PERDIDA DE AUTORIDAD

Publicado en el diario Correo el 09 05 15

 

 

Por la denuncia de Correo y Correo Semanal sabemos que la DINI rastreó masivamente objetivos del gobierno a escala inédita. 322,000 búsquedas para acceder a información confidencial o reservada respecto de todo opositor posible incluyendo a las propias filas. Algo que solo puede obedecer a una mentalidad totalitaria o de control total que solo se ha visto en los fenecidos regímenes del este o en las peores dictaduras latinoamericanas cuyo tiempo ya pasó. Bien señala Mauricio Mulder la diferencia: el actual gobierno modificó la estructura de la DINI para darle al Presidente de la República su conducción directa y funcional por lo cual sus decisiones y acciones asumen carácter esencialmente político. La censura a Ana Jara no se reflejó en rectificaciones ni enmiendas. Muy grave.

Ello mientras la administración nacionalista da manotazos de ahogado y nadie sabe lo que realmente quiere. Le quedan 13 meses al frente del Estado pero no hay fiabilidad en sus actos ni seguridad de que les preocupe la democracia y sus instituciones. Corren rumores de cierre del Congreso y nadie desmiente con energía algo que sería extremadamente dañino para el país que exige estabilidad y transparencia para reactivar la economía. La palabra clave es confianza, en las antípodas de la incertidumbre que no ayuda a ningún paquete reactivador como el propuesto por el MEF.

A lo que se agrega la conflictividad social. Tía María escapa al manejo del gobierno, el dialogo o el acercamiento no dan resultados y lo peor las posiciones irreductibles demuestran que no hay autoridad que señale el camino más allá de la represión que deja muertos y heridos. ¿Cómo mejorar el ambiente político y social entre espionaje masivo, ataques presidenciales, rumores desestabilizadores y represión policial? Lo peor que puede pasar es lo que está pasando: la pérdida de autoridad, que los ciudadanos dejen de reconocer al gobernante como tal lo que suele ser la antesala de la pérdida del poder. Humala se dedica a vender los programas sociales -que nadie está impugnando- y a publicitar a su esposa mientras que exacerba ánimos y deja el manejo político en automático apostando a la distracción ante las denuncias e investigaciones que los alcanzan. Toca la respuesta a la oposición congresal que deberá dar seguridades de que aún tenemos autoridad en el país. Esperemos.

EL ESTADO DE DERECHO

NO ES UN LUJO

Publicado en Portal Punto de Encuentro 08 05 15

 

El imperio de la ley, la subordinación al Derecho es una necesidad del desarrollo de una sociedad y de una nación, no es un lujo ni un capricho, es el indicador de la madurez cívica y moral de un país. Esto hace importante que todos luchemos contra la transgresión legal que degenera en criminalidad y corrupción. Más aún cuando en nuestro continente vemos tan desigual performance sobre el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos.

El ascenso de la criminalidad, del tráfico de drogas, de armas y de personas es un flagelo creciente que redunda en altísima inseguridad que erosiona la democracia. El primer derecho del ser humano es a la vida y la primera obligación del Estado es la protección y la seguridad a los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos. Esa es la lógica y la cuestión sustancial que legitima toda autoridad, toda capacidad y toda posibilidad de obedecer a quienes nos gobiernan.

Cuando Ollanta Humala fue elegido Presidente un factor esencial de su legitimidad fue que en su calidad de ex militar daría a la inseguridad ciudadana y a los consecuentes temores una solución institucional para que todos nos sintiéramos más protegidos y a salvo. Pero transcurridos casi 4 años de gobierno la situación se ha agravado. El régimen democrático no ha aportado tal solución y el gobierno y las instituciones se vienen deslegitimando bajo el fuego cruzado de la crítica y el descontento. Si no hay eficiencia el círculo vicioso se instala contra el imperio de la ley está que debe estar por encima de la voluntad de cualquier individuo o grupo de individuos. Es ahí donde las rupturas, las ambiciones y las corruptelas se hacen posibles.

Frente a eso debemos fortalecer al Estado y no justificar derivas autoritarias para poner orden. El respeto constitucional es una garantía y no un capricho. Por eso la mayoría parlamentaria y los partidos democráticos esperan que el presente régimen culmine su periodo sin que ello signifique aceptar chantajes ni imposiciones como el rumor de un posible cierre del Congreso que los oficialistas han puesto a correr para presionar una delegación de facultades legislativas extraña para un gobierno en su último tramo. Se afirma que Pablo Cateriano -que hábilmente logró la investidura congresal para su gabinete- haría cuestión de confianza para que dicha delegación de facultades sea concedida. Si no es así el Congreso estaría bajo amenaza de disolución constitucional al obligar a la renuncia a dos primeros ministros.

Esto forma parte de la incertidumbre que el gobierno -a comenzar por el mismo presidente Humala- parece estar buscando con sus ataques y exabruptos. Esperemos que nuestros congresistas democráticos sepan manejar la situación dando tranquilidad a los ciudadanos ya exacerbados por la ineficiencia y la incapacidad en el actual régimen. La incertidumbre podría degenerar en una situación caótica y de descontrol que nadie desea y no nos merecemos.