jueves, 31 de enero de 2019



ODEBRECHT: 

EL PRECIO DE LA VERDAD

En el diario Exitosa el domingo 20 de enero 2019

El Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz y Beneficios” debe firmarse sí o sí. Es cierto que desde su filtración han proliferado los cuestionamientos y denuncias. Pero también lo es que la información que los brasileños han proporcionado ya han permitido más de 40 causas y si fracasa la firma vuelven a fojas cero. Imaginamos que hay muchos que desean que eso suceda, que quieren evitar nuevas revelaciones de los involucrados en el escándalo de corrupción más grande de la historia peruana.

Pero el acuerdo debe firmarse porque el país necesita castigar la corrupción y desterrar la impunidad. Es más requiere impedir que las mafias continúen actuando dentro del aparato estatal bajo la oscuridad y el desconocimiento. El acuerdo significa el compromiso obligatorio de la empresa y de sus ejecutivos de entregar la información respecto de las cuatro obras en las cuales han aceptado culpabilidad. La Fiscalía debe modificar algunos aspectos y fortalecer su posición con entidades calificadas que den mayor confianza y seguridad.  El precio a pagar es aceptar aspectos impopulares, permitir que Odebrecht  continúe en el país para que pague la reparación civil -por lo menos S/610 millones por las cuatro obras- con sus ganancias de los años que vienen.

Es cierto que la reparación habría que reformularla a futuro e incrementarla tomando en cuenta las otras obras estimadas por la Contraloría en 17, que significaron perjuicio económico mayor a los ocho mil millones de dólares, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano no considerado a pesar de sus evidentes sobrecostos. Pero no puede hacerse respecto de las obras en que Odebrecht no se ha declarado culpable. Los nuevos ejecutivos admiten la posibilidad de colaboración más allá de las 4 obras lo que es un avance que debería constar por escrito en el acuerdo.

Que no todas las obras hayan sido incluidas beneficia a muchos entre ellos a políticos como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Susana Villarán lo que podría encerrar alguna intencionalidad política. Es algo que debe subsanarse de todas formas.

Otro aspecto esencial es la participación en la negociación de otras entidades del Estado como el MEF y la SBS que con sus peritos hubieran podido mejorar las tasaciones subsanando deficiencia de fiscales y procuradores que desconocen estos aspectos. Es irritante el monto indemnizatorio cuando se compara con las multimillonarias ganancias de la empresa pero si se agregan las otras obras con ganancias ilegales este variaría. Y si además se toman en cuenta a las consorciadas que ganaron licitaciones con Odebrecht y deben ser parte del pago de la reparación.

El debate es saludable. Se puede modificar y precisar aspectos que respondan a cuestionamientos razonables y sinceros. No olvidar que estamos hablando de confesiones y concesiones de interés recíproco. Que hay dos partes que necesitan satisfacer su interés y que a ninguna conviene patear el tablero.
 


ODEBRECHT: 
MUCHO EN JUEGO

En Político. pe el 20 de enero 2019

Son muchos los que quieren impedir las revelaciones de los ex funcionarios de Odebrecht. Hay colisión entre quienes quieren la verdad para castigar a los culpables y quienes se protegen de un vendaval que ven venir aceleradamente.

La filtración del “Acuerdo Preparatorio de Colaboración Eficaz y Beneficios” ha generado críticas por el reducido monto de la reparación civil y por la aceptación de que Odebrecht permanezca en el Perú y pueda contratar con el Estado. Muchas son sinceras y necesarias tanto como el imperativo de conocer los nombres de los culpables.

Que el documento sea preliminar no ayuda ni era deseable que el acuerdo final pasara por el debate y el cuestionamiento público. La filtración trae el riesgo de obstaculización pero el secretismo tampoco da confianza. Que solo hayan participado la Procuraduría y el Ministerio Público parece un arreglo de cúpulas cuando otras instancias del Estado debieron intervenir. El MEF y la SBS pueden ayudar en las tasaciones y precisiones para las cuales fiscales y procuradores no están preparados.
El acuerdo debe firmarse, lo necesitamos para desterrar la impunidad y castigar a los que permitieron el despojo del estado peruano y lucraron con él. Y para impedir que gran parte de los corruptos continúen en el aparato estatal. La Fiscalía debe seguir en su empeño, puede modificar algunos aspectos y fortalecer su posición con entidades calificadas que den mayor confianza y seguridad.  El precio a pagar es permitir que Odebrecht  continúe en el país para que pague la reparación civil -por lo menos S/610 millones por las cuatro obras- con las ganancias de los años que vienen.

