QUE COMIENCEN
LOS
JUICIOS ORALES
En diario Exitosa el domingo 5 de abril 2019
El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción
que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo
éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos
dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para
que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a
las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana
descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.
El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo
Kuczynski marcan un antes y un después para
los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con
ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de
las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud
democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar
los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas
y obtener una sentencia bien fundamentada
y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los
culpables con su sentencia en la mano.
De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces
y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las
garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia
y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento
corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales
formales.
Eso implica más presupuesto para las investigaciones
de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible
el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político
de frases contra la corrupción y sin embargo no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que
clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos
del local en que trabajan por no pagar el alquiler.
El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César
Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al
facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que
existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las
diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si
queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el
chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a
la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia
ejecutoriada como dice la Constitución.
Las medidas cautelares están para fortalecer la
justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las
pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas,
que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen
esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos
intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por
imposibilidad legal de reelección.
Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique
Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes,
todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su
juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava
Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto
a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con
autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único
sustento en democracia.
