DEFENDER LA EDITORIAL 

DEL CONGRESO

En Correo el 11 de Enero 2020

El Congreso se mantiene activo desde su Comisión Permanente y su personal administrativo. El nuevo Congreso, pronto a ser elegido, encontrará decisiones tomadas por la mayoría fujimorista entre ellas reformas de su Organización y Funciones. Una de ellas pretende afectar al Fondo Editorial burocratizándolo y obstruyendo su notable labor desde hace 20 años. 

Quienes hemos constatado su calidad debemos levantar la voz para defender su independencia y amplitud. Y hacerlo por el Perú y todas sus voces reflejadas en sus publicaciones. Fundado con gran visión por Martha Hildebrandt ha entregado libros para el debate serio y profundo, desde los distintos enfoques de nuestra realidad multiforme. 

Un país crece cuando sus ciudadanos leen y los editores de libros cumplen un proceso complejo y meritorio. El calificado equipo humano del Fondo Editorial del Congreso refleja apasionamiento por la divulgación cultural, imprescindible en una sociedad que quiera enriquecerse espiritualmente. Hasta ahora el Congreso ha sido escrupuloso con su autonomía intelectual y su criterio multicultural ajeno a la manipulación política. Solo dependiente de la segunda vicepresidencia su libertad enaltece al Congreso pues ha hecho del Fondo una pieza muy importante para la cultura del país. 

Su producción se aprecia en su pequeña librería del Jr. Huallaga donde vemos amplitud de narrativa, ensayo, debate social y político con pautas técnicas definidas y esmerada corrección. Si nuestra democracia se basa en la dignidad humana, en cultivar valores morales universales como no defender su esencia si queremos contribuir a una buena sociedad con derechos y libertades con nobleza de espíritu y con libros valiosos que todo el mundo puede adquirir. Que la Contraloría que supervisa las decisiones tomadas durante este interregno ponga alto a lo que sería un nefasto intervencionismo en la cultura nacional. Que el Fondo Editorial del Congreso se mantenga tal como ha venido funcionando con directores notables y sin burocracias ni intereses políticos partidarios o de grupos.

VEINTE VEINTE

 En Correo el 02 de Enero 2020

Comienza el 2020, año emblemático que convoca esperanzas e ilusiones más por cábala que por análisis realista de lo que sucederá en nuestro trajinado país que viene de un año traumático y difícil. El proceso electoral no mueve todavía ilusiones y el mandatario espera la decisión del Tribunal Constitucional que podría cambiar los designios de su poder concentrado y ampliado con su influencia mediática. 

¿El cierre del Congreso será confirmado como violación constitucional o pasará como simple acto unilateral? ¿Será Vizcarra un gobernante de facto? ¿Consagrará el TC la denegatoria fáctica de la confianza? El proceso competencial aparece complejo y difícil en lo jurídico y en lo político y definitivamente tendrá consecuencias.

   

Pasadas las fiestas reaparece la angustia colectiva por la inseguridad y la violencia en las calles con víctimas diarias que aumentan sin control. Con feminicidios que se incrementan sin protección real. La salud pública no deja de estar colapsada con hospitales desabastecidos. Y la ineficacia del Ejecutivo no se compensará por el nuevo Congreso que no tendrá en sus manos las soluciones.

  

El equipo que dirige Rafael Vela, que busca terminar con la impunidad de los graves delitos de corrupción, concentra controversia pero también confianza. Su difícil tarea ha generado excesos pero también aciertos y ganado gran apoyo de la población. Este año deberá ser el de las acusaciones fiscales, el de los procesos que finalicen con sentencias de condena o de absolución. Que concluyan las exageraciones de las prisiones preventivas y las de la politización de la justicia. Que con equilibrio se combata la impunidad de los notables e influyentes y que la anticorrupción sea una bandera coherente entre la ley, los principios éticos y el discurso político. Para que este año tenga un doble veinte los que pretenden liderar la anticorrupción no pueden ser parte de la impunidad ni de la incapacidad política, policial, fiscal o judicial.