Pero lo que no se puede aceptar es que el pago no tenga en cuenta las otras 17 obras que la Contraloría considera que significaron perjuicio económico mayor a los ocho mil millones de dólares, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano no incluido en el arreglo a pesar de sus evidentes sobrecostos.

Este debería ser el primer acuerdo pero no el único. Que así conste por escrito para que nuevas confesiones y concesiones permitan nuevos montos de reparación. Y por supuesto tomar en cuenta a las consorciadas que ganaron licitaciones con Odebrecht y deben también pagar.
Los acuerdos de colaboración eficaz surgen a partir del reconocimiento de la culpabilidad y no pueden referirse a obras en las que Odebrecht no la acepta. Un avance es que sus nuevos ejecutivos admitan la posibilidad de colaboración más allá de las 4 obras lo cual podría determinar nuevos montos de reparación civil.
Ningún acuerdo satisface a todos ni se impone por la fuerza ni por la sola razón. Siempre hay que negociar y nadie lo hace con una pistola. A Odebrecht le interesan las concesiones a nosotros las confesiones. Así es.



TE DOY PARA QUE ME DES

En Correo el 20 de enero 2019

Se filtró el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y empezó la batahola. Debía mantenerse en reserva pero todo secretismo sobre información importante genera rechazo. Que solo intervengan la Procuraduría y el Ministerio Público da la apariencia de arreglo entre cúpulas cuando otras instancias calificadas del Estado deben intervenir si se discuten intereses nacionales. El MEF y la SBS pueden definir tasaciones y precisiones para las cuales fiscales y procuradores no tienen experiencia ni conocimientos.
Si bien los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además del procurador ad hoc Jorge Ramírez, informaron sobre los principales aspectos, continúa en cuestión la confidencialidad hasta que culmine el proceso de colaboración eficaz. Todavía no estamos ante el documento final y la firma se podría frustrar por la polémica entre quienes lo consideran necesario para llegar a la verdad y quienes lo rechazan por la indemnización insuficiente y hasta diminuta. Nadie duda que tras esta pugna está el deseo de impedir las revelaciones. Nada es fortuito, los intereses y los temores están en su punto.

El preacuerdo registra solo cuatro casos sobre los que Odebrecht acepta culpabilidad por lo cual detallará los nombres de los participantes: Vía Evitamiento Cusco, corredor Interoceánica Sur Perú, Metro de Lima, tramos 1 y 2, Vía Costa Verde, Callao.

Pero no debería ser el único acuerdo y así debe constar por escrito. Las delaciones deben abordar lo que necesitamos para desterrar la impunidad. Según la Contraloría son 17 casos en que la empresa obtuvo ganancias ilegales a través de sobornos. Necesitamos el acuerdo para saber la verdad y evitar que las mafias continúen actuando en el aparato estatal. Aunque el precio sea permitir que Odebrecht siga en el país y que pague indemnizaciones con sus ganancias. Es un proceso de interés recíproco. Te doy para que me des. Así es.

domingo, 20 de enero de 2019


LA ESENCIAL AUTONOMÍA 
DE PODERES

Publicado en el diario Exitosa el 20 de enero 2019
La indignación contra la corrupción se agrava con la negligencia o la ineficiencia de Odebrecht que a la megacorrupción ha agregado el repulsivo desastre no natural que afecta a cientos de familias en San Juan de Lurigancho. Los malos olores y la fortísima contaminación que ponen en peligro la salud y la vida son una significativa metáfora de la inoculación antiética que nos invadió con base en la presunción de un Estado frágil y de una clase política proclive a la corrupción sin principios ni valores morales. Nada más insultante que esto.
Y en momentos de clímax por las revelaciones que surgirán del encuentro en Brasil, la justicia anticorrupción genera una espiral de miedo a la exposición a la vindicta pública en este caso la televisiva como parte de un coro bien afinado en favor del Ejecutivo. En esta espiral se mantuvo atrapado Pedro Gonzalo Chávarry, el renunciante Fiscal de la Nación. Entre quienes lo creían de su lado y quienes le temían. Fue el eje de un inédito linchamiento mediático que comenzó con la impugnación de una mentira y se prolongó con ataques y culpas que lo convirtieron en enemigo público, más peligroso que cualquier avezado criminal. La historia abordará este episodio como un fenómeno que se entiende más como persecución o defensa por consignas corporativas que por crímenes o virtudes individuales.
Chávarry renunció al comienzo del año por no haber renovado su encargo a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. A ello se agregó el deslacrado de oficinas pertenecientes a su despacho que el juez no había ordenado lacrar. Pero la suerte parece estar echada dado el poco o ningún espacio para la disidencia en la interpretación jurídica o política.
Lo que tenemos es una sacralización del poder punitivo con fiscales y jueces convertidos en héroes por multitudes que pretenden definir la política judicial y penal.  En esa línea se cuestiona la decisión de la Corte Superior a través de la Sala de Apelaciones que preside el Juez Salhuanay que aprobó la recusación al juez Richard Concepción Carhuancho por parcialidad presentada por Jaime Yoshiyama. A pesar de la grita callejera y mediática la gran mayoría de abogados y expertos lo consideran un fallo lamentable pero justo.
Y es que la imparcialidad de la justicia no depende tanto de las individualidades, que no pueden dejar de ser subjetivas, como de la defensa y del respeto a garantías como la presunción de inocencia y el equilibrio de poderes. Nada más peligroso para la concentración del poder que la intervención del Ejecutivo en la Fiscalía, entidad encargada de todas las investigaciones. Por eso es saludable el archivamiento por el Congreso del proyecto de Martín Vizcarra que eliminaba la Junta de Fiscales Supremos. Tan saludable como la activación de los mecanismos internos del Ministerio Público en protección de su autonomía constitucional esencial para el Estado de Derecho.




ENTRE LA FRAGMENTACIÓN 

Y LA CONCERTACIÓN

Publicado el 19 de enero en el Portal Político.pe

El Congreso enfrenta una nueva distribución del poder, se reformulará en bancadas y comisiones aunque nadie descarta  los rezagos de la confrontación que se instaló por más de dos años. Por inmadurez o por nostalgia de la antigua dominación de la mayoría parlamentaria que en lugar de protagonizar reformas se dedicó a obstruir y hacer caer a ministros y finalmente al presidente de la República.

Fuerza Popular dejará de conducir el Congreso y la población indignada contra este poder del Estado ve en ello la oportunidad para elaborar una agenda unitaria que enfrente los problemas del país que son muchos. El desastre no natural de San Juan de Lurigancho nos ha traído a la memoria las dramáticas imágenes de inundaciones y destrucción provocadas por el niño costero en el verano del 2017. Y que ya pasaron dos años sin la reconstrucción tantas veces prometida.

Después de las sucesivas derrotas políticas que Martín Vizcarra ha propinado al Congreso ahora éste tiene la posibilidad de superar el amedrentamiento y los temores y convertirse en el reducto de la defensa de la institucionalidad y del equilibrio de poderes. Ello si queremos que el Estado de Derecho se sostenga como se pregona.

Para lograrlo se impone una dedicación legislativa estricta para la reforma judicial, para garantizar la mejor calidad a la nueva Junta Nacional de Justicia y proporcionar al Ministerio Público instrumentos legales de defensa de su autonomía esencial para la democracia y para afrontar y solucionar crisis internas. Y por supuesto para apoyar eficientemente la lucha contra la corrupción sin reyertas baladíes ni enfrentamientos vacuos que de eso ya tuvimos bastante.

Los parlamentarios deberían en esta línea demostrar madurez, que terminó la confrontación con el Ejecutivo y que pueden superar la fragmentación que no debería ser obstáculo para ponerse de acuerdo en el interés nacional.

Vienen tiempos aún más convulsos con las nuevas declaraciones que revelarán más involucrados en el ya muy tóxico proceso Lava Jato. A Martín Vizcarra le toca gobernar dejando de lado la búsqueda compulsiva de la popularidad y al Parlamento le corresponde legislar la reforma judicial y política que permita fortalecer las instituciones. A ambos poderes se les exigirá resultados desde una agenda que ojalá pudiera ser consensuada según la capacidad de colaboración y coordinación.

Necesitamos más acciones y menos discursos. A las puertas del Bicentenario nos espera el largo plazo. Lo deseable es que nos encuentre con cambios constitucionales y con una gobernabilidad que permita la modernización de la economía y de la sociedad. Dar confianza a esta perspectiva puede ser excesivo y hasta ingenuo pero no debemos ni podemos perder la esperanza de la racionalidad y los valores patrios.


NI MENTIRA 
NI OCULTAMIENTO

En Correo el 19 de enero 2018
Más si se trata del presidente en ejercicio como bien lo puede decir PPK. Martín Vizcarra criticó ácida y prolongadamente a Pedro Chávarry por una mentira sin importancia y ahora afronta problemas al haber negado todo trato comercial con Odebrecht. Si bien posteriormente ha aceptado que el trato fue con CONIRSA, todos saben que fue el consorcio controlado por la brasileña. A ello se agrega que el presidente Vizcarra —y su hermano— fueron representantes legales de Graña y Montero en el Consorcio Ilo lo que indica el gran acercamiento con los Graña.
Nada hay de ilegal en estas relaciones empresariales pero negarlo genera problemas de credibilidad en el mandatario erigido por propia voluntad en paladín de la anticorrupción. Difícil porque no será posible para los medios tan cercanos a él invisibilizar la denuncia ni desaparecerá su efecto lesivo al liderazgo del presidente.
Todo lo relacionado con Odebrecht contamina y la indignación colectiva ha crecido al máximo al conocer su responsabilidad en el atroz desastre no natural que es el mortal aniego en San Juan de Lurigancho por rotura de una tubería matriz de una de sus obras que debió durar 50 años y duró 5. Tremenda gota que rebasa el vaso de la tolerancia colectiva y muy mal momento para revelar conexiones o tratos del presidente con la brasileña y su consorciada peruana. Esta, coincidentemente, ganó la supervisión de lo que sería el aeropuerto de Chinchero, defendido por Vizcarra a capa y espada cuando era titular de Transportes. En aquel momento poco se supo de su  colaboración comercial con GyM.
Queda claro que no es delito ser proveedor de Odebrecht pero que Vizcarra trate de ocultarlo genera suspicacias. El tema viene en mal momento, no habrá tormenta mediática pero las dudas hacen su camino y solo una investigación imparcial podría despejarlas.

domingo, 13 de enero de 2019


UN NUEVO CONGRESO


En Político.pe el 13 de enero 2019

La fragmentación y la pluralidad de agendas acechan al Congreso en plena redistribución del poder. Nuevas bancadas surgirán después de la debacle de Fuerza Popular durante más de dos años avasalladora en el manejo político del Legislativo. La prisión preventiva que purga Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos inició el sismo político que se prolonga y desestabiliza al fujimorismo. Hay desorientación, desbande y preocupación porque han perdido en todos los extremos, la Junta Directiva emanada del fujimorismo ya no responde a su cúpula con el argumento plausible -aunque bastante artificial- de la imparcialidad. Aparecen tardías conciencias de unidad nacional, de diálogo, de sensatez desconocida sin mucha credibilidad. Y asimilan el golpe de su antiguo alfil, un Daniel Salaverry en busca de su propio perfil lo que lo hace impredecible y lo acerca a la oposición bajo las banderas de defender la institucionalidad parlamentaria. Tampoco hay confrontación con el Ejecutivo, salvo por las diferencias respecto del ex fiscal de la Nación que se convirtió en el monstruo de todas las disputas y de todos los miedos.

La única explicación de la persecución implacable contra Pedro Chávarry es que Lava Jato genera más temores y convulsiones de lo que muchos se atreven a admitir. La polarización política que esperamos dejar atrás después de la renuncia del titular del Ministerio Público no ha sido ni ideológica ni política, ha sido simplemente defensiva ante las acusaciones y las prisiones que podrían alcanzar a diversos sectores y líderes. Lo inesperado acecha. Y el aprovechamiento político de la indignación popular alberga todos los excesos. Lo peor que podría pasar sería la fujimorización de Vizcarra, desde que no tiene partido y podría buscar soporte castrense.

Lo único sensato es la aproximación política, el diálogo en defensa de la democracia, del equilibrio y de la autonomía de las instituciones. No al intervencionismo ni a la manipulación en los poderes del Estado. Esta es la agenda que debería inspirar el accionar del Congreso que está surgiendo de la crisis de Fuerza Popular.

sábado, 12 de enero de 2019


TIEMPO DE REFORMAS

En Exitosa, domingo 13 de Enero 2019

La crisis tiene diversos rostros a ser abordados por la comisión para la reforma política. Si solo logramos superar la inestabilidad jurídica y apostar por la gobernabilidad democrática ya estamos en el buen camino.

