CIUDADANOS DE CRISTAL
Se levanta toda la prensa cuando el Congreso decide poner sanciones a quienes interfieren, escuchan o difunden comunicaciones privadas que no tengan contenidos delictivos perseguibles ni contravengan el ordenamiento legal vigente. ¿Están abogando, contrario sensu, por la permisividad para que cualquiera ingrese a nuestra vida privada, grabe y difunda algo que no queremos que se conozca porque tenemos un derecho de reserva y privacidad?
Tiempos de ciudadanos de cristal en los que cualquier periodista puede romper la vida de otro amparado en la libertad de expresión que para nada es libertad de difamación. Personajes, públicos o no, son linchados mediáticamente por periodistas que se creen dueños de vidas y honras. Como dice Manuel Castells todos somos ángeles o diablos y ahí está el marco de la ley y los valores éticos para saber qué puede ser publicado y qué no.
¿Es necesario violar la libertad de expresión de los ciudadanos grabando una conversación reservada? ¿Y difundirla sin que exista contenido punible en ella? ¿Dónde queda el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia cuando iniciado un juicio mediático se ejecuta sin límites y sin garantías al pobre elegido? Demasiados periodistas creen que pueden insultar, agraviar, inventar historias y demoler personajes públicos o visibles o ciudadanos comunes y corrientes. Y cuando se equivocan nunca llega la rectificación que repare en algo el daño producido. El honor de las personas y el derecho a la intimidad deben protegerse y demasiadas veces se sacrifican en el altar del rating o la lectoría.
La valiente prensa que lucha contra la corrupción, que denuncia y persigue con denuedo la impunidad, cumple un gran rol en la sociedad con muchas herramientas para hacerlo sin recurrir a grabaciones clandestinas obtenidas ilícitamente. La ética hace al buen periodismo y al medio que lo practica.
Impedir que se difundan contenidos obtenidos ilícitamente sobre actos no punibles no es limitar el derecho a la información o la libertad de expresión, menos aún al periodismo de investigación. El juicio a Joseph Murdoch en el Reino Unido evidenció como con escuchas ilegales también se amedrenta al poder político hasta llegar al chantaje. Y cómo la libertad requiere límites para que no sea libertinaje, como lo ha señalado Mario Vargas Llosa. La iniciativa de Javier Bedoya de Vivanco puede ser perfeccionada, lejos de ser una mordaza pretende la responsabilidad social de dilucidar “contenidos delictivos perseguibles” antes de divulgar un audio o video a fin de no lesionar dignidades y honras sin razón y sin contraste. ¿Es mucho pedir?
Demasiadas maniobras difamatorias hay en nuestro país para no buscar limitar responsablemente esa arista del poder mediático. Es un problema que debe ser enfrentado. La ley podría perfeccionarse con un debate sereno sin la paranoia de convertir en persecución o dictadura todo intento de poner límites. Que la autoregulación de los medios funcione, que los Códigos de Ëtica no sean letra muerta, que el Congreso tome el guante y proponga que cada medio o grupo de medios contrate un Defensor del Lector o de la Audiencia como bisagra entre los usuarios y los medios. El ciudadano no debería sentirse inerme ante el inmenso poder de medios y periodistas.
Y no toda autocrítica desprestigia la profesión periodística. No se trata de atacar periodistas ni de proteger funcionarios corruptos, se trata de proteger ciudadanos de la divulgación de conversaciones obtenidas ilícitamente. No todos los ciudadanos son políticos que ocultan actos delictivos o inmorales y se refugian en la defensa de su intimidad, los más son los comunes que padecen las mentiras, manipulaciones, abusos, ambiciones de poder o dinero. Que más periodistas trabajen con esmero y seriedad, que destapen la inmoralidad sin difamar, contrastando, determinando responsablemente lo que publican para no lesionar inocentes. Cómo lograrlo es problema de todos.
