LA PAZ SOCIAL 

COMO FICCION

En Correo el 26 de Octubre 2019

Mientras algunos de los países del continente enfrentan graves turbulencias sociales el Perú sigue pareciendo un oasis a pesar de la ruptura del orden constitucional por la disolución del Congreso y de la demanda pendiente de admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Pero la clase dirigente no puede vivir de una ficción de paz ni dormirse en laureles inexistentes, demasiadas demandas embalsadas tornan relativa la situación. No hay que abusar de la paciencia cuando la protesta toca puertas vecinas. Si tuviéramos que reclamar, como lo hacen los chilenos, por un sistema individualista y poco solidario que implica poco o ningún acceso a las pensiones, salud, educación, transportes y demás servicios, no estamos lejos de esa realidad. Y seguimos sin reglas claras para las candidaturas de la elección del nuevo Congreso. Mientras Vizcarra veta a todos los congresistas hasta el 2025, el JNE traslada responsabilidades al momento de la inscripción y los partidos lo aceptan.

En el Perú existe una enorme crisis de confianza en los líderes y en las instituciones. Las pocas esperanzas en la política determinan que cada ciudadano tome a su cargo su suerte y la de su familia prodigándose en trabajos con sobrecarga de esfuerzos y energía. Por eso evade responsabilidades respecto de la democracia y de la política, su desencanto es extremo, ni siquiera exige al Estado los servicios básicos de calidad que constitucionalmente le debe. Pero esta eventual pasividad no debe ser confundida con resignación y menos con ilusión. No hay oportunidades para todos, la igualdad que los chilenos reclaman en las calles es un ideal. La situación de los sectores populares no es la mejor como tampoco lo es el silencio ante problemas cotidianos con un gobierno cuyas prioridades no son las angustias colectivas. La redistribución y no la concentración del poder económico o del político sigue siendo la esencia de la democracia. No olvidarlo.

LAS INSTITUCIONES IMPORTAN

En Correo el 19 de Octubre 2019

Las instituciones importan y mucho para el desarrollo económico de los países, en especial de aquellos que como el nuestro luchan contra la precariedad y la informalidad. Es entendible la mucha atención que recibe el tema por los estudiosos del desarrollo y del bienestar al punto que ha sido elevado al rango de principal determinante del progreso. Entidades internacionales como el Banco Mundial lo han convertido en lema que orienta sus propuestas de reforma. Corresponde a los líderes nacionales hacerlo operativo con indicadores adecuados. Pero ese debate en nuestro país encuentra más problemas que soluciones. Por un lado está la calidad del capital humano y por otro las ambiciones de los políticos o la erosión malsana de la corrupción que afecta también otras variables del progreso como el nivel de infraestructura, la calidad de sus políticas públicas y la inversión en innovación. En este sentido pensar el crecimiento y el desarrollo implica defender la democracia, el Estado de Derecho y, fundamentalmente la calidad de las instituciones.

Por ello es muy importante el reciente artículo de Juan Paredes Castro que alerta sobre el efecto dominó del cierre del Congreso. Porque debemos impedir lo imprevisible. Y es que la autonomía de las instituciones y el balance y la separación de poderes parecen irse al tacho cuando se imponen presiones políticas y mediáticas para que ninguna protesta ni defensa constitucional prospere. En 10 días sabremos si el TC acepta la demanda competencial planteada por el presidente del Congreso y mucho dependerá de la fecha de su respuesta. Si demora coincidirá con el nuevo Congreso ya elegido y no quedará margen para rectificaciones si hubiera disposición para ellas. La política de los hechos consumados puede avasallar mecanismos e instituciones o evolucionar, como teme Paredes Castro, hacia un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían dar forma a un régimen absolutamente autocrático. Deberíamos poder evitarlo.

¿DEMOCRACIA SIN CONTRAPODERES?

MARIA DEL PILAR TELLO

Se produjo el cierre del Congreso y el país sigue en la incertidumbre por lo que muchos consideran una flagrante ruptura constitucional. Dentro de diez días sabremos si el Tribunal Constitucional, máxima entidad para interpretar la Carta Magna, acepta la demanda competencial presentada por el Presidente del Congreso para anular el cierre del 30 de Septiembre. Ojalá su respuesta sea inmune a presiones políticas y mediáticas.

Muchos temen el contagio o el efecto dominó entendiendo el riesgo de que otros poderes autónomos como la Comisión Permanente, la Corte Suprema, el Ministerio Público o el mismo Tribunal Constitucional colisionen con el Gobierno y sus decisiones sean consideradas ilegales. Si hubo denegatoria fáctica para cerrar un Congreso a nadie extrañarían otros mecanismos de control fáctico que la población deberá aceptar sin mucha posibilidad de protestar.

Dos aspectos preocupantes en esta situación. En primer lugar la evidente precariedad de nuestras instituciones, entre ellas los partidos políticos, y en segundo lugar la ostensible fuerza de la manipulación mediática cuando se trata de convencer masivamente para alcanzar altas cotas de popularidad.

A ello se agrega la crisis del sistema de justicia en camino de una reforma que no funcionará sino se integra a una mayor del sistema político y electoral.

Hace algunos años el premio nobel de economía Douglas North describió la institucionalidad como el conjunto de reglas y restricciones diseñadas por el hombre para dar forma a la interacción humana. Una institucionalidad sólida conduce al desarrollo de los países que ven regulada su vida en sociedad por medio de ellas. De hecho son parte del equilibrio de poder para dar certidumbre a los ciudadanos. Cuando ese equilibrio desaparece y surge la concentración del poder comienzan las distorsiones y el todo vale para mantenerse en el gobierno buscando el apoyo social aun cuando sea con un discurso alejado de la realidad.

En unos meses sabremos si el Tribunal Constitucional aprueba la disolución del Congreso de la República o si recomienda su rectificación. También podría asumir posiciones intermedias o con una sentencia prospectiva pretender evitar problemas a futuro. Si es así la decisión de Vizcarra se mantendría inalterable o su gobierno podría evolucionar a un efecto dominó, con hechos similares que en cadena podrían terminar dando forma a un régimen absolutamente autocrático.

Lo que tenemos ahora es un presidente sin controles ni limitaciones para gobernar. Y aunque la gente quiera creer que no acumulará más poder invadiendo otros poderes nada indica que debamos descartar esta posibilidad indeseable.