sábado, 8 de octubre de 2016


¿CONTROLAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION O LAS UNIVERSIDADES?

Publicado el 08 10 16 en el portal Político.pe
El Ministro Jaime Saavedra, supérstite del régimen de Ollanta Humala, está en peligro de ser censurado por el Congreso por no haberse preocupado del compromiso asumido por el Perú para ser sede de los Juegos Panamericanos 2019. Tres años de desidia deberán ser recuperados. Y se supone que donde hubo negligencia ahora habrá rapidez y voluntad para hacer lo que en su momento no se quiso o no se pudo hacer.
Ese mismo Congreso, a través de su Comisión de Educación está en vías de abordar, terminada la semana de representación parlamentaria, las propuestas de modificación de la Ley Universitaria, las mismas que el general del Ejército Daniel Mora, su mentor, se empeña en desacreditar afirmando que esconden intereses de las universidades privadas. Mora cree que SU Ley es perfecta e invariable. Desconoce que hasta el mismo Saavedra ha aceptado ante el Congreso que es perfectible como toda obra humana.
Y cómo no. La presunta perfección de la gestión de la Ley Universitaria no se compadece con la situación actual de las Universidades Públicas que no solo no han mejorado sino que han perdido la estabilidad académica e institucional que tenían sin haber recibido incremento alguno en los magros presupuestos que el Estado les asigna. Hay caos y anarquía, desunión y desorganización, pugnas internas y cuestionamientos interminables que antes no existían y que ahora deberán ser arreglados sea por imposición de fuerza de la SUNEDU sea por la vía judicial. Daniel Mora y los interesados en que la Ley se mantenga invariable no quieren ver esta realidad y cuando la ven la atribuyen a intereses espurios.
No es así. Los locuaces la llaman Reforma y miran desde fuera sin conocer la realidad de los claustros, especialmente los públicos adonde van los estudiantes de menores recursos. Mora pasea mediáticamente sets de TV y primeras planas para descalificar a la ASUP, Asociación de Universidades del Perú, que ha recibido el apoyo de todas las entidades representativas de los sistemas universitarios en el continente que lamentan la situación del sistema peruano en abierta crisis y sin ente que lo represente.
La Constitución en su art 18 otorga a las Universidades autonomía académica, económica y administrativa. Qué autonomía puede haber cuando las universidades eligen a sus autoridades y la SUNEDU les da el visto bueno final o las desconoce olímpicamente. Vale decir la entidad supervisora de la calidad educativa tiene la última palabra por encima de las decisiones internas. El diseño legal y el accionar de la SUNEDU desde su creación han afectado toda autonomía y han permitido la ostensible interferencia del poder político. Una ley que se pretende reformadora a partir del control de la calidad de la educación crea el organismo de control total de las universidades supuestamente autónomas. Y ese control es ejercido con mano férrea bajo la responsabilidad de quien fuera Ministro de Educación del humalismo y lo sigue siendo sin variar sus prácticas de dominio. No lo deberíamos permitir silenciando o desconociendo aspectos que son pruebas flagrantes que no se quieren ver.
Invito al lector a ingresar a la web del Congreso donde aparece el organigrama del Estado Peruano para los años 2012 y 2014, antes y después de la Ley Universitaria. En el año 2012 el Sistema de Universidades, Públicas y Privadas aparece en una columna entre Otros Organismos Autónomos. En el año 2014 las Universidades Nacionales aparecen dentro del Poder Ejecutivo, bajo el Ministerio de Educación. Según el art 17 constitucional las Universidades Públicas son titulares de pliego, ahora se subordinan al pliego de Educación. Las Universidades públicas ni siquiera pueden establecer su propia Visión y Misión porque deben adoptar la del Ministerio de Educación. Así estamos y aún hay quienes defienden esta supuesta reforma que atropella principios básicos de la universalidad de la educación universitaria.

Sin hablar del absurdo límite de los 70 años para la docencia que rige solo para las universidades públicas. Nuestro ilustre presidente PPK puede conducir los destinos del país y hacerlo bien pero no está legalmente facultado para dirigir una Escuela Profesional y menos aún una Universidad Nacional. Igualmente nuestro Premio Nobel con sus ochenta años de producción laureada y prestigiada no puede ser docente en una universidad pública. Los absurdos siguen pero no alcanza el espacio. Toca al Congreso rectificar y hacerlo con seriedad.    


¿SUEÑOS IMPOSIBLES?

  1. Publicado en Correo el 08 10 16

Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Unas las promesas y otras las concreciones. El discurso va por un lado y la realidad por otra. Y a nadie extraña. Estamos viendo dos proyectos de ley de PPK hacer su camino del sueño a la realidad. Uno presentado por Mercedes Aráoz contra la discriminación de género otro por Carlos Bruce para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Perú machista vive y acepta un trato diferenciado en perjuicio de las mujeres. La brecha salarial es del 32%. En otros países no han funcionado las leyes de promoción de la igualdad salarial de género y en el Perú ya existen normas –Leyes 26772 y 28983- que no se cumplen. Y algunos analistas advierten que buscar mayor eficiencia podría determinar que los empleadores opten por no contratar mujeres. Entonces no habría forma. Las mujeres ganan el 70 del sueldo de los hombres, y en algunas regiones el 50%. Araoz pretende que si pagan distinto a un hombre y a una mujer en puesto similar, expliquen los  factores que así lo determinan. No hay lógica en pagar diferente para un mismo puesto y esfuerzo. Pero es así.

Bruce quiere fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera con autonomía funcional, personería jurídica y su adscripción a la SBS de la cual hoy forma parte solo como unidad especializada. Así la UIF sería un organismo público descentralizado con personería jurídica y autonomía funcional con mayor capacidad para analizar, evaluar y transmitir información sobre operaciones sospechosas, sin riesgo de presiones, que siempre existen, especialmente para las acciones en la detección del lavado de activos. Y tendría discrecionalidad para compartir sus reportes financieros con los organismos electorales, algo que fue rechazado en la delegación de facultades al Ejecutivo. Excelentes proyectos. Suerte para ambos!