PACTO SOCIAL 

CON PROBLEMAS

En Correo, el 21 de abril 2018

Martín Vizcarra ha entrado con buen pie a esta nueva etapa política de esperanza y moderación para la estabilidad política. El conflicto de poderes que vivimos desde el 28 de Julio 2016 hasta el 23 de Marzo 2018 parece quedar atrás. En mensaje corto pero convincente puso las prioridades más sentidas, la lucha contra la corrupción, la educación, la estabilidad institucional y la recuperación de la gobernabilidad. 

"Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador" Esta frase es todo un programa de gobierno que implica hacer política permanente y legitimarse ante el pueblo. Y lo está haciendo con un nuevo estilo de encontrarse con la gente y de viajar al interior, algo que los últimos presidentes olvidaron hacer. Bien por el Ejecutivo pero en el Legislativo la historia es diferente. Fuerza Popular ya no es la superbancada que fue y sus líderes están despintados, los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino del poder. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko disminuyó ostensiblemente su aprobación. Todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción. Las turbulencias están en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura. Y están obligados a darlo.

Vizcarra pide diálogo con un gabinete de técnicos no de políticos, con operadores que conocen su sector. Pero el telón de fondo, el factor que no está funcionando es la justicia que altera o determina la política. El Poder Judicial marca malamente el paso sin dar confianza en jueces y fiscales que juegan con penas y libertades. Por ahí falla el posible pacto social. Los desaciertos son severos. Generan injusticias claras y descontento absoluto. La judicialización de la política desestabiliza. Lamentablemente.

LA JUDICIALIZACIÓN 

DE LA POLITICA

En Político.pe el 20 de abril 2018

El Poder Judicial está bajo los reflectores. Todo el país está descontento y es ácidamente crítico con sus resoluciones y sentencias. Dentro del clima de armonía y diálogo que Martín Vizcarra se empeña en instalar en el país -en la búsqueda de la estabilidad que le permita conseguir los objetivos trazados- jueces y fiscales parecen ir a contracorriente. Juegan en pared con un Congreso que ha perdido credibilidad después de los kenyivideos instigados por Fuerza Popular. Los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko con su aprobación disminuida. A lo que se agrega que todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción lo que hace que las turbulencias se afinquen en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura.

En el sistema judicial se multiplican las incoherencias que generan desconfianzas absolutas. En especial en asuntos que tienen que ver con la política activa, con la corrupción, el terrorismo o la delincuencia, que flagelan a la sociedad. En todos estos frentes abundan ejemplos de decisiones judiciales inexplicables o donde la sospecha de la prevaricación o el pago bajo la mesa están presentes. La justicia que tenemos es el flanco más débil e inoperante de la democracia que queremos preservar. No exhibe ni independencia ni consecuencia, es insuficiente, parcial, sesgada o politizada cuando no corrupta.

El juez virtuoso que se basa en méritos, que exhibe criterio autónomo y credibilidad ganada decisión tras decisión no existe en nuestro país. No lo vemos. Más bien se ven -con honrosas excepciones- magistrados que son la antítesis del modelo que necesitamos.

La politización de la justicia es la mayor debilidad que debemos enfrentar. El poder de jueces y fiscales para actuar sobre su contraparte legislativa y ejecutiva es real pero no responde a ninguna legitimidad, más bien se generaliza peligrosamente el rechazo a sus desaciertos. Y con ello la urgencia de una reforma que hasta ahora ha sido históricamente esquiva o imposible. 

En el 2004, Hugo Sivina, como Presidente de la Corte Suprema intentó con un Pacto por la Justicia llevar adelante una reforma a partir de audiencias en todo el país. Tuvimos el honor de acompañarlo junto a Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio y de constatar el ferviente reclamo de cambio de la justicia. Han pasado casi quince años y jueces y fiscales siguen ejerciendo mal su poder sin contrapoder ni limitaciones. El asunto es quién podrá ponerle el cascabel al gato.

PD: Mi homenaje y mi recuerdo para el gran magistrado que fue Carlos Giusti Acuña, muerto en el rescate de la residencia del Japón tomada por el MRTA. Honesto e íntegro fue un juez modelo, de los que tanto necesitamos hoy en día. Honor al honor.