SUNEDU 

RETROCEDE

En Correo del 07 de Octubre del 2017

Esta vez la Superintendencia Nacional de Educación, SUNEDU, encontrló una férrea resistencia y las críticas le llovieron por haber excedido sus propias atribuciones con la Resolución 034-2017-SUNEDU que pretendía imponer criterios para aplicar el límite de 70 años de edad para la docencia en la universidad pública.

Es verdad que éste límite sigue vigente pero también lo es que no es un asunto acabado pues su modificación o eliminación está planteada en el Parlamento y el mismo Presidente de la República, quien acaba de cumplir 79 años, pidió su elevación a 75 años.

La SUNEDU ignoró olímpicamente este debate, pasó por encima de los poderes del Estado, fue más allá de la Ley y creó gran malestar en las universidades públicas colocando en situación difícil al mismo Idel Vexler, flamante ministro de educación, dentro de un gabinete que aún no ha recibido la investidura congresal. Por eso ha sido obligada a suspender temporalmente una Resolución que es evidente intromisión en la autonomía universitaria que el mismo Tribunal Constitucional hace coincidir con la autorregulación.

Y es que la edad no puede ser el único criterio para valorar el rendimiento de un docente universitario ni determina la calidad de su enseñanza. Nadie es bueno o malo por la edad sino por una serie de factores como los grados académicos, la actividad investigadora, las publicaciones, entre otros. A ello se agrega que no existe reglamento para la evaluación de los docentes mayores ni presupuesto para atender a los que pasan a extraordinarios. 

Urgente que la Comisión de Educación del Congreso aborde el debate de la modificación o eliminación del límite de edad, dispuesto por el art 84 de la Ley 30220. Deben ser las propias universidades públicas las que decidan responsablemente sobre sus docentes y sobre los cargos que requieren una mayor experiencia para su funcionamiento como  sucede en los países más avanzados.

RUIDO 

Y JUICIOS MEDIÁTICOS

En Político.pe  el 07 10 2017

Tenemos a dos presidentes en prisión y uno con orden de captura, perseguido por el mundo. Para agregar a la vergüenza un tercero, Alan García, acaba de ser presentado por el Ministerio Público como investigado por lavado de dineros a la cabeza de una presunta organización criminal.

Un gran drama nacional y una vergüenza internacional. Una inmensa crisis de confianza y de credibilidad respecto de los líderes y de las instituciones. El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, a cargo de impartir justicia, no generan mayor respeto ni actúan con suficiente equilibrio. Sus investigaciones son inacabables y se cubren con el uso y abuso de la prisión preventiva que ignora la garantía de que toda pena privativa debe surgir del debido proceso y de la sentencia consentida.

Tampoco funciona la presunción de inocencia. En el reino de la desconfianza la fragilidad del Estado de Derecho deja que avancemos a través de consignas políticas, de sesgos interesados con la voluntad de avasallar adversarios. Hay víctimas perseguidas  con ensañamiento y alegres impunes protegidos, intocables cuya investigación aparece lenta y sin perspectivas de sanción real.

La persecución contra Keiko Fujimori, Alan García y ahora Pilar Nores demuestra la voluntad de impactar con el “crimen organizado” pero el ruido es prematuro y apuesta a la repercusión y sanción en los medios. No solo en la televisión abierta y de cable, también en las primeras planas de los diarios que levantan las acusaciones para asumirse como jueces sumariales que rápidamente darán su fallo influyendo directamente en los jueces y en la opinión pública.

Por eso una encuesta arroja la percepción de que el gobierno de Alan García ha sido más corrupto que el de Alberto Fujimori siendo que las cifras conocidas no admiten esta comparación. O que Pilar Nores es una potentada dueña de inmuebles productos de la corrupción cuando ella misma ha aclarado que las siete cocheras que tiene no pueden ser consideradas como siete inmuebles de los diez que se le atribuyen.

Desinformación, manipulación, maniobras buscan el rating  mientras intereses políticos ajenos a la justicia parecen orientar a la Fiscalía en sus “investigaciónes preliminares” que no sabemos cuánto irán a durar. En los medios todos son delincuentes o criminales en el altar del rating.

Es cierto que las investigaciones deben venir sin privilegios. Que caigan los que tengan que caer una vez probados los delitos. Pero el Poder Judicial y la Fiscalía deben respetar el debido proceso y la reserva necesaria. Que no se presten a ventilar honras y prestigios en los medios. La prensa tiene un rol como contrapoder, coloca reflectores en las zonas oscuras, pero pierde credibilidad cuando arriesga el honor de las personas en especial de los políticos.

Si el Poder Judicial y el Ministerio Público entregan espectáculo sin resultados estarán motivando campañas mediáticas que pueden llegar a la demolición de personajes públicos. Que a nadie extrañe que posiciones extremas prendan en los sectores vulnerables de la sociedad para que en las siguientes elecciones los candidatos antisistema ganen posiciones. Necesitamos reserva y mesura, menos ruido mediático y más eficiencia sancionadora.