sábado, 1 de julio de 2017


LA CRISIS 

DE CONFIANZA


Diario Correo el 01 julio 2017

Yo te grabo tu me grabas, cuídate de lo que dices porque te pueden estar grabando, habla para las tribunas no sea que un audio clandestino difunda lo que creías hablar en reserva. Este es el ambiente en que estamos viviendo con la confianza destruída y la autoridad mellada por ilegales interferencias telefónicas y negociaciones en la trastienda. Un entorno creado y alimentado con lógica perversa para aceptar lo clandestino e ilegal como condición para que prospere y gane titulares la crítica ética.

¿Qué democracia representativa puede funcionar sin confianza en sus líderes e instituciones? De esa dimensión es el daño que un alto funcionario, irresponsable, sin compromiso de interés público y sin ética, como el Contralor Edgar Alarcón, deja como legado. Lamentable que no quede duda que ha sido él, o su gente, quienes han grabado las diversas reuniones en que su presencia es el elemento común.

El malestar de la ciudadanía es patente con los políticos y las instituciones y hasta con el sistema democrático contaminado por las sospechas. Y quien debería defender un sistema de control impecable y necesario es quien lo está quebrando con una crisis que pone a todos bajo recelo del lobby permanente.


No hay quien defienda el interés social ni quien maniobre políticamente y de buena fe. Todos reciben la sanción de la duda y la suspicacia dejando poco espacio para el diálogo y el entendimiento. Así se alientan los extremos y los radicalismos que no llevarán a nada bueno. 

Esperamos una lucha consecuente y absoluta contra la corrupción pero vamos en sentido contrario. Con la impunidad subsistente y un equipo de gobierno lesionado perdiendo inexorablemente el apoyo y la esperanza. No contar con esa “institución invisible” que es la confianza impide construir algo mejor en común. Es esa la mayor catástrofe. Y si somos incapaces de verlo es aún peor.
ESCLAVITUD 

SIGLO XXI


En Político.pe del 30 de junio 2017


Como si no tuviéramos suficiente con la crisis de confianza desatada por los audios que lesionan fuertemente autoridades y gobierno, conocemos los detalles de la lamentable tragedia del incendio de la galería Nicolini. Y son circunstancias que colocan al Perú en un escenario medieval de explotación del ser humano justo cuando se pretende que estamos a  las puertas de ingresar a la OCDE, el gran club de los países desarrollados del siglo XXI.
                        
Las siete plagas de Egipto han caído sobre nosotros y nos interpelan como nación que se pretende democrática regida por un Estado de Derecho que tiene en la trastienda y de la manera más oculta la violación total de los valores y los principios que rigen a toda sociedad que avanza hacia el bienestar y el progreso. El respeto a la vida y la búsqueda de la seguridad son la única justificación para obedecer leyes, organizarnos en un Estado y apoyar a nuestras autoridades elegidas por sufragio popular.
 
Lo sucedido afecta absolutamente nuestra proclamada calidad de sociedad avanzada y progresista. Dos jóvenes han muerto calcinados en una trampa que solo podríamos encontrar en sociedades bárbaras. Encerrarlos durante doce horas como animales para producir, sin derechos ni libertades fundamentales, no es una trasgresión a una ley, es un crimen alevoso que nos retrotrae a las épocas más salvajes del capitalismo donde la ambición por la ganancia descartaba todo prurito de humanidad y legalidad.

¿Es este el alto precio que estamos pagando por la informalidad y la corrupción? El todo vale que la prensa denuncia en voz alta, señalando responsabilidades de autoridades que no se sienten parte del drama. Ni el alcalde de Lima ni los ministros cuestionados parecen convencidos de poder superar las condiciones de lo sucedido, lo ineluctable flota en el ambiente como amenaza y aceptación de nuestras debilidades y vulnerabilidades. Y si agregamos el acomodo y la impunidad tenemos el cuadro de una sociedad en involución ética, que convive con la barbarie y la insensibilidad aceptando bolsones donde no funcionan ni leyes, ni instituciones ni gobierno.

Un drama nacional de terribles consecuencias aunque no haya responsables políticos ni institucionales. Por mucho menos los Estados llegan a ser considerados fallidos.

Necesitamos extraer lecciones de tan grave experiencia para lograr evitar cumbres de horror, para no descartarlas como mensajes que no llegan. Que la opinión pública exija a gritos no garantiza nada,  ni mejorar gestiones ni impulsar cambios normativos, administrativos o de educación para que lo vivido no se repita. La fiscalización se predica pero no se aplica y por las omisiones nadie responde.

La desgracia ha permitido detectar establecimientos ostensiblemente inseguros, propicios para que este tipo de tragedias se repitan en otras galerías del centro o en el centro empresarial Gamarra, a pocas cuadras de los palacios Ejecutivo y Legislativo. No hablamos de sitios lejanos e inhóspitos sino de la capital del país donde debería darse un nivel mínimo de seguridad y respeto a la vida.

En las antípodas del progreso que se nos promete nos damos de bruces con la esclavitud del siglo XXI, con el desprecio al ser humano y de ello gritan las cenizas de dos jóvenes que trabajaban por tres dólares diarios y la única libertad que tenían era la de morir calcinados. ¿Nadie escucha?

Tiempos de aceptación o de indiferencia resignada son tiempos de oscuridad donde los fantasmas y los miedos gobiernan la imaginación y avanza la desconfianza que impide la solidaridad y todo proyecto de bienestar común. ¿Así estamos?