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EL DERECHO A LA VIDA

ES LA PRIORIDAD

En Correo el sábado 11 de Julio 2020

Vamos subiendo en el concurso de los países que peor manejan la pandemia por COVID. Estamos en el quinto lugar con cifras aterradoras, invisibles para Martín Vizcarra y su gabinete de expertos. Lo peor es banalizar el drama, mirar a otro lado, extender cortinas de humo, desviar la atención de lo que vivimos y de lo que viene. El más importante es el derecho a la vida y su defensa el primer deber político, económico y social. La democracia lo acoge constitucionalmente como consigna obligatoria. En este momento, de altísimo riesgo y peligrosidad, los contagios avanzan indetenibles dejando dolor y lágrimas para cientos de miles de familias. Y el gobernante decide confrontar con el Congreso. En esta coyuntura aterradora recurre a lo que le antes le permitió popularidad. No piensa en la unidad del país para afrontar lo peor, provoca nuevamente al Congreso. Cuando toda su atención debe estar puesta en salvar vidas, en mejorar la asistencia salud, en atender la informalidad desbordada por desesperación, genera una crisis política ideal para que se olvide el desfile de féretros y las angustias en las puertas de los hospitales. No hay camas UCI para nadie, ni en MINSA, ni en ESSALUD e increíblemente tampoco en las clínicas privadas. Con dinero o sin dinero el enfermo grave muere mientras el país discute la inmunidad. Desatendemos el genocidio sanitario de hoy y el que vendrá agravado por desempleo, hambre, enfermedades, quiebras y falta de lo indispensable para vivir para millones de pobres o que vuelven a la pobreza. La torpeza debe tener límites, los intentos de autocracia también. Que muchos medios no reflejen lo que sucede por supervivencia económica no desaparece la responsabilidad por el maquillaje de cifras y el desvío de atención a temas que son menores ante la muerte. La complacencia es inadmisible, la banalización cruel e irresponsable

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TENEMOS DERECHO A SABER

En Correo el sábado 6 de Julio 2020

Estamos viviendo el momento más difícil de nuestro país y de nuestra sociedad, una etapa que pasará a la historia como muy dolorosa. Somos testigos excepcionales y la información que dejaremos son las lecciones de lo que aprendimos, de lo bueno y lo malo que hicimos o dejamos de hacer para proteger la vida como primer derecho humano. Tan importante como eso, vamos generando la memoria colectiva que debe ser preservada a toda costa.  Pero este gobierno no lo asume como obligación y manipula la información desde la publicidad oficial o de las ayudas económicas a las empresas mediáticas afectadas por la crisis. Los medios no son iguales a otras empresas, trabajan con la conciencia social y deben guardar independencia de los poderes políticos y económicos para estar en capacidad de denunciar lo denunciable como la malversación de fondos del Estado, o el número falseado de fallecidos o los errores en el manejo de la pandemia y sobre todo no exaltar por consigna liderazgos inexistentes. Tenemos derecho a saber la verdad. Es inadmisible que el hackeo al diario Expreso, que se esfuerza por dar a conocer disidencias con el pensamiento único y críticas al manejo sanitario y económico, no haya motivado mayores protestas. Necesitamos conocer los números reales y rechazar las distorsiones y para ello están las libertades de prensa y de expresión que integran el derecho a la información. Pero su defensa ha estado ausente o con volumen inaudible. La democracia deliberativa admite todas las opiniones sin demonizar a críticos o adversarios. El

hacker contra Expreso quiso también destruir dos décadas de su archivo periodístico. Podemos estar en desacuerdo con los contenidos que difunde pero no con su derecho a exponerlos más aun en tiempos en que personajes ineptos actúan contra nuestro derecho de registrar la historia real y  mantener la memoria del riesgo que debemos superar hoy y mañana.