debido al condicionamiento y a los plazos que se pretenden imponer. Entre poderes autónomos ninguno le dice al otro lo que debe hacer. Y menos si uno de ellos considera que la imposición perjudicará la institucionalidad política y partidaria c

on, por ejemplo, las elecciones internas abiertas o con la paridad y alternancia en las listas.

Si el Ejecutivo considera que los proyectos han sido ‘desnaturalizados’ y procede con excesos, o de modo arbitrario, también se estaría desnaturalizando el equilibrio de poderes principio inherente a la democracia que se pretende consolidar. Solo queda mantener el diálogo con respeto recíproco -como felizmente se está dando- y esperar que en el camino ambos poderes tomen conciencia de los aspectos y principios esenciales que no pueden ser sacrificados en aras de la popularidad.

LA ESPADA DE DAMOCLES

En diario Exitosa el domingo 9 de Junio 2019 

La democracia está indisolublemente ligada al Estado de Derecho, a la autonomía y separación de poderes, un dogma en que se fundan los regímenes presidenciales latinoamericanos. Un poder no puede ordenar a otro que haga algo de acuerdo a la voluntad del primero.

Es esto lo que estuvo en juego esta semana cuando después de un beligerante debate el Congreso dio su confianza al Gabinete Del Solar. Es cierto que hubo un cambio de tono del Primer Ministro respecto de su desafiante carta inicial al presidente del Congreso para pedir la aprobación de los seis proyectos de reforma política. Y es cierto también que los congresistas asumieron la gravedad de la situación y llegaron a un buen desenlace del conflicto que tuvo al país en vilo por un posible cierre del Parlamento. Quienes llevaron su indignación hasta pedir a gritos este cierre no pensaron en lo que podría venir para el país después de esta medida extrema.

Concluida la escaramuza queda por verse si el Ejecutivo al final de la Legislatura considera que las esencias que Del Solar detalló no fueron respetadas. Una verdadera espada de Damocles pende sobre el Congreso que haría trizas la autonomía de poderes en cuya virtud el Congreso tiene la prerrogativa y la obligación no solo de cambiar dichos proyectos sino de modificarlos y perfeccionarlos en aspectos cuestionables como los que pretenden mejorar los partidos políticos con participación ajena, obligatoria y vinculante. Estamos ante un verdadero absurdo que haría que los partidos ya debilitados desaparezcan legalmente. Si en las internas no vota el 1,5% de los electores dicho partido pierde la inscripción. Lo más probable es que los representados en el Congreso se opongan a esta propuesta y con ello reactiven la amenaza de disolución.

Pero no es tan fácil decidir unilateralmente disolver el Congreso sin que la comunidad internacional considere que es un golpe de Estado cuando en democracia es posible dialogar y lograr acuerdos y compromisos con decisiones que respondan a las demandas sociales que son muchas para dar forma a una necesaria agenda compartida.

El modelo de separación de poderes surgió como reacción ante el despotismo parlamentario o a los excesos del Presidente. Sin dejar de lado la influencia de los jueces sobre las decisiones legislativas, subordinando sus funciones a las del parlamento. Nadie quiere un parlamento como poder absoluto que coloque bajo su influencia a las otras ramas del poder ni un Ejecutivo omnímodo que domine al Legislativo y al Judicial.

Es el momento de que Martín Vizcarra gobierne y atienda las urgencias sociales, en especial la criminalidad urbana que descontrolada amenaza el derecho a la vida, y de que el Congreso legisle la reforma política rescatando su derecho a perfeccionarla sin amenazas ni riesgos de disolución. Momento también de evitar el monopolio del poder de una persona o de un grupo o partido. Que nadie esté tentado a reclamar para sí la totalidad de la representación o a usurpar o invadir las funciones de los otros.

De seguro no es el mejor Congreso el que tenemos pero cumple un papel de equilibrio dentro del Estado de Derecho. El choque permanente entre presidente y Congreso, las decisiones unilaterales o prepotentes liquidan la democracia, la confianza y la estabilidad. Es lo que debemos evitar.

A GOBERNAR Y LEGISLAR

En Correo el sábado 8 de Junio 2019

El Congreso dio su confianza al Gabinete Del Solar después de un cambio de tono en el discurso para pedir la aprobación de los seis proyectos de ley de reforma política. Buen desenlace de un conflicto que tuvo al país en vilo por un posible cierre del Parlamento. Quienes llevaron su indignación hasta pedir a gritos este cierre no pensaron en lo que podría venir para el país después de esta medida extrema.

Pero el riesgo no ha acabado. Hay una esencia de los proyectos propuestos, detallada en el moderado discurso del Primer Ministro, que ha exigido sea respetada y hay prerrogativas de los congresistas que les permiten cambiar dichos proyectos para mejorarlos o variarlos de acuerdo a su autonomía. Ahí está la madre del cordero y el asunto se verá al finalizar la Legislatura, según la evaluación del Ejecutivo que en desacuerdo podría considerar denegada la confianza.

Esperemos que no suceda. No se trata de ideologías ni del modelo neoliberal. Es el sistema político que reclama cambios urgentes en la medida que hasta ahora ha propiciado corrupción a gran escala. Las propuestas del Ejecutivo podrán mejorar la representatividad y corregir el mal financiamiento electoral pero no significan solución a los graves problemas del país por lo cual su priorización choca con las urgencias de la población entre ellas la criminalidad y la delincuencia urbana que galopa destructiva y sin control.

