LA CARTA

Crónica publicada en Político.pe el 20 de noviembre 2018

Alan García en movida política inesperada dirigió una carta al presidente uruguayo Tabaré Vasquez, para solicitarle asilo diplomático hasta que cese el clima de persecución política en el Perú. Acusó al presidente Martín Vizcarra y a su primer ministro, César Villanueva, de "arrinconar" a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para "entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno". En esta línea argumentó la inexistencia de "fiscales ni jueces naturales o imparciales". 

"En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigativos extremando abusivamente sus atribuciones".

Párrafo clave cuya argumentación se basa en los innegables excesos orales de Martín Vizcarra y en los procedimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial que han hecho de la pena preventiva una acción generalizada sin considerar su excepcionalidad consagrada por el Tribunal Constitucional. Y la aplican incluso en casos en que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia.

García ha sabido aprovechar esta situación que ha presentado como peligro de detención sin actuación de pruebas, solo con hipótesis. Pocos dudan de que eso iba a suceder desde que de testigo pasó a ser imputado sin mayor transición que una audiencia suspendida para ampliar las investigaciones debido a una nueva prueba aportada por IDL Reporteros ese mismo día. La maniobra fue considerada por muchos como una trampa inteligente del fiscal Domingo Pérez. Ya lo tenían en territorio peruano y no lo dejarían salir. Y antes de que la orden judicial de inamovilidad de García se concretara ya el gobierno de Vizcarra había ordenado el cierre de fronteras en un exceso de prolijidad que usaría el ex presidente para fundamentar su persecución.  

García ha argumentado en todos los tonos su inocencia debido a que en las declaraciones bajo juramento del mandamás Marcelo Odebrecht y en las de sus altos funcionarios figura que “Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito” y nunca mencionaron montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. De ahí sus argumentos para deslindar con los casos de los ex presidentes Toledo, Humala y PPK todos vinculados a Odebrecht directamente. A sabiendas de que la conferencia por la que pretenden perseguirlo, no fue contratada por la empresa megacorruptora y se realizó en un momento en que nadie la censuraba como sucede ahora.

Y ahora puede decir con más razones que desde que dejó la presidencia en el 2011 ha enfrentado múltiples acusaciones, sin que se hallara evidencias y que solo buscaron la "destrucción sistemática y periodística" de su imagen política. El impedimento de salida del país por 18 meses, dictado por el Poder Judicial, le cayó como anillo al dedo para probar el uso exagerado y político de los procedimientos.

Alan García indicó que tras el autogolpe de Fujimori, pidió asilo a Colombia pero que hoy la situación es similar. A una trampa respondió con otra. Mientras contentaba preliminarmente a sus detractores con sus frases de allanamiento a su permanencia en el país estaba organizando una estrategia alternativa que ha puesto en jaque al gobierno de Vizcarra.  

La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez está por verse pero las apuestas van por la aceptación. La carta de AGP bien redactada y mejor estudiada deja sentados aspectos que cuestionan la independencia de poderes en el Perú. Para abundar Vizcarra ha intervenido al comunicarse con el presidente uruguayo. Y ahora que aceptó las reglas del juego deberá otorgar el salvoconducto para que García Pérez abandone el país.

A la ausencia de pruebas se suma el criticado informe del Congreso del 9 de Noviembre de este año, elaborado por la Comisión multipartidaria Lava Jato, que precisa que “No existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan Garcia con los temas investigados”. Contundente para cualquier gobierno extranjero que no está inmerso en la indignación social generada por la impunidad de la corrupción.

Seguramente el gobierno uruguayo dará el asilo a AGP y ojalá se asimile la lección. No basta con el discurso ni con la proclama del equilibrio de poderes. Hay que entender que los partidos políticos no pueden ser tratados como organizaciones criminales. Que no se puede interferir con las instituciones autónomas y menos avasallarlas en busca de popularidad. Que no se puede jugar con la libertad de los imputados a quienes no se les ha probado su culpabilidad. 

Sean quienes sean, adversarios o aliados, las garantías de la justicia son para todos y dan forma a la democracia y al Estado de Derecho. Nadie quiere la impunidad de los corruptos pero hay que sentenciarlos debidamente en juicios. Nada de azuzar a las multitudes, el circo romano es primitivo y debe quedar en la historia. En una democracia madura que respeta la ley necesitamos trabajar con razones y dejar de manipular emociones.

PRISION 

PREVENTIVA

Mi columna HOJA DETIEMPO publicada el 17 de noviembre 2018

La larga obra de teatro se titula Prisión Preventiva. El gran tema de conversación se llama Corrupción con Lava Jato. Los actores principales el Fiscal Domingo Pérez y el juez  Richard Concepción Carhuancho  que ordena sin miramientos entre 18 y 36 meses de prisión contra grandes políticos como Keiko Fujimori y sus asesores, o ex presidentes como Ollanta Humala o grandes empresarios como Graña y Montero. La gente celebra mientras muchos ven con temor las garras de esta justicia “preliminar” aplicada mientras llega la acusación fiscal y el juicio correspondiente.

Con la prisión preventiva no se imparte justicia solo se cuida que el imputado esté a la hora del juicio, que no escape y no dificulte el proceso. Pero el Fiscal establece un delito posible, no probado y sobre él seguirá todo lo que vendrá en materia procesal. Sin presunción de inocencia y sin aplicar el art. 290 del CPPenal que dispone prisión domiciliaria para el imputado mayor de 65 años con una grave enfermedad. Precaución plausible porque el no sentenciado encarcelado puede fallecer en el penal y no llegar nunca al juicio. Pena de muerte informal en penales atestados por preventivas que hoy son la regla a pesar que para el Tribunal Constitucional deben ser la excepción. 

Sea quien fuere al imputado le asiste la presunción de inocencia y solo se le puede despojar de su libertad por sentencia. Pero como las multitudes reclaman que los corruptos entren en paquete a las cárceles el juez y el fiscal están bajo presión social y mediática. Ambos especulan sobre los delitos, las penas posibles, la posibilidad de obstrucción a la justicia o el riesgo de fuga. Atienden a los colaboradores eficaces que señalan culpas como deporte autodefensivo. 

La eficacia depende de la corroboración. No hagamos un cliché de ellos, tampoco de las suposiciones. Exijamos acusaciones fiscales en regla si queremos justicia con garantías.