¿CONTROLAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION O LAS
UNIVERSIDADES?
Publicado el 08 10 16 en el portal Político.pe
El Ministro Jaime Saavedra, supérstite del régimen de Ollanta Humala, está
en peligro de ser censurado por el Congreso por no haberse preocupado del
compromiso asumido por el Perú para ser sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Tres años de desidia deberán ser recuperados. Y se supone que donde hubo
negligencia ahora habrá rapidez y voluntad para hacer lo que en su momento no se
quiso o no se pudo hacer.
Ese mismo Congreso, a través de su Comisión de Educación está en vías de
abordar, terminada la semana de representación parlamentaria, las propuestas de
modificación de la Ley Universitaria, las mismas que el general del Ejército
Daniel Mora, su mentor, se empeña en desacreditar afirmando que esconden intereses
de las universidades privadas. Mora cree que SU Ley es perfecta e invariable.
Desconoce que hasta el mismo Saavedra ha aceptado ante el Congreso que es
perfectible como toda obra humana.
Y cómo no. La presunta perfección de la gestión de la Ley Universitaria no
se compadece con la situación actual de las Universidades Públicas que no solo
no han mejorado sino que han perdido la estabilidad académica e institucional que
tenían sin haber recibido incremento alguno en los magros presupuestos que el
Estado les asigna. Hay caos y anarquía, desunión y desorganización, pugnas
internas y cuestionamientos interminables que antes no existían y que ahora
deberán ser arreglados sea por imposición de fuerza de la SUNEDU sea por la vía
judicial. Daniel Mora y los interesados en que la Ley se mantenga invariable no
quieren ver esta realidad y cuando la ven la atribuyen a intereses espurios.
No es así. Los locuaces la llaman Reforma y miran desde fuera sin conocer
la realidad de los claustros, especialmente los públicos adonde van los
estudiantes de menores recursos. Mora pasea mediáticamente sets de TV y
primeras planas para descalificar a la ASUP, Asociación de Universidades del
Perú, que ha recibido el apoyo de todas las entidades representativas de los
sistemas universitarios en el continente que lamentan la situación del sistema
peruano en abierta crisis y sin ente que lo represente.
La Constitución en su art 18 otorga a las Universidades autonomía
académica, económica y administrativa. Qué autonomía puede haber cuando las
universidades eligen a sus autoridades y la SUNEDU les da el visto bueno final
o las desconoce olímpicamente. Vale decir la entidad supervisora de la calidad
educativa tiene la última palabra por encima de las decisiones internas. El
diseño legal y el accionar de la SUNEDU desde su creación han afectado toda
autonomía y han permitido la ostensible interferencia del poder político. Una
ley que se pretende reformadora a partir del control de la calidad de la
educación crea el organismo de control total de las universidades supuestamente
autónomas. Y ese control es ejercido con mano férrea bajo la responsabilidad de
quien fuera Ministro de Educación del humalismo y lo sigue siendo sin variar
sus prácticas de dominio. No lo deberíamos permitir silenciando o desconociendo
aspectos que son pruebas flagrantes que no se quieren ver.
Invito al lector a ingresar a la web del Congreso donde aparece el organigrama
del Estado Peruano para los años 2012 y 2014, antes y después de la Ley
Universitaria. En el año 2012 el Sistema de Universidades, Públicas y Privadas
aparece en una columna entre Otros Organismos Autónomos. En el año 2014 las
Universidades Nacionales aparecen dentro del Poder Ejecutivo, bajo el
Ministerio de Educación. Según el art 17 constitucional las Universidades
Públicas son titulares de pliego, ahora se subordinan al pliego de Educación. Las
Universidades públicas ni siquiera pueden establecer su propia Visión y Misión
porque deben adoptar la del Ministerio de Educación. Así estamos y aún hay
quienes defienden esta supuesta reforma que atropella principios básicos de la
universalidad de la educación universitaria.
Sin hablar del absurdo límite de los 70 años para la docencia que rige solo
para las universidades públicas. Nuestro ilustre presidente PPK puede conducir
los destinos del país y hacerlo bien pero no está legalmente facultado para
dirigir una Escuela Profesional y menos aún una Universidad Nacional.
Igualmente nuestro Premio Nobel con sus ochenta años de producción laureada y
prestigiada no puede ser docente en una universidad pública. Los absurdos
siguen pero no alcanza el espacio. Toca al Congreso rectificar y hacerlo con seriedad.