LA ESENCIAL
REFORMA JUDICIAL
En diario Exitosa el domingo 3 de febrero 2019
La reforma de la justicia es un antiguo anhelo. Hace 15 años tuvimos el
honor de integrar la Comisión Impulsora del Acuerdo Nacional por la Justicia,
designada por Hugo Sivina Hurtado como Presidente del Poder Judicial. Junto con
Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio recorrimos el país organizando
audiencias en las capitales y en las provincias a fin de tomar el pulso social sobre
cómo desean los ciudadanos el cambio Judicial. Aprobamos un producto final con algunos
aspectos similares a los discutidos para la Ley Orgánica de la Junta Nacional de la Justicia, pero la gran
totalidad quedó en el tintero al igual que sucedió con la Comisión por
la Reforma de la Justicia, CERIAJUS, que tampoco vio plasmados en leyes los
cambios esforzadamente planteados.
Y es que cada cierto tiempo se renuevan las ilusiones de cambio de la
justicia. Los congresistas trataron de superar la cuestionada ejecutoria del Consejo Nacional de la Magistratura y
orientarse por la decisión ciudadana manifestada en el referéndum de diciembre
pasado. Y lo han logrado.
La idea central sigue siendo fortalecer el Poder Judicial como instancia
rectora inspirada en el sentido de responsabilidad y urgencia que devuelva a la
justicia peruana credibilidad y confianza. Y por supuesto perfeccionar las
instituciones que integran el sector, entre ellos el Ministerio Público que acaba de afrontar una crisis interna y requiere de
mejores elementos legales para defender cabalmente su autonomía.
El Poder Judicial
depende en mucho de la reforma aprobada que lamentablemente no es integral. Si bien la JNJ era urgente para continuar los
procesos pendientes e iniciar los disciplinarios truncos lo era sobre todo para
definir cómo se nombrarán, ratificarán o destituirán a los jueces. Decisiones que
deberían requerir mayor consenso como una votación de dos tercios del pleno
directivo.
Respecto de la ratificación y de las evaluaciones intermedias son tan delicadas
que deberían responder a exámenes por capacitaciones efectivas. Mejor aún optar por la evaluación permanente
a cargo de la ciudadanía que podría controlarlos como parte del proceso de
impartir justicia.
Y en este aspecto procede la reestructuración de la Academia de la Magistratura para
convertirla en una Escuela de alta
especialización como en los países avanzados donde son claves para los concursos
públicos, llamados también de oposiciones. Una Escuela Judicial y Fiscal impulsa
la movilidad de los jueces y fiscales en los distintos niveles de la carrera respetando
la dignidad y las capacidades profesionales y éticas.
Punto esencial es el control de jueces y fiscales que debería ser externo y
según lo aprobado no lo es. Sigue pendiente y debería ser implementado junto a la
paridad de género para la designación de los titulares de la JNJ descartada por pretender que no se concilia
con el enfoque meritocrático.
La ley aprobada es perfectible. Ya la tenemos, bajo la presión del tiempo y
del Ejecutivo, pero aprobada que es lo importante. Aunque la ansiada reforma
integral de la justicia siga pendiente.
