PPK DEBE 

RENUNCIAR

MARIA DEL PILAR TELLO

Artículo escrito para ser publicado el 29 de diciembre en el Portal Político.pe, pero no se pudo por estar este medio digital en periodo de vacaciones.

PPK ofrece reconciliación y con ella ofrece un cogobierno con el fujimorismo que hasta hace poco fue su adversario más fuerte al punto de querer sacarlo del poder vía la vacancia.

Es con el fujimorismo que PPK se apresta a presidir un régimen sin confianza ni credibilidad, totalmente deslegitimado ante su organización política y ante quienes lo llevaron al poder.

El antifujimorismo votó por PPK para impedir el retorno del fujimorismo a través de la hija del ex gobernante de los noventa. Ese sector ahora está defraudado por esta estafa política. El indulto negociado es un agravio a los hombres que le fueron leales, de ahí la seguidilla de renuncias de altos funcionarios lesionados en la confianza que le concedieron.

El desprestigio es nacional e internacional. The New York Times habla de la venalidad del indulto que alienta la impunidad y hace tambalear el estado de derecho en el Perú. Nada más grave que eso y si PPK piensa que puede seguir adelante haciendo caso omiso a la caldera que ha encendido está equivocado. Ni siquiera la renovación del gabinete, con eficaces operadores políticos -como los voceados Ántero Flores-Aráoz o Jorge del Castillo- podría hacer mucho ante un escenario marcado por las contradicciones, las falsedades y las medias verdades.

La única forma de impedir ese cogobierno contranatura es que PPK renuncie ahora que es el buen momento. De otra forma vendrán tiempos peores para él y para el país. Que entregue el poder constitucionalmente a Martín Vizcarra quien con apoyos democráticos podrá conseguir que en los 3 años y medio que faltan se haga políticamente algo consecuente con el mandato que recibieron en las urnas.

PPK debe renunciar para protegerse. Nadie lo defenderá cuando la tormenta de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, previstas para enero, lo ponga nuevamente contra las cuerdas dando argumentos para otra vacancia que podría terminar con la entrega del poder al fujimorismo vía un gobierno de transición.

Si no renuncia tendrá que pactar la gobernabilidad y conceder todo lo que el fujimorismo exija. Su jefe histórico está en libertad y lejos de estar al borde de la muerte, parece listo a compartir el poder con su benefactor hoy huérfano de todo apoyo. PPK es hoy el rehén del fujimorismo. 

LA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD

En Correo, el 23 12 17

La vacancia presidencial decretada por la mayoría liderada por el fujimorismo no prosperó. Gran parte del resultado se debió al cambio de estrategia de PPK ayudado notablemente por ese brillante abogado que es Alberto Borea quien estuvo en su mejor momento. PPK tuvo un primer gesto de resistencia al rechazar la renuncia, secundado con lealtad y valentía por sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz. Enfrentó resueltamente la consigna desestabilizadora con el apoyo de una bancada que se creció como operadora política con la pugnacidad de Juan Sheput y Gilbert Violeta.

Keiko Fujimori fracasó en varios niveles. Primero en su pretensión de la vacancia presidencial que le hubiera permitido el control de todo el poder. Segundo en la unidad de su bancada que perdió diez votos. Tercero en la eficacia por la libertad de su padre que sí exhibió Kenyi.

Y sobre todo porque disminuyó su simpatía de la población que advirtió la maniobra de la vacancia como un abuso de poder. Sin olvidar que su estrategia defensiva se ve debilitada por la revelación de Daniel Salaverry de una supuesta siembra de pruebas por la Fiscalía para decretar su prisión preventiva.

El régimen tiene una segunda oportunidad para un gobierno de ancha base de unidad nacional y una dinámica política de puentes y diálogos. 

Le corresponde hacer política de verdad en un escenario donde el vendaval Lava Jato está en su punto más destructivo, no sabemos cuántos caerán y cuán clamorosa será la necesidad de la moralidad y la decencia para rescatar el país. La vacancia quedó atrás pero la mayoría parlamentaria sigue ahí y solo podrá ser desactivada por una investigación clara que devuelva la confianza en el Presidente.

La inspiración patriótica de un Jorge del Castillo que sin atender consignas llamó al equilibrio y a la ponderación deja una gran orientación moral en el camino que nos espera.

