LAWFARE. 

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Publicado en Exitosa el 17 de Febrero 2019

Nos quejamos de la judicialización de la política. Más aún en este muy cálido Febrero que amenaza con huaicos, que vienen dejando miles de familias damnificadas en el sur, y con Tsunamis políticos que pueden venir desde el Brasil después del acuerdo suscrito con Odebrecht bajo régimen de delación premiada. Muchos personajes están bajo amenaza, los miedos proliferan ante las revelaciones que vendrán amenazando prestigios, trayectorias, oropeles. Y aquí procede un concepto que hace furor en el continente, el de Lawfare que se refiere al uso indebido o excesivo de instrumentos jurídicos para la persecución política, destrucción de la imagen pública o inhabilitación de un adversario político.

Hay quejas y reacciones en el Perú pero también en Brasil, Argentina y Colombia donde acciones aparentemente legales con amplia cobertura de prensa permiten presionar al acusado y su entorno haciéndolo más vulnerable a las acusaciones sin prueba hasta llegar a la liquidación del personaje.

Queremos luchar contra la corrupción pero necesitamos equilibrio. Y hay que tener en cuenta la sombra del Lawfare que se refiere a “un método de guerra no convencional en que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”, utilizado desde 1999 en un libro sobre estrategia castrense. En el 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes con influencia en los aparatos jurídicos en América Latina en la lucha anticorrupción. Entre los aspectos fundamentales del Lawfare  está el rol del Poder Judicial, poderoso espacio para desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política.

Estaríamos lejos del equilibrio de poderes. En especial si se tiene en cuenta que el Poder Judicial es el único que no deriva de la voluntad popular sino de designaciones políticas y de concursos que le dan una institucionalidad vulnerable y proclive a presiones en tiempos convulsos de lucha anti-corrupción que colocan altas autoridades ante el cadalso. Y mucho más cuando tenemos calles que claman por una persecución judicial general para los funcionarios de gobiernos corruptos.

Todo esto hace más importante la reforma judicial que impida que el aparato que investiga y sanciona caiga en manos corruptas o interesadas en el control del aparato del Estado que se esmeran en colocar “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político.

Ad portas del tsunami Lava Jato y cuando las sospechas de aportes de campaña alcanzan hasta el Presidente Martín Vizcarra debemos evitar el doble rasero por el cual  se “elige” a quienes se ataca y también a quienes se invisibiliza o exculpa. Y en este aspecto es vital la labor de los medios de comunicación que pueden manipular y orientar la opinión pública sobre la corrupción.

El Parlamento investigará los nexos de las constructoras brasileñas y peruanas con todos los partidos y en especial con el oficialista. Nadie arriesga apoyos ni justifica aportes a los financiamientos electorales. Más argumentos para la esencial reforma judicial inacabada y para la reforma política que deberá profundizar este aspecto que se revela profundamente desestabilizador para la democracia y lamentable terreno fértil para la corrupción. Sin mencionar la peor amenaza que podría concretarse que es la indeseable vacancia presidencial.

TIEMPOS DE AMENAZAS 

Y DESASTRES

En Correo el 16 de Febrero 2019

Febrero, el mes más cálido del año, alcanza agobiantes temperaturas físicas y políticas. Las lluvias generan huaicos y tragedias con miles de damnificados en el sur. El acuerdo firmado con los ex directivos de Odebrecht amenaza con un tsunami político que no deje títere con cabeza. Y las sospechas llegan hasta el presidente Martín Vizcarra, ex Jefe de la Campaña que llevó a Pedro Pablo Kuczynski al poder.

Vizcarra insiste en que su manejo fue político y no económico ni financiero como si fueran conceptos antagónicos. Los cimientos políticos se remueven con las revelaciones sobre el financiamiento electoral con aportes que pudieron venir de la brasileña o de sus consorciadas nacionales a lo que se agregan los del Club de la Construcción que habrían sido recompensadas con millonarios contratos. La madeja es espesa, las sombras parecen ubicuas, trufadas de  ambiciones de poder y de convulsos temores sobre lesiones a prestigios, trayectorias y altas funciones.

Martín Vizcarra asegura que como ministro no adjudicó obras a más del 100% de su costo pero hay licitaciones ganadas que alcanzarían más de S/900 millones en procesos realizados por el Ministerio de Transportes. Un aspirante a colaborador eficaz afirma que el grupo, entregó 100 mil dólares a la campaña presidencial en su presencia algo ratificado por Jorge Villacorta alto directivo del partido oficialista. Además se trata de un monto no consignado en los registros de aportes ante la ONPE.

