¿QUE LAS AUDIENCIAS
DECIDAN?
En Político.pe el 22 de julio 2017
La lucha contra la corrupción es un
clamor y los detalles llaman a la indignación. Pero también puede concitar
ambiciones de protagonismo y sobreexposición mediática. El vendaval Lavajato ha
dejado víctimas en los países de la región en especial en Brasil, cuna de la
megacorrupción que remece gobiernos y sociedades. En nuestro país ya tenemos un
ex presidente y una ex primera dama en la cárcel y otro con orden de captura
que en algún momento irá también a prisión.
Las garantías del respeto al debido
proceso y la presunción de inocencia se refieren a una justicia que implica un
conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos asumidos por profesionales de
las leyes, con formación suficiente, difíciles de ser entendidos por legos en
principios y prácticas del derecho. Sin embargo de un tiempo a esta parte las
audiencias son los jueces y ante ellas se ventilan aspectos reservados o de
confianza para ganar primeras planas.
La sobreexposición mediática es una
tentación para quienes hacen de la tarea de la justicia un trampolín político
que puede llevarlas, como sucedió con la congresista Yeni Vilcatoma, a un cargo
de representación política. Convocar cámaras puede redituar fama a presuntos
paladines de la anticorrupción pero no beneficia al Estado que a todas luces resulta
afectado por una guerra entre las procuradoras y el Ministerio de Justicia.
Existe la reserva y la confidencialidad
para garantizar buenos resultados que se echan por la borda cuando se sale a
denunciar públicamente procedimientos en trámite. Cuenta también la confianza y
la buena fe con la que deben actuar los funcionarios del Estado, más todavía en
temas tan delicados.
La Ministra de Justicia Marisol Pérez
Tello ha ejecutado una decisión de estado respecto al trabajo que venían
cumpliendo las procuradoras. La responsabilidad del sector es de ella y es
quien asigna tareas y pone término a los encargos. La grita mediática no tiene
sentido porque ningún cargo es eterno y siempre está sujeto a evaluación.
Puede ser que la doctora Julia Príncipe y
las procuradoras ad hoc tengan razón en lo que dicen, pero no deben pretender ganar
con la denuncia pública que traslada a las audiencias el conocimiento y la
definición de los casos que han asumido. La confrontación con sus empleadores no
tiene ningún sentido. Su autonomía no puede ser absoluta, tiene límites y no significa
que se presuman islas de decisiones jurídicas o políticas frente al Ejecutivo
que las contrata.
Afirmar que sin ellas terminó la lucha
contra la corrupción o que Odebrecht definió que salieran de sus puestos o acusar
gratuitamente al Primer Ministro o al Presidente de la República, como reacción
a su despido laboral, es desestabilizar al gobierno y dar una mala instrucción
moral. Son funcionarias obligadas a la reserva y a la confidencialidad para
garantizar resultados. No hay que fomentar conciliábulos cómplices pero si respetar
procedimientos.
Ojalá su cambio sea positivo y lo será
si toman la posta funcionarios experimentados y responsables que continúen su
labor con probidad, eficiencia y reserva. Que a los problemas que ha generado Odebrecht
no se agreguen los enfrentamientos y desencuentros que buscan figuretismos y no
ayudan para nada al objetivo superior. Puede haber discrepancias legítimas pero
hay espacios donde procesarlas y obtener resultados que el país agradecerá. Estos
espacios no son las conferencias de prensa ni las cámaras.
Una guerra mediática es siempre sensacionalista,
pone arbitrariamente a las audiencias a decidir altos asuntos del Estado y propicia
difundir imputaciones sin pruebas. Más allá de los egos dolidos o de las
soberbias individualistas que impiden reconocer errores los procuradores son
solo abogados del Estado encargados de la recuperación de la indemnización patrimonial, que reportan al titular del sector. No personifican la lucha contra la corrupción.
