EL ESTADO
NO ENTIENDE
SU PAPEL
En diario Exitosa el domingo 30 de Marzo 2019
Dice bien el Defensor del Pueblo,
Walter Gutierrez, el Estado no entiende su rol. Los conflictos minero sociales
se suceden y el de Las Bambas, que sacude al país, se da en varios frentes, el
de la empresa, el de los comuneros, el de las autoridades. No es un tema entre
particulares, los impactos en lo
económico, político y social son evidentes.
Ha habido poca transparencia de la
empresa para comunicar a la población los cambios en su estrategia y en negociar
el uso de la carretera que ha reemplazado el “minero-ducto enterrado” -206 kms
de Cotabambas a Espinar, en Cusco- que figuraba en el Estudio de Impacto
Ambiental, que hubiera hecho más ordenado y menos tóxico el traslado de los
minerales.
El problema viene de largo con
muertos en su haber y ausencia o nula eficacia de las autoridades de los tres
niveles de gobierno. Hay debilidades y vacíos del marco legal e institucional
que rige las actividades mineras en el Perú mientras se deterioran las
condiciones sociales en los espacios de desarrollo minero. El reformista gobierno
de Martín Vizcarra debe contemplar la necesidad de nuevas reglas. Las Bambas no
será el último conflicto social minero en el país, toca incrementar la
presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y
participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la
certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la
población, la empresa, y del Estado de Derecho del Perú.
Como bien ha dicho el Defensor del
Pueblo los comuneros están en indefensión, no tienen los recursos, para hacer valer
sus derechos, que la empresa y el Estado sí tienen. La asimetría está a la
vista y al Estado corresponde un rol tutelar de los derechos, en especial el de
la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como sucedió en Bagua.
Y a nadie extraña la virulencia del conflicto. Apurímac
es uno de los departamentos más pobres del Perú con una desnutrición crónica de menores de 5 años de
más del 20% y una mortalidad
infantil de 27%. Se dijo que con
Las Bambas el departamento saldría de la pobreza pero hasta ahora la empresa
gana y la población pierde. Es un enclave de prosperidad rodeado de pobreza
extrema y de contaminación por las grandes polvaredas que afectan la salud de la población, el ganado, las áreas
agrícolas y las viviendas.
El Estado ha permanecido sin dialogar ni actuar en una prolongada toma de
carreteras. La compañía minera modificó posiciones y acuerdos con arreglos que no se
han cumplido. Existen muchos intereses e injusticias y hasta delitos en el
camino del desacuerdo y la falta de diálogo. El cambio del mineroducto por la
carretera en el 2013 fue aceptado por el Estado sin consulta a los afectados. Como
era vía pública el nuevo dueño de Las Bambas, el consorcio chino MMG, no asumió
obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía, ni llegó a acuerdos con los
propietarios de los terrenos. He ahí la madre del cordero.
El diálogo
debe darse sin presiones ni represiones. Saludamos la liberación del presidente comunal Gregorio Rojas y
esperamos el diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo de positiva actuación, de la empresa y de las
autoridades para negociar de manera transparente y con interlocutores
directos.
¿ESTADO DE DERECHO
O ESTADO BAMBA?
El
Estado Peruano afronta una dura prueba con el conflicto de Las Bambas. Aspectos
legales, políticos, económicos y sociales están en juego. La empresa quiere
reanudar sus actividades muy rentables, las autoridades regionales pacificar lo
más pronto posible a una población dispuesta a todo para defender sus derechos y
la economía nacional ve paralizado un polo de desarrollo que aporta un inmenso
porcentaje del PBI como bien ha señalado el Presidente del BCR. Y el gobierno quisiera soltar pronto esta papa
caliente que podría terminar en un inmenso drama. Todo se junta para generar un
polvorín en uno de los departamentos más pobres del Perú. La mayor riqueza y la
mayor pobreza en un solo espacio.
Se requiere un análisis profundo y
exhaustivo. En un Estado de derecho las normas deben ser cumplidas pero en un
conflicto tan largo, desde el 2015, donde ya
hubo comuneros muertos, toca al gobierno asegurar una política de desarrollo
territorial, de zonificación ecológica y económica. En el origen está la
sustitución del mineroducto -inicialmente acordado en el Estudio de Impacto Ambiental-
por una carretera no asfaltada que genera alta contaminación por los cientos de
camiones diarios de carga que pasan sobre terrenos que tampoco han sido
justipreciados ni pagados a sus propietarios que son diversas comunidades.
