UN PERÚ DIFERENTE

En Correo el 9 de diciembre 2017

Nuestro sistema judicial está pasando por una etapa de consolidación a la fuerza. Nunca antes debió afrontar una prueba como la presente por la cual los titulares de los poderes fácticos, empresarios, periodistas o políticos al estar involucrados, deben enfrentar la cárcel  preventiva, dada la dimensión de los indicios que doblegan la presunción de inocencia.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están obligados a la independencia para restablecer la confianza. Los políticos y la prensa, gremios y academia deben colaborar apuntalando a jueces como Richard Concepción Carhuancho que se ha revelado implacable al ordenar prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y al autorizar el allanamiento de dos locales partidarios del fujimorismo sin tomar en cuenta a la superpoderosa bancada congresal.

El Perú es diferente ahora y la gente acusa el impacto de ver como nunca antes a integrantes de los sectores más altos de la política y de la empresa tras las rejas. Sin distinción de apellidos, poder y dinero, la justicia parece igual para todos. Pero las actuaciones, fallos y sentencias deben ser justificados. Ningún abuso podría legitimar una justicia vengativa o arbitraria. Un delito no se responde con otro.   

Quienes se pretendían intocables están furibundos. Es cierto que puede ser excesiva la prisión preventiva de 18 meses tanto para Ollanta Humala como para los grandes empresarios. Pero en ambos casos mandan los hechos, en el primero las agendas y los testimonios, en el segundo los testimonios y los documentos que grafican el pago de las consorciadas por 15 millones de dólares por riesgos adicionales. Y en cuanto al fujimorismo su respuesta ha sido intemperante.