DE LA JUSTICIