EL ESTADO DE DERECHO

NO ES UN LUJO

Publicado en Portal Punto de Encuentro 08 05 15

 

El imperio de la ley, la subordinación al Derecho es una necesidad del desarrollo de una sociedad y de una nación, no es un lujo ni un capricho, es el indicador de la madurez cívica y moral de un país. Esto hace importante que todos luchemos contra la transgresión legal que degenera en criminalidad y corrupción. Más aún cuando en nuestro continente vemos tan desigual performance sobre el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos.

El ascenso de la criminalidad, del tráfico de drogas, de armas y de personas es un flagelo creciente que redunda en altísima inseguridad que erosiona la democracia. El primer derecho del ser humano es a la vida y la primera obligación del Estado es la protección y la seguridad a los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos. Esa es la lógica y la cuestión sustancial que legitima toda autoridad, toda capacidad y toda posibilidad de obedecer a quienes nos gobiernan.

Cuando Ollanta Humala fue elegido Presidente un factor esencial de su legitimidad fue que en su calidad de ex militar daría a la inseguridad ciudadana y a los consecuentes temores una solución institucional para que todos nos sintiéramos más protegidos y a salvo. Pero transcurridos casi 4 años de gobierno la situación se ha agravado. El régimen democrático no ha aportado tal solución y el gobierno y las instituciones se vienen deslegitimando bajo el fuego cruzado de la crítica y el descontento. Si no hay eficiencia el círculo vicioso se instala contra el imperio de la ley está que debe estar por encima de la voluntad de cualquier individuo o grupo de individuos. Es ahí donde las rupturas, las ambiciones y las corruptelas se hacen posibles.

Frente a eso debemos fortalecer al Estado y no justificar derivas autoritarias para poner orden. El respeto constitucional es una garantía y no un capricho. Por eso la mayoría parlamentaria y los partidos democráticos esperan que el presente régimen culmine su periodo sin que ello signifique aceptar chantajes ni imposiciones como el rumor de un posible cierre del Congreso que los oficialistas han puesto a correr para presionar una delegación de facultades legislativas extraña para un gobierno en su último tramo. Se afirma que Pablo Cateriano -que hábilmente logró la investidura congresal para su gabinete- haría cuestión de confianza para que dicha delegación de facultades sea concedida. Si no es así el Congreso estaría bajo amenaza de disolución constitucional al obligar a la renuncia a dos primeros ministros.

Esto forma parte de la incertidumbre que el gobierno -a comenzar por el mismo presidente Humala- parece estar buscando con sus ataques y exabruptos. Esperemos que nuestros congresistas democráticos sepan manejar la situación dando tranquilidad a los ciudadanos ya exacerbados por la ineficiencia y la incapacidad en el actual régimen. La incertidumbre podría degenerar en una situación caótica y de descontrol que nadie desea y no nos merecemos.