Fuerza Popular es un partido en severa caída que se inició con la prisión de su lideresa y continúa con las renuncias de cinco congresistas más las que se anuncian. El desbande comenzó con un Daniel Salaverry arrepentido en su rol de alfil fujimorista en la Presidencia del Congreso. Sus parlamentarios se reacomodan pero mantiene medio centenar de votos de 130 por lo cual su implosión sería muy grave. Muchas agendas dispersas son peligrosas para la gobernabilidad y son el producto de una organización que no se unió en torno a temas de Estado sino en razón del usufructo del poder. La democracia requiere de partidos fuertes, organizados, con una ideología que unifique accionar e ideales para canalizar representación y demandas ciudadanas. La reforma política debe asimilar la lección y estimular esta perspectiva.
Y hay mucho por hacer para la estabilidad política y democrática. Desde el 2016 la colisión de poderes fue la norma hasta la caída de PPK quien no pudo evitar el jaque permanente y el bowling con sus ministros. Ahora se redistribuyen las fuerzas con las nuevas bancadas pero la confrontación puede continuar con un Martín Vizcarra cuyas formas y estilo le han permitido avanzar victoriosamente sobre el Parlamento amenazándolo con su disolución. El falso dilema de vacancia presidencial o disolución congresal, que contaminó todo el periodo de PPK, no se plantea ahora pero tampoco tenemos los antídotos contra la concentración del poder cuya tentación parece rondar al presidente.
Si no queremos la colisión parlamentaria con un Presidente débil y sin bancada, es indispensable permitir que el Parlamento se vote en la segunda vuelta por ser la que define al Presidente. La idea es no votar congresistas sin conocer el posible presidente. En Francia Enmanuel Macrón logró romper el bipartidismo y alcanzar la victoria con su movimiento En Marcha. Consiguió una mayoría parlamentaria, conservadores y socialistas dejaron de votar por sus partidos tradicionales y optaron por darle la oportunidad. Con la elección congresal en la segunda vuelta el elector decide con conocimiento por el partido del presidente o por la oposición.
La Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, deben prever y resolver situaciones como las sufridas. La nueva Ley Orgánica del Ministerio Público permitirá nuevas estructuras, sin basarse necesariamente en el Proyecto intervencionista del Ejecutivo. Toca al Congreso detener los devaneos de democracia plebiscitaria que puede llevar a la concentración y al indeseable desequilibrio de poderes. No olvidemos la dolorosa cátedra que en este sentido nos dejaron los noventa.



LECCIONES TEMPRANAS 
DE LA CRISIS

Publicado en Correo el 12 de enero 2019
Se cayó la censura Daniel Salaverry por irrespeto al reglamento del Congreso. Ninguna bancada la apoyó y Fuerza Popular perdió cinco congresistas en el intento. Y se anuncia la disminución de su caudal en 15 más en las próximas semanas. Salaverry oficializó su renuncia a la bancada “naranja” pero no al partido que lo llevó al Congreso y al cargo, lo que no deja de generar incertidumbre.
Los fujimoristas y su mayoría absoluta en el Parlamento son historia. Ahora tienen 56 congresistas y van a la baja. El chubasco ha sido completo desde que Keiko Fujimori fue a prisión. El desbande no es nuevo, tiene sus antecedentes en el 2000 cuando la debacle del fujimontesinismo llevó a Alberto Fujimori a renunciar por fax. Valentín Paniagua fue entronizado como presidente constitucional con los votos que antes habían sido totalmente obsecuentes para la corrupción y la violación de derechos civiles, políticos y humanos durante la larga década de los noventa.

Los últimos acontecimientos agravan la situación del fujimorismo dada la secuela de hechos y desaciertos reprobados por la población. Las divergencias internas proliferan por lo poco que ofrecen para el futuro. Sin mencionar las aludidas razones de conciencia en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la ley "antitránsfuga". El resultado es la redistribución del poder con las nuevas bancadas. La lección: la democracia necesita partidos fuertes, organizados y con ideología.

La Fiscalía post renuncia de Pedro Chávarry deja también enseñanzas. Debe ser fortalecida para prever y resolver situaciones como la sufrida. La modificación de su Ley Orgánica permitirá nuevas pautas consensuadas sin basarse necesariamente en el Proyecto del Ejecutivo.

