MARIA DEL PILAR TELLO
La escena política está copada por el poder que al
parecer ejerce Nadine Heredia sobre el Presidente, sobre el partido de gobierno
y sobre los funcionarios del Estado. Un poder que dejó de ser influencia cuando
se hizo claro, exhibido voluntariamente sin cautela, para que el país perciba que
la lideresa política en construcción tiene plenos poderes derivados, no
delegados, del recibido de las urnas por su cónyuge Ollanta Humala.
En una democracia representativa sólo los votos dan derecho
a ejercer poder. El presidente elegido no puede ejercerlo compartido, o por
interpósita persona, pues el pueblo se lo confirió de manera personalísima. La
representatividad se basa en los votos y en la responsabilidad que implica el
ejercicio soberano del poder recibido.
La legitimidad democrática indica que todo poder da
cuentas al pueblo que lo eligió para formar gobierno, dentro del cual sólo hay
funcionarios elegidos o designados, todos bajo la premisa absoluta de la
responsabilidad exigida de acuerdo al derecho.
Por
supuesto que hay poderes fácticos que se ejercen desde fuera del aparato del
Estado con autoridad informal y capacidad de presión para influir
políticamente. No se imponen por la fuerza porque tienen acólitos suficientes
para controlar los mecanismos del poder político a través de funcionarios
claves estratégicamente colocados. Este parece ser el caso de Nadine Heredia a
quien el pueblo peligrosamente ubica, según recientes encuestas, como verdadera
gobernante. Si así fuera se configuraría usurpación. Y si no lo fuera la imagen
se hace peligrosa realidad que lesiona la democracia.
La respuesta del Presidente no ha sido la más atinada.
Confunde la defensa de su esposa con la del poder que se le atribuye y al
parecer detenta. Craso error. Una cosa es el Estado-gobierno y otra el partido
de gobierno. Nadine Heredia no integra el primero pues no es funcionaria con responsabilidades
establecidas por tanto no puede hablar a nombre de él. Es altísima dirigente
del Partido de gobierno y puede hablar a nombre de su partido, como lo hacen
Keiko Fujimori o Alan García. Diferencia clave en una democracia que tiene como
elemento esencial la responsabilidad por actos de gobierno que en el caso de
Heredia no es exigible por no ser funcionaria nombrada ni elegida.
Sin mencionar que su designación como Presidenta del
Partido Nacionalista, en el afán de consagrarle su derecho a la palabra, es de
reciente data y confirmaría la necesidad de otorgarle un espacio político válido
e indiscutible, aunque de hecho también estaría dando la razón a quienes la
cuestionaban antes de dicha designación.
El
poder político legítimo y legal en un estado de derecho debe siempre adecuarse
a las reglas. Cuando individuos, grupos o instituciones logran imponer su
influencia y su poder de facto pueden tener éxito circunstancial pero tarde o
temprano tendrán que dar cuenta de sus actos. No olvidarlo.
