¿LA
ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA
EN RIESGO?
En Político.pe del 9 de diciembre del 2017
El escenario se llenó de rumores y de furia. El
juez Richard Concepción
Carhuancho volvió a golpear al autorizar el allanamiento de los dos locales de
Fuerza Popular.
El magistrado ha sido implacable al ordenar
prisión preventiva contra un ex presidente de la República y su esposa, contra
cuatro importantes ejecutivos de las empresas que trabajaron con Odebrecht y
ahora al autorizar el allanamiento de dos locales del fujimorismo. En estas
turbulentas decisiones no han pesado las amistades, las influencias y las
presiones políticas y económicas. Dictaminó el ingreso de la policía a
pedido del fiscal a pesar de la previsible reacción de la poderosa bancada
congresal naranja.
Las calles lo aprueban, piensan que estamos en un Perú diferente
por el impacto que causa ver, como nunca antes, a integrantes de los sectores
más altos en la política y en la empresa tras las rejas.
¿Nos espantamos porque están presos los poderosos? ¿Nos molesta
que la corrupción esté siendo sitiada por jueces como Carhuancho?
Ante el imaginario
popular este juez trata a todos por igual sin importar los apellidos y el
dinero. Tiene la audacia y la valentía que se requiere en un Poder Judicial
donde siempre hemos visto magistrados pusilánimes por no decir con un precio
determinado por la misma corrupción que deben combatir.
Pero el fujimorismo no
conecta con este sentimiento, la indignación por la afrenta de verse contra las
cuerdas lo ha llevado a invocar la lógica de la guerra al considerar el
allanamiento como un atropello y una represalia por la investigación contra el
Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La respuesta excesiva y la sobreactuación
política estaría indicando temor a lo que viene.
Hay que dejar dicho que
la prisión preventiva debe ser excepcional y nunca banal. Bertolt Brecht dejó
para la reflexión que cuando el abuso, no detenido a tiempo, llega a nosotros
puede ser demasiado tarde. El principio jurídico es seguir el juicio en
libertad y que solo haya prisión después de la prueba de culpabilidad. Más aún
teniendo en cuenta que la cantidad de presos con prisión preventiva se va
haciendo grande en penales ya superpoblados.
No debemos, por tanto,
banalizar la prisión preventiva y sí exigir que toda acción judicial sea
justificada. Incluyendo la orden de allanamiento de los locales fujimoristas.
Pero no es el debido proceso el que está en cuestión pues hasta ahora ha sido
respetado. Lo que produce temor es lo que se viene cuando en enero
próximo la delación de Jorge Barata ponga al país, con sus altos mandos
políticos y empresariales, en el ojo mismo del huracán y sin duda alguna ante
la prueba mayor para nuestras frágiles instituciones. Grave momento que podría
alcanzar la estabilidad misma de la democracia, como amenazó indignada la
congresista fujimorista Cecilia Chacón. ¿A qué se refirió? ¿A la vacancia
presidencial posible?
El fujimorismo repite
que no quiere vacancia presidencial pero su allegada Vilcatoma pide la renuncia
de PPK mientras comienzan a cercarlo con la citación a su esposa Nancy Lange.
No tranquiliza para nada la inmediata reacción
presidencial en defensa del debido proceso y por el respeto a reglas de juego
cuando éstas no están en riesgo. Por ahí no es. Lo que el país exige es una
respuesta de fondo que proporcione real tranquilidad antes que la situación
se salga de control y los naranjas, muy ofendidos, se decidan por denunciar al
presidente por “incapacidad moral”. No olvidemos que tienen sangre histórica en
el ojo.