LA VACANCIA 

QUE NO PROSPERÓ

En Político.pe del 23 12 17

En un Estado de Derecho ninguna decisión política puede ir contra el derecho de defensa. La oposición, liderada por el fujimorismo, quiso aprobar la vacancia presidencial por incapacidad moral, confiada en su superioridad numérica sin atender la necesidad de investigación y de pruebas.

PPK aceptó su responsabilidad en la situación más grave que le haya tocado enfrentar en su vida política. Debió reconocer ser negligente y hasta manipulador pero su defensa fue consecuente. Nunca aceptó ser corrupto aunque todavía deberá probarlo para despejar dudas y desconfianzas que no pueden darse en el Presidente del país.

Una primera batalla ha sido ganada por PPK y por quienes defendían la democracia frente a la desestabilización y al control total del poder por el fujimorismo. Y esta victoria parcial comenzó cuando PPK cambió su estrategia política el miércoles en la noche cuando apareció flanqueado por sus dos vicepresidentes que se mostraron leales y consecuentes. Ya en el hemiciclo su actitud y su discurso fueron positivos para su causa para la cual contó con la brillante defensa de Alberto Borea quien le sacó lustre a su oratoria parlamentaria, a sus conocimientos y a su sólida formación como político y constitucionalista.   

Se habló mucho del debido proceso y del concepto de incapacidad moral permanente que nadie pudo definir con independencia del de falsedad o mentira que no figuran constitucionalmente como causales de vacancia presidencial. Pero el debido proceso -por más político que sea el enjuiciamiento- no puede desligarse del derecho de defensa que solo puede darse a partir de pruebas si no queremos un festival de afirmaciones y agresiones sin sustento como el que tuvimos. No dieron tiempo a la investigación a pesar que el presidente había solicitado la apertura de su secreto bancario para que se prueben los abonos que Odebrecht afirma que entregó.

Borea se refirió varias veces y con mucha razón al decenio de Alberto Fujimori, cuando se hablaba de un sistema democrático y sin embargo las sentencias se daban en el SIN de Vladimiro Montesinos. Y sostuvo porqué la propuesta de vacancia encerraba un golpe de Estado para conseguir todo el poder asumiendo el Ejecutivo como gobierno de transición.

El núcleo de su defensa fue la ausencia de elementos de convicción total para una definición tan grave. Acertadamente afirmó que "no se puede ir a un juicio moral si no se tiene la certeza del hecho". 

Aunque a los catones les eran suficientes la consigna y el número para conseguir un gobierno de Galarreta y desdeñaron erróneamente la razón y el sentido fundamental del trance al igual que la importancia de la estabilidad política y democrática puesta en riesgo.

No atendieron el sentido patriótico del voto que tuvo su momento cumbre al final de la jornada en el corto e inspirador discurso de Jorge del Castillo. Ni defensa de PPK ni ataque a los mayoritarios, sí protección al país, a su equilibrio democrático, a sus mejores ideales de progreso y desarrollo asumiendo la unidad como instrucción ética. Un mensaje más necesario que nunca cuando el vendaval Lavo Jata amenaza con el páramo entre la clase política y empresarial peruana.

Bien por los congresistas que  supieron escuchar al pueblo que se mostraba indignado por el abuso del poder. Y a las calles donde se impugnaba la prepotencia disfrazada de falsa moral.

La mayoría ha perdido una batalla pero no olvidar que sigue a la espera de la investigación que devuelva la confianza en el Presidente de la República que personifica a la nación.

RECIDIVA

MARIA DEL PILAR TELLO 17 DICIEMBRE, 2017

Se dice que los demócratas somos los culpables por los políticos que tenemos y en especial por el posfujimorismo que ha decepcionado a quienes entregamos diez años de nuestras vidas en la resistencia al fujimontesinismo.

Cuando este régimen malsano cayó, la euforia mató a la reflexión, no pensamos en un retorno del mal, ni en una refundación de la institucionalidad, no curamos al cáncer de raíz y ahora estamos ante una recidiva, es decir ante la repetición de la enfermedad terminada la convalecencia.

Nos invade la tristeza y ni siquiera podemos desear felices fiestas de fin de año. El drama nos gana, no parece haber forma de evitar que desde el Parlamento tomado por el fujimorismo que, sin recordar su historia infame, se apresta a coronarse como el campeón de la lucha contra la corrupción y los guardianes de la moral pública.

Ni el mejor guionista de cine hubiera imaginado esta situación perversa de retorno de los tiburones con sus métodos y sus formas. Tienen los votos y los números como lo único que cuenta en esta historia desoladora. Verlos en la pantalla proclamando honestidad y preocupación por la gente, escarapela. Son la imagen del cinismo político. Estamos más que advertidos de lo que pasará,  cuando se hagan del poder total. Tienen justificada mala fama y aunque gran parte de nuestros jóvenes no la conocen son ellos los que toman las calles que sus mayores desdeñan. Así es el ser humano. La permisividad es también complicidad.

El vendaval Lava Jato jaquea a políticos y empresarios. Y el fujimorismo está involucrado, en especial su lideresa y su financista, ambos investigados por lavado de activos. Por eso han puesto en marcha, cuando ya veían venir las garras de la justicia, el operativo de blindaje con el avasallamiento de las instituciones y la posible vacancia del Presidente. Saben que sus responsabilidades están claras para el Ministerio Fiscal al que quieren acallar y amedrentar.

Por eso una de las claves para enfrentar esta recidiva del fujimorismo es el Ministerio Público cuyo titular está en la picota. En el reino de la consigna y la prepotencia pueden hacer caer al Presidente de la República, elegido por todos los peruanos y más aún podrán hacerlo con el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Sin embargo ambos tienen todavía mucho juego político en los días que todavía están en sus cargos. Si piensan en el país y no solo en la picota que los espera.

Ese país que recuerda la década de los noventa y clama porque no regresen al control total político y social. Ya los conocemos y aunque Fujimori y Montesinos estén en prisión la esencia del mal está ahí como lo vienen demostrando. Nos aterra la sonrisa oblicua de satisfacción mientras destrozan las instituciones y se imponen sobre la verdad, la corrección y el derecho. Tuvieron más de diez años de gobiernos, en plural, para demostrarnos de lo que son capaces.

No permitamos que regresen. Podemos seguir luchando contra la corrupción con respeto a las leyes, a la democracia y a las instituciones. Si hay que cambiar al Presidente, una vez demostrada su culpabilidad, lo haremos sin aceptar un mal peor. No les demos la oportunidad de la recidiva, no permitamos que la autocracia y la corrupción fujimorista, terminen con el organismo sano de la nación y de paso con la democracia.

No arrojar el agua sucia con el bebe adentro.

VACANCIA 

SIN DEBIDO PROCESO

En Correo el 16 de diciembre del 2017

La vacancia presidencial parece estar en marcha. La moción ha sido presentada y para nada ha servido la respuesta de PPK ante la gran tormenta originada por los reportes de Odebrecht sobre supuestos pagos recibidos. El gesto de resistencia del Presidente de rechazar la renuncia y ofrecer la apertura de su secreto bancario para encontrar la ruta del dinero ha sido desatendido. El destino del país está en juego y entramos en una dinámica política en la que se trata de mi verdad contra la tuya sin más pruebas.

La renuncia o la vacancia son decisiones políticas de envergadura que deben ser legitimadas. Si bien la vacancia se trata de pérdida de confianza por equilibrio y mesura no puede asumirse como verdad única e irrebatible lo que dice una empresa que se ha caracterizado por la duplicidad, el engaño y la mala fe. Debe atenderse a la otra versión, la del imputado y dar tiempo a investigarla junto a los documentos acusatorios que habría entregado Alejandro Toledo a la Fiscalía contra PPK.

En un Estado de Derecho ninguna decisión política descarta lo jurídico. Si la oposición, liderada por el fujimorismo, quiere seguir adelante con la vacancia presidencial por incapacidad moral, sin atender la investigación y las pruebas, lo hará valiéndose de su superioridad numérica. Estamos contra todo linchamiento más aún el político a tan alto nivel que ofrece un penoso espectáculo nacional e internacional.

PPK es responsable de esta situación por negligente y manipulador pero tiene derecho a defenderse. Que la apertura de su secreto bancario permita que se prueben los abonos que Odebrecht afirma que entregó. Y que se sepa si PPK los recibió. Que no se imponga el cálculo político. Le asiste al Presidente la garantía del debido proceso y de la prueba de los cargos antes de ser vacado y no después.

¿VACANCIA 

O LINCHAMIENTO?

En Político.pe el 16 de diciembre 2017

La vacancia presidencial está en marcha. La situación es grave y afecta la gobernabilidad del país con repercusiones en el crecimiento económico y en las inversiones. Políticamente la oposición ha llegado rápidamente a extremos con poca serenidad o reflexión. No se trata de cubrir delitos de ningún político. Pero tampoco de cubrirse mientras se grita al ladrón.

Lo que hay es un reporte de Odebrecht sobre supuestos pagos a PPK durante el tiempo en que fue primer Ministro y Ministro de Economía, que de haberlos recibido sería absolutamente punible. A partir de ello el fujimorismo, acompañado de otras bancadas, usa esta información para descalificar las versiones de PPK y generar una crisis de confianza. Lo acusan de incapacidad moral con apresuramiento sospechoso por el cual se da a Odebrecht todos los beneficios de la credibilidad y ninguno al presunto imputado al que le echan todos los leones pidiendo su renuncia inmediata, sitiándolo con la vacancia que ya está en camino.

No se trata de cualquier ciudadano. Es el Jefe de Estado elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo. El que ha negado resueltamente haber recibido esos pagos y ha pedido el levantamiento de su secreto bancario y financiero, gesto importante y suficiente para que se cumpla con lo elemental que es investigar, más aún si de ello depende la gobernabilidad y la estabilidad del país.

Ya el escenario se ha llenado de opiniones, llamados a la serenidad que es lo que más falta. Se anticipan escenarios posteriores a la vacancia como si fuera ya un hecho. Y tal vez ya lo sea. Pero no se entiende la prisa ni la furia si no hay intereses subalternos detrás. El tono del fujimorismo es atrevido, insolente y arbitrario con poco respeto a las instituciones y a la ciudadanía.

A contracorriente de quienes consideran a PPK un cadáver político él no ha querido renunciar y se ha defendido con la apertura de su secreto bancario y financiero. Solo a partir de ello quedará clara la ruta del dinero y se verá si lo dicho por Odebrecht responde o no a la verdad. La reacción de PPK puede ser tardía, de hecho no borra sus imprecisiones o presuntas falsedades, pero entrega un arma fundamental para la investigación que pone la bola en el Ministerio Público cuya acción debería descartar toda arbitrariedad con la prueba de los cargos como debe ser.

Pero eso no vale cuando la decisión política ya parece tomada con furias e indignaciones ad hoc. No habría porqué conceder toda la credibilidad a  Odebrecht, caracterizada por la duplicidad, el engaño y la inmoralidad, para hacer caer a un presidente democráticamente elegido que pide que le prueben los cargos.  

Lo más probable es que el cálculo político determine la decisión por la vacancia presidencial que si se toma sin pruebas ni investigación, acelerando los plazos y distorsionando las formas, quedaría como precedente de linchamiento abusivo y avasallador.

Por interés del país debería imponerse la mesura y la prolijidad del debido proceso y la serenidad política.

¿LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA 

EN RIESGO?

En Político.pe del 9 de diciembre del 2017

El escenario se llenó de rumores y de furia. El juez Richard Concepción Carhuancho volvió a golpear al autorizar el allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular.

El magistrado ha sido implacable al ordenar prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y ahora al autorizar el allanamiento de dos locales del fujimorismo. En estas turbulentas decisiones no han pesado las amistades, las influencias y las presiones políticas y económicas.  Dictaminó el ingreso de la policía a pedido del fiscal a pesar de la previsible reacción de la poderosa bancada congresal naranja.

Las calles lo aprueban, piensan que estamos en un Perú diferente por el impacto que causa ver, como nunca antes, a integrantes de los sectores más altos en la política y en la empresa tras las rejas.

¿Nos espantamos porque están presos los poderosos? ¿Nos molesta que la corrupción esté siendo sitiada por jueces como Carhuancho?

Ante el imaginario popular este juez trata a todos por igual sin importar los apellidos y el dinero. Tiene la audacia y la valentía que se requiere en un Poder Judicial donde siempre hemos visto magistrados pusilánimes por no decir con un precio determinado por la misma corrupción que deben combatir.

Pero el fujimorismo no conecta con este sentimiento, la indignación por la afrenta de verse contra las cuerdas lo ha llevado a invocar la lógica de la guerra al considerar el allanamiento como un atropello y una represalia por la investigación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La respuesta excesiva y la sobreactuación política estaría indicando temor a lo que viene.

Hay que dejar dicho que la prisión preventiva debe ser excepcional y nunca banal. Bertolt Brecht dejó para la reflexión que cuando el abuso, no detenido a tiempo, llega a nosotros puede ser demasiado tarde. El principio jurídico es seguir el juicio en libertad y que solo haya prisión después de la prueba de culpabilidad. Más aún teniendo en cuenta que la cantidad de presos con prisión preventiva se va haciendo grande en penales ya superpoblados.

No debemos, por tanto, banalizar la prisión preventiva y sí exigir que toda acción judicial sea justificada. Incluyendo la orden de allanamiento de los locales fujimoristas. Pero no es el debido proceso el que está en cuestión pues hasta ahora ha sido respetado. Lo que produce temor es lo que se viene  cuando en enero próximo la delación de Jorge Barata ponga al país, con sus altos mandos políticos y empresariales, en el ojo mismo del huracán y sin duda alguna ante la prueba mayor para nuestras frágiles instituciones. Grave momento que podría alcanzar la estabilidad misma de la democracia, como amenazó indignada la congresista fujimorista Cecilia Chacón. ¿A qué se refirió? ¿A la vacancia presidencial posible?

El fujimorismo repite que no quiere vacancia presidencial pero su allegada Vilcatoma pide la renuncia de PPK mientras comienzan a cercarlo con la citación a su esposa Nancy Lange. 

No tranquiliza para nada la inmediata reacción presidencial en defensa del debido proceso y por el respeto a reglas de juego cuando éstas no están en riesgo. Por ahí no es. Lo que el país exige es una respuesta de fondo que proporcione real tranquilidad antes que la situación se salga de control y los naranjas, muy ofendidos, se decidan por denunciar al presidente por “incapacidad moral”. No olvidemos que tienen sangre histórica en el ojo.

UN PERÚ DIFERENTE

En Correo el 9 de diciembre 2017

Nuestro sistema judicial está pasando por una etapa de consolidación a la fuerza. Nunca antes debió afrontar una prueba como la presente por la cual los titulares de los poderes fácticos, empresarios, periodistas o políticos al estar involucrados, deben enfrentar la cárcel  preventiva, dada la dimensión de los indicios que doblegan la presunción de inocencia.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están obligados a la independencia para restablecer la confianza. Los políticos y la prensa, gremios y academia deben colaborar apuntalando a jueces como Richard Concepción Carhuancho que se ha revelado implacable al ordenar prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y al autorizar el allanamiento de dos locales partidarios del fujimorismo sin tomar en cuenta a la superpoderosa bancada congresal.

El Perú es diferente ahora y la gente acusa el impacto de ver como nunca antes a integrantes de los sectores más altos de la política y de la empresa tras las rejas. Sin distinción de apellidos, poder y dinero, la justicia parece igual para todos. Pero las actuaciones, fallos y sentencias deben ser justificados. Ningún abuso podría legitimar una justicia vengativa o arbitraria. Un delito no se responde con otro.   

Quienes se pretendían intocables están furibundos. Es cierto que puede ser excesiva la prisión preventiva de 18 meses tanto para Ollanta Humala como para los grandes empresarios. Pero en ambos casos mandan los hechos, en el primero las agendas y los testimonios, en el segundo los testimonios y los documentos que grafican el pago de las consorciadas por 15 millones de dólares por riesgos adicionales. Y en cuanto al fujimorismo su respuesta ha sido intemperante. 

LA CRISIS 

QUE ESTAMOS VIVIENDO

Mi columna HOJA DE TIEMPO en el diario Correo del 2 de diciembre 2017

La gran crisis política que estamos viviendo extiende mantos de sospecha sobre todos los que han desempeñado cargos de gobierno o de representatividad en el presente siglo. Nadie se salva ni a la derecha ni a la izquierda. Parece muy lejano el gobierno de transición de Valentín Paniagua cuando todas las ilusiones de saneamiento moral se activaron. Y se justificaron las esperanzas puesto que sin Fujimori ni Montesinos, la dupla que con su corte de obsecuentes sinvergüenzas pretendió llevarse al país en peso, se podía refundar moralmente al Perú después de diez años de latrocinio organizado.  

Hoy vivimos el escándalo de corrupción más grave del presente siglo. Con la colaboración eficaz de Jorge Barata, la cabeza visible de Odebrecht en el Perú, conoceremos todas las maniobras siniestras con que compraron conciencias al más alto nivel para obtener sus millonarias ganancias. El Lava Jato está en su momento cumbre y amenaza con un terremoto político y social que destruirá a políticos, partidos e instituciones. Al abordar el tema emerge la indignación, la rabia y la humillación por la traición a la confianza. Y también la duda respecto de fiscales y jueces que deberán portarse a la altura del desafío para desterrar la impunidad y castigar la corrupción de Odebrecht, OAS y compañías consorciadas. 

La economía se puede descontrolar cuando el barco de la democracia está inestable y hasta el Presidente es tocado por las denuncias. Las actividades están paralizadas, jaqueadas por la incertidumbre. 

Necesitamos una respuesta social que no se vislumbra todavía mientras el Gobierno y el parlamento siguen atacándose. No ven la marea negra que se cierne con posibilidades reales de deslegitimar a quienes representan el sistema político y la democracia. Nada bueno se anuncia porque a la espera de lo que diga Barata estarán los pescadores antisistema que querrán pescar en este río tan revuelto.

JUGAR 

CON LA VACANCIA

En Político.pe el 2 de diciembre del 2017

Un día sí y otro también escuchamos hablar de la culpabilidad del presidente PPK en el Lava Jato peruano. Lo tratamos como si fuera el presidente de un club de barrio y no la más alta autoridad, aquella que según la Constitución, personifica la nación.

Las instituciones importan titulaba un informe del BID de fines del siglo pasado. El orden constitucional, importa y los principios de la democracia deben ser puestos al abrigo en este vendaval que amenaza con liquidar nuestra clase política sin dejar piedra sobre piedra. PPK hace bien en defender su investidura porque con ello la preserva de la manipulación y la banalización interesadas por quienes han asumido posición de moralizadores con poca memoria de su pasado como fujimorismo gobernante. Fungen de catones sin recordar que en la década del noventa hubo tres gobiernos autocráticos y corruptos que violaron el ordenamiento legal del Perú. Muy bien que sus actuales representantes, fans de Keiko Fujimori, luchen contra la corrupción pero deben recordar y aplicar los principios de la constitución que protegen a las autoridades legítimas. Desterrar la impunidad sí pero no arrojar el agua sucia con el bebe adentro.

Es un espectáculo penoso la exhibición de voluntad de acusar y destituir al Fiscal de la Nación y a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional a lo que podría seguir el cese del Presidente Kuczynski y sus vicepresidentes, de suerte que el Presidente del Congreso, de color naranja, asuma el ejecutivo y haga posible la victoria presidencial de Fujimori en el 2021.

Todo parece burdamente cantado. En pleno vendaval Lava Jato ellos quieren proteger a sus líderes derribando instituciones sin importar el costo para el Perú. Solo les interesa demostrar su fuerza como mayoría parlamentaria frente a un Ejecutivo débil sin mucha capacidad de reacción. Y si la tiene harán todo lo necesario para descalificar y destruir a quien esgrima argumentos constitucionales para impedir que PPK se ponga voluntariamente en las garras del monstruo.

La mayoría fujimorista no tiene los 87 votos, solo las minorías parlamentarias unidas podrán evitar que se sacrifique la vida democrática y nos pongamos en la ruta del temible Estado fallido.

Porque un pueblo sin memoria repite lo peor de su historia. Si la crisis que vivimos no encuentra fuerzas que representen el saneamiento moral urgente, el Perú quedará en manos de quienes abran las puertas al antisistema. Y el grito de que se vayan todos comenzará a escucharse.