Bien la respuesta parlamentaria porque con el cierre del Congreso hubiéramos llegado a un punto de no retorno en inestabilidad jurídica y política en momentos que el país está semiparalizado. No hay movimiento comercial y la cadena de pagos subsiste aunque con problemas. Toca a los políticos dejar de confrontar. No es tiempo para la concentración del poder, es tiempo de gobernar y de legislar sin choques que demuestran negligencia y desatención de urgencias sociales evidentes.

TAMBORES DE GOLPE

En diario Exitosa el domingo 2 de Junio 2019

No estamos ante un simple enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Martín Vizcarra quien se pretende intachable combatiente contra la corrupción rechaza a sus críticos como si todos fueran corruptos. Y se enfrenta al Congreso como el núcleo de la incapacidad con parlamentarios que se protegen como cómplices gracias a la inmunidad y dan la espalda a los deseos del pueblo. En esta visión maniquea quienes lo apoyan son los buenos y los contrarios los corruptos, muy eficaz para distorsionar la gravedad de lo que está ocurriendo.

La rueda comienza a girar cuando Martín Vizcarra propone la reforma política y ésta avanza a paso lento en el Congreso. El Presidente sin invitación va al Parlamento a reclamar que legisle en la forma que quiere y a la velocidad que requiere. Una visita que no se da en ningún gobierno que se pretenda democrático y respete la separación de poderes. El Congreso rechaza destituir a un fiscal supremo que amenaza denunciar al Presidente. Vizcarra juega a presionar a los parlamentarios -con el apoyo de gobernadores regionales- y anuncia la cuestión de confianza sobre cinco proyectos de reforma política al tiempo que exhorta a destituir a Pedro Chávarry. El conflicto escala con resultados imprevisibles mientras el Presidente asume el mando de la reforma de la justicia poniendo un pie fuerte sobre el Poder Judicial.

Pero la cuestión de confianza ha sido criticada como anticonstitucional por importantes expertos y observada por el mismo presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume para quien “el mandatario no está habilitado constitucionalmente para imponer” al Congreso la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional.

Si esto es así la cuestión de confianza sería una coartada para el cierre del Congreso si o si. El Primer Ministro en su oficio al Presidente del Congreso pone plazos y exige contenidos que deberán ser aprobados sin que se desnaturalicen –dice- los cinco proyectos. Por lo menos es una descortesía política y por lo más una presión inadmisible. Si el Ejecutivo no se siente satisfecho con lo que aprueben dejará sentado que la confianza no ha sido otorgada, Del Solar y su gabinete renunciarán y Vizcarra se sentirá libre para disolver el Congreso incurriendo en un golpe de Estado.

Este libreto dramático podría concretarse desde que calificar los textos que el Congreso tenga a bien aprobar puede ser una espada de Damocles. Tan arbitrario como efectivo para facilitar la tentación autoritaria.

A todo esto se agrega que Martín Vizcarra asume la presidencia de la Comisión de Reforma de la Justicia para renovar el temor de que el Presidente quiere encimar al Ministerio Público, única instancia que acusa y puede llegar a la criminalización de los adversarios o enemigos políticos.  

Falta diálogo y sobra voluntad autoritaria. La incertidumbre se instala con su precariedad institucional y la democracia se debilita. Debemos luchar contra la corrupción pero también defender el Estado de Derecho. Todos sentimos justa indignación contra la corrupción desde que es un flagelo ubicuo y multiforme que ha hecho y sigue haciendo mucho daño. Pero la contraparte de su combate no puede ser la concentración del poder y mucho menos llegar a lo que sería un golpe de Estado que nos pondría al borde del desastre. Avisados estamos.

SITUACIONES EXTREMAS

En diario Correo el sábado 1 de Junio 2019

Entre temblor y temblor y atraco y asalto, Martín Vizcarra va al Congreso sin invitación a reclamar legislación inmediata. El Congreso rechaza destituir a Pedro Chávarry que amenaza denunciar al Presidente que presiona con el apoyo de los gobernadores regionales haciendo cuestión de confianza sobre cinco proyectos de reforma política y exhorta a destituir y sancionar al fiscal supremo. El conflicto de poderes escala con resultados poco previsibles mientras el Presidente asume el mando de la reforma judicial poniendo un pie fuerte en otro poder autónomo como es el judicial.

El país parece estar de cabeza y en vía de parálisis por el temor y la incertidumbre. Las urgencias no se atienden y los políticos se pelean. El presidente, cabeza del Ejecutivo, es un primo inter pares que no puede imponerse a los otros poderes del Estado. El equilibrio y separación de poderes es esencial para evitar la concentración de poder en una sola persona. Están a la baja en las encuestas el Presidente y aún más el Legislativo. Hay gente en las calles pidiendo su cierre lo que podría llevar a nuevas elecciones parlamentarias y desde otra perspectiva a la vacancia presidencial.

Lo que no se entiende es por qué Gonzalo Chávarry está nuevamente en el centro de debate y del destino del país. Mientras la gente se angustia por la criminalidad urbana desatada y la salud pública colapsada con hospitales públicos desabastecidos es inexplicable que el gran tema siga siendo Chávarry.

La cereza de la torta sería la manipulación de las estructuras del poder judicial desde la comisión de reforma de la justicia. Se renueva el temor de que el Presidente quiera encimar al Ministerio Público, el único que puede acusar a quienes incurren en delito. Y llegar a excesos como la criminalización de adversarios o de enemigos políticos. Y hay que decirlo porque no queremos ni corrupción ni autoritarismo.