APRUEBAN LEY DE IMPUNIDAD
El Ejecutivo acaba de aprobar la Ley 29703 que establece que los funcionarios públicos solo podrán ser sancionados penalmente cuando sus irregularidades hubieran producido un daño económico contra el Estado. La norma elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito y blinda a los funcionarios procesados por corrupción pues si bien ha endurecido las penas también ha hecho más difícil el camino para llegar a ellas.
Genaro Matute, el Zar Anticorrupción, nombrado por el presente gobierno, acaba de denunciar la aprobación de la Ley 29703 como favorable a la corrupción. La califica severamente como un retroceso en una lucha por la cual acaba de votar más de medio país.
Lo más triste es que mientras los corruptos mueven lobbies y dinero, el país se entretiene discutiendo el tamaño del Cristo del Morro Solar y los kilos de menos de Alberto Fujimori por cuya preocupación el Presidente Alan García deberá indultarlo. Sicosociales con los cuales los grandes medios desvían nuestra atención.
Las modificaciones que efectuó el Congreso al proyecto enviado por el Poder Judicial, gestión de Javier Villa Stein, favorecen a los funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores actualmente procesados por corrupción y a los que vendrán. Algo muy grave si recordamos que, además, las facultades sancionadoras que le fueron otorgadas a la Contraloría sólo entrarán en vigencia desde el 2012 hacia adelante y no para acciones anteriores.
Eliminar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción implicará que los sentenciados podrán cumplir sus penas reducidas gracias a beneficios penitenciarios y que les será posible retornar al Estado a seguir depredando.
Eliminar la obligación del funcionario de demostrar patrimonio bien habido significa que se le facilita la evasión de responsabilidad. Haber incluido en el artículo 384 del Código Penal la precisión de que un acto de colusión se produce sólo cuando hay daño económico al Estado pone la carga de la prueba en la Fiscalía la cual mientras investiga ve pasar el tiempo hasta que cumplidos los plazos, muy rígidos en temas anticorrupción, se termina la posibilidad de sancionar. Si la Colusión solo se produce cuando hay daño patrimonial al Estado, el daño hay que probarlo y demostrarlo lo cual no es fácil pues bien sabemos que por las comisiones no se entrega recibo. Y si no se llega a probar la colusión no hay sentencia sino una simple llamada de atención o cualquier sanción administrativa inferior.
Es el momento de demostrar la voluntad política para luchar contra la corrupción. Corresponde a la bancada del Presidente electo Ollanta Humala lograr que se derogue la Ley 29703 y aprovechar la oportunidad para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Caso contrario estaríamos aceptando una sensible ineficiencia en el marco jurídico aplicable a esta tan reclamada lucha ética.