Las sospechas se extienden, el Parlamento investigará los nexos de las constructoras con el partido oficialista. Y ni los más cercanos a Martín Vizcarra arriesgan apoyos ni justifican aportes para los financiamientos electorales. Todo esto deja en claro que una profunda reforma política deberá profundizar este aspecto desestabilizador de la democracia y lamentable terreno fértil para la corrupción. Y nadie duda que la peor de todas las amenazas es la indeseable vacancia presidencial. Seguiremos.

SOLIDARIDAD CON PEDRO SALINAS 

Y PAOLA UGAZ

Para Político.pe

El periodismo es una profesión de riesgo. Lo sabemos bien los que nos hemos sentido incómodos por opiniones personales o versiones que consideramos justas. La fundamental labor de investigación y esclarecimiento asumida por Pedro Salinas y Paola Ugaz respecto del Sodalicio y sus prácticas vedadas merece el apoyo de toda la sociedad y en especial de quienes  vemos en la Iglesia Católica un propósito de penalización y enmienda respecto de ese estigma mayor que es la pedofilia, un escándalo universal que reclama acción y reacción social.

Hace tres años con su libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz nos informaron de una tristísima realidad que había permanecido oculta. Supimos entonces del abuso contra menores y jóvenes en el Sodalicio, organización fundada por Luis Fernando Figari en la que participó el hoy poderoso Arzobispo de Piura y Tumbes, Jose Antonio Eguren Anselmi.

Eguren es hoy una gran autoridad en el norte. Connotado miembro del Sodalicio no puede negar responsabilidad en los hechos denunciados pero en lugar de ello, sin cristiano propósito de enmienda, querella por difamación a Salinas y Ugaz reeditando el mítico combate de David contra Goliat. Pero en este caso la honda de David, la de la verdad y la justicia la tienen nuestros colegas aunque el prelado haya logrado llevarlos ‘a su territorio’ donde tiene juezas que puede influir o manejar.

Judith Cueva Calle y Esthela Alva Pantaleón son las magistradas que insólitamente aceptaron las querellas por opinar o investigar. Y sin considerar que ambos periodistas viven en Lima los obligan a litigar en Piura a 1,200 kilómetros. Una extremo del abuso que la OCMA debería abordar ya y con severidad ya que no solo viola derechos personales y de libertad de expresión sino que los coloca en riesgo al obligarlos a desplazarse permanentemente.

Nuestros queridos y valientes colegas no midieron consecuencias que hoy tienen que enfrentar. Pagan el precio de ser Quijotes de la verdad y de la justicia sufriendo el amedrentamiento para que nadie más se atreva a investigar o denunciar a poderosos, para que nadie publique respecto del Sodalicio de Vida Cristiana a pesar de los apabullantes testimonios.

El abuso de poder es ostensible, el que puede puede, pero cuando se trata de crímenes contra menores y jóvenes toca a toda la sociedad defender a quienes han asumido su protección con reciedumbre ética como Pedro Salinas y Paola Ugaz. No los dejemos solos con su enorme desgaste económico, emocional y laboral. No aceptemos el abuso de un personaje ciertamente implicado que hoy los obliga a viajar constantemente a Piura, a pagar abogados y testigos para responder a una inicua demanda que nunca debió ser aceptada. ¿Por qué el Poder Judicial permite esta  barbaridad? 

Pedro Salinas investigó más de cinco años a una institución de la que fue víctima de maltratos psicológicos y físicos. Tiene todo el derecho de exigir justicia. En lugar de ello Eguren lo sigue haciendo víctima usando su poder. Niega que fue pieza clave en la entidad, que ocupó altos cargos y que maltrató psicológicamente a varios jóvenes como parte del círculo más cercano a Figari.

El periodismo peruano tiene una deuda moral con Pedro Salinas y Paola Ugaz, más exigible aún en tiempos de crisis de valores. No consintamos esta atrocidad social y penal. La sentencia contra Salinas podría venir en el próximo marzo y estamos a tiempo para una acción conjunta que vaya más allá de las personas para convertirse en una instrucción moral para una sociedad ávida de modelos y ejemplos. No permitamos que se penalice la verdad. Solidaridad activa para ellos.