Las Bambas
no es ni será el último conflicto social minero en el país. Corresponde incrementar
la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia
y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la
certificación ambiental. Reducir los desequilibrios entre los intereses de la
población, la empresa, y del Estado de Derecho.
Se impone una tregua que comience por
la liberación del presidente comunal
Gregorio Rojas. Y sin represión ni
violencia ingresar al diálogo con presencia de la Iglesia, de la Defensoría, de
manera transparente y con interlocutores directos.
DEL MINERODUCTO
A LA CARRETERA
Publicado en el portal Político.pe el sábado 29 de Marzo 2019
El
conflicto de Las Bambas escala. Aspectos legales, políticos, económicos y
sociales confluyen. Los intereses colisionan y la economía nacional va
perdiendo un gran porcentaje del PBI como ha señalado el Presidente del BCR. El gobierno debe evitar el estallido dramático
de este polvorín ubicado en uno de los departamentos más pobres del Perú.
Inicialmente se planeó la
construcción de un mineroducto, de 200 kilómetros para transportar los
minerales de Las Bambas hasta Espinar, donde serían procesados. Así fue
aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental el 2011, debatido con participación
ciudadana. Se aprobó también la construcción de una carretera para transportar
maquinaria y suministros para la mina para lo cual hubo acuerdos de cesión de
uso o servidumbre minera con las comunidades propietarias de los terrenos que la
atravesarían.
Pero el mineroducto nunca avanzó, fue
una promesa sin voluntad de cumplimiento. Cuando se transfirió la concesión al
consorcio chino MMG se dieron cambios en el EIA no informados a la población. En
Noviembre 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el uso de la carretera
para incluir el transporte de los minerales extraídos y se descartó formalmente
el mineroducto. La carretera fue dividida en nacional, regional y vecinal
mientras algunos tramos se encontraban en proceso de jerarquización para ser consideradas
como vías públicas. La Defensoría del Pueblo, de notable actuación en este conflicto, ha señalado
numerosas irregularidades y vicios en el proceso que parece haber respondido especialmente
a los intereses de la empresa.
Las Bambas pidió utilizar la
carretera como corredor minero al final de la evaluación de la modificación del
EIA. Ni el Ministerio del Ambiente ni el de Transportes y Comunicaciones,
dieron opinión técnica sobre el uso de esta carretera de 482 kilómetros que no
reunía las condiciones para el tránsito diario de carga pesada. Y tampoco hubo
estudios sobre los impactos ambientales y sociales del transporte de los
minerales, ni la mitigación de esos impactos. Las autoridades locales no emitieron
opinión técnica y menos se tuvo en cuenta la de las comunidades y centros
poblados afectados por el uso de la carretera o corredor minero.
Mientras tanto el consorcio chino
MMG, no asumió obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía, ni llegó a
acuerdos con los propietarios de los terrenos que verían los problemas desde el
2016, cuando comenzó el traslado efectivo del mineral con el paso de varios cientos
de volquetes diarios con concentrados de
cobre y molibdeno hasta Matarani, Arequipa.
Y ahí está la madre del cordero, el
conflicto escaló por la continua polvareda, ruidos y vibraciones de las
caravanas de volquetes. Y si era usada diariamente para el transporte de los
concentrados alguien debía asfaltarla, mantenerla y hacerse responsable de los
impactos.
Las demandas de las comunidades se elevaron
con la presencia de vivos que quisieron aprovechar la situación. No solo Fuerabamba,
muchas otras comunidades de Apurímac y Cusco demandan indemnización económica y
mejoramiento de la vía. La empresa no quiere negociar con las comunidades aduciendo
el carácter público de la vía. Los comuneros son acusados de antimineros y
extorsionadores.
El MTC asume el saneamiento físico
legal de las propiedades comunales afectadas y el mantenimiento de la
carretera. No hay el dinero para asfaltar toda la vía y sanear las propiedades
afectadas. Las Bambas y otras mineras de las proximidades son las que usan y se
benefician de ella. La lógica dice que deberían pagar ellas y las comunidades
centran sus demandas de compensación en la empresa que puede y debe pagar más que
el Estado.
El marco legal e institucional que
rige las actividades mineras en el Perú no funciona. Las Bambas no será el
último conflicto social minero en el país, toca incrementar la presencia del
Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación
ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental.
Reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del
Estado de Derecho del Perú. El Estado tiene un rol tutelar de los derechos en
especial el derecho a la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como
sucedió en Bagua. Bien dice el defensor que no ha entendido su rol respecto de
la minería.