Toca al Congreso poner un pare a los deseos de democracia plebiscitaria que llevan a la concentración política y a la indeseable eliminación del equilibrio de poderes. No olvidemos la dolorosa cátedra que en este sentido nos dejó el fujimontesinismo.

miércoles, 9 de enero de 2019


NO A LA CONCENTRACION 
DEL PODER
En diario Exitosa el domingo 7 de enero 2019
Gonzalo Chávarry debe renunciar a la Fiscalía de la Nación. Ha incurrido en errores garrafales aunque no en delitos. La situación es grave en una institución de mandato vertical y personalísimo que carece de mecanismos para la defensa de su autonomía y a este vacío legal debería abocarse el Congreso. Es imperativo fortalecerla con elementos jurídicos para una solución constitucional propia.
Chávarry se ha quedado sin juego, sin capacidad de maniobra. Las calles están contra él, los medios de comunicación consensuados por el presidente dan casi total apoyo a la intervención sin debatir las aristas y los riesgos políticos.
Preocupa la anarquía en esta institución fundamental. También el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía que Martín Vizcarra fue el primero en cuestionar en su aspecto clave, aquel que permitiría a la empresa operar y vender sus activos en el Perú.

Hay aprovechamiento político de la situación y hay riesgo para la democracia. Las protestas continúan y el ambiente parece propicio para declarar la emergencia del MP bajo amenaza de cuestión de confianza si la mayoría congresal se niega. Pero cuando la política y la información conectan con las pasiones y se alejan de las razones no se puede resolver conflictos y menos con actos unilaterales por más legitimidad que pretendan.
Si el Perú logró una correcta transición presidencial gracias a una lúcida interpretación constitucional y se procesó con madurez política y cívica la renuncia de PPK para dar paso al gobierno de Martín Vizcarra por qué no esperar que en un nivel menos encumbrado como es la Fiscalía de la Nación se activen los mecanismos internos para evitar soluciones que lesionen la autoestima institucional y el equilibrio de poderes.
Fortalecer las instituciones no debilitarlas es la regla de la democracia. Respetar el Estado de Derecho y prevenir el abuso. Sería gravísimo retornar a los noventa cuando el fujimorismo conectó con las masas, concentró los poderes del Estado y acabó con una corrupción descomunal dirigida por un dúo nefasto que buscó medidas populares para incrementar su aprobación y perpetuarse en el poder.

El Congreso debe permitir que la Fiscalía solucione internamente su crisis. La calle argumenta que está tomada por una mafia pero esto no obedece a la razón ni a la prueba. Temores y pasiones se atrincheran mientras un cierto aliento autocrático silba sobre nuestras cabezas. Que las manipulaciones o intereses ocultos no se lleven de encuentro una institución fundamental para la anticorrupción y de paso el esencial equilibrio de poderes. Cuidado!


POR LA AUTONOMÍA 
DE PODERES
En Correo el 6 de enero 2019
La defensa de los fiscales Vela y Pérez del Caso Lava Jato, legítima y justa, podría estar alentando extremos indeseables. Todos queremos desterrar la corrupción que ha debilitado nuestra economía pero hay límites. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso para solucionar externamente la profunda crisis del Ministerio Público es anticonstitucional y significa un grave precedente de interferencia. Es cierto que el Estado debe salvar su autoridad frente a situaciones que ponen en peligro los objetivos nacionales y sociales y para ello tiene todos los recursos. Pero también lo es que las instituciones cumplen un rol en democracia y deben ser prioritariamente fortalecidas nunca disminuidas.
Las malas decisiones del Fiscal no constituyen delito aunque la gente las rechace con justa indignación en las calles que han hecho de él un monstruo desmesurado. Sí constituyen error garrafal en mal momento, el que ha determinado que al alto funcionario ya sin juego solo le quede renunciar para dejar que los mecanismos internos de su alta institución actúen en defensa de su rol y de su autonomía.
Si el Perú logró una correcta transición presidencial gracias a una lúcida interpretación constitucional y se procesó con madurez política y cívica la renuncia de PPK para dar paso al gobierno de Martín Vizcarra por qué no podemos esperar que en un nivel menos encumbrado como es la Fiscalía de la Nación se activen los mecanismos internos más apropiados para evitar que las soluciones vengan desde fuera y lesionen la autoestima institucional y el equilibrio de poderes.
Si existe confianza en el desempeño de Rafael Vela y Domingo Pérez respecto del caso Lava Jato por qué no tenerla en la institución que les permitió hasta ahora solvencia e independencia. Que los temores, manipulaciones o intereses ocultos no se lleven de encuentro una institución fundamental para la anticorrupción.