QUE COMIENCEN 

LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa el domingo 5 de abril 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.