LA BISAGRA 

DEFENSORIAL

En diario Correo mi columna HOJA DE TIEMPO del 12 de Octubre 2019

Desde el 30 de septiembre la democracia peruana se ha quedado solo con dos poderes, Ejecutivo y Judicial, el Legislativo ha sido disuelto de manera totalmente discutible. Las opiniones van y vienen pero la única instancia que podría consagrar o rectificar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra es el Tribunal Constitucional ya requerido por Pedro Olaechea en aras de la estabilidad jurídica y política.

Toda democracia requiere de la separación y equilibrio de poderes. La reunión de las cabezas de los tres poderes da forma al Consejo de Estado que algunas veces -en situaciones de urgencia- se ha reunido en nuestro país para facilitar el diálogo entre poderes y el consenso. En plena crisis el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, con alta sensibilidad institucional, ha asumido el rol de bisagra y si bien no pudo reunirlos sí habló por separado con el presidente de la República y con el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para pedirles diálogo. Vivimos días convulsos y es indispensable garantizar el respeto a los derechos fundamentales al tiempo de descartar todo tipo de violencia. Si la Defensoría es clave para sostener los espacios de diálogo más aún lo es el Tribunal Constitucional  para poner  los límites al Presidente de la República. Olaechea ha requerido al TC para que suspenda el decreto de disolución, que declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. Una solicitud muy bien planteada, jurídica y políticamente. Y mientras llega el vital pronunciamiento ambos poderes deben buscar soluciones. Falta bastante para que este quinquenio termine y la necesidad de una agenda común y de un mejor gabinete subsisten, a pesar de los penosos acontecimientos recientes.

LA VOZ CONSTITUCIONAL

En diario Exitosa el domingo 13 de Octubre 2019

Se produjo la disolución del Congreso y el país continúa en situación de incertidumbre y de inestabilidad aunque muchos pretenden que estamos en plena normalidad y que aquí no ha pasado nada. Toca al Tribunal Constitucional consagrar la legalidad del gesto de Martín Vizcarra u ordenar su rectificación si políticamente fuera posible. Lo que no se puede olvidar son los problemas nacionales que se ven más urgentes ante el temor de que la ruptura afecte aún más la economía ya paralizada en el consumo y el comercio. Hay muchos problemas pendientes en este quinquenio que todavía está a la mitad y que ha sido afectado por turbulencias y fuertes amenazas de inestabilidad con dos gobernantes que en permanente colisión de poderes no afrontaron severos males  como la anemia o desafíos como la reconstrucción del norte con la obra pública requerida, ni pudieron destrabar las inversiones que generan fuentes de trabajo.

Pablo Olaechea ha requerido al Tribunal Constitucional para que suspenda los efectos del decreto de disolución, declare que el Ejecutivo no tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones exclusivas del Parlamento y que precise que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada de forma expresa a través de una votación y no de manera “fáctica”. El tema ha sido bien propuesto y suscrito desde lo jurídico, lo político y lo racional por el Presidente del Congreso que en esa calidad preside la Comisión Permanente como lo señala el Reglamento de ese poder del Estado con fuerza de Ley. No existe ninguna usurpación de funciones como pretende Vizcarra.

Nos toca esperar que el TC como instancia máxima diga su voz sobre situaciones alejadas de la constitucionalidad, y que lo haga sin influencias políticas ni parcialidades que lo despojarían de legitimidad. Sería excelente le diera prioridad y que además pudiera hacer docencia sobre los mecanismos utilizados como amenazas que nos han traído hasta este indeseable momento. De un lado la vacancia presidencial y de otro la disolución del Congreso fueron malamente agitados como amenazas mes a mes. Sin pensar en que son mecanismos traumáticos que solo deben utilizarse en situaciones extremas, con escrupulosas formalidades y estricto fundamento. Igualmente el TC debería aclarar que la cuestión de confianza no es un recurso banal que puede convertirse en una espada de Damocles permanente. Son cuestiones esenciales que no deberían ser dejadas a la interpretación interesada y coyuntural pues como hemos visto se vuelven contra el Estado de Derecho.

Y mientras se resuelve el problema político mayor el Presidente debería aceptar que tendrá que superar la mediocridad de la gestión pública en temas económicos como sociales y de seguridad. La eficiencia que requiere para concretar el gasto y tomar las decisiones fundamentales no vendrá del Congreso que se elegirá en enero 2020 ni del precario gabinete de urgencia que preside Vicente Zevallos.

Si gracias a la definición constitucional logramos superar la incertidumbre e inestabilidad generadas por la disolución del Congreso, Martín Vizcarra, sin dejar de dialogar como pide el Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, podría culminar su mandato convocando a los mejores en un gabinete de ancha base, buscando un acuerdo mínimo para la atención de las urgencias, cumpliendo sus promesas y demostrando haber restaurado el orden constitucional sin extender indefinidamente su mandato como muchos temen.