UNIVERSIDADES
BAJO PRESION
El Tribunal
Constitucional declaró la constitucionalidad de la Nueva Ley Universitaria, N° 30220 y abrió la caja de Pandora.
Imposible aplicarla cuando gran parte de los afectados la cuestiona como
violatoria de la autonomía universitaria. La verticalidad con la que ha sido
elaborada, procesada y aprobada tiene un alto costo en un país con
instituciones frágiles. El autoritarismo no paga y la imposición agrava el
asunto. La amenaza viene a través del presupuesto, obedecen la ley
intervencionista o no tendrán dinero. No importa que se paralicen más de 24
universidades del país y cierren sus puertas por falta de dinero. La Constitución da
autonomía a las universidades para su gobierno y elección de autoridades pero la
ley ha interrumpido caprichosa y abusivamente los plazos legales de rectores
elegidos con plazos determinados. La SUNEDU los obliga a que renuncien a su cargo y a su rebeldía. Lo más
grave, ha convalidado la Superintendencia Nacional de Administración
Universitaria (Sunedu) abriendo una etapa de rechazo cuando estamos para
finalizar el año académico.
Todos queremos mejor educación universitaria, con entidades
acreditadas pero ello no se logrará con abuso y prepotencia. Los docentes
universitarios laboran por propinas mientras se reclama calificación de
doctorados y maestrías. A esos presupuestos insultantemente exiguos se agrega
la presión que significará que el Ministerio de Educación maneje las
universidades mediante intervenciones, interferencias y sanciones burocráticas en
las antípodas del espíritu libre. La ley está identificada con el criterio
militarista y vertical de su mentor e ideólogo el general Daniel Mora.
¿Y ahora que viene? ¿La rebeldía que paraliza y se
penaliza?¿La defensa irreductible de los principios? Una comunidad
universitaria en la oposición, en defensa de la libertad, seguirá invariable aunque
no podrá evitar afectar a trabajadores, estudiantes y profesionales de su
comunidad.
Hasta el jefe político de Mora, Alejandro Toledo, ha rechazado la
intromisión arbitraria que significa destituir de su cargo a los rectores elegidos
y se deben a sus electores. "No
se puede violar la autoridad académica, no se puede implantar un régimen
autoritario como si estuviésemos en los cuarteles, no se puede arbitrariamente
tratar de terminar a los rectores para los periodos que han sido
elegidos y sacarlos prematuramente, eso rompe todo el estado de derecho".
Más claro no puede ser.
El Tribunal Constitucional no ha resuelto el problema político y jurídico, lo
ha agravado. Solo queda que el Congreso de la República tome cartas en el asunto y modifique o derogue esta Ley a ojos vista violatoria de la Constitución, caso contrario el nuevo gobierno les enmendará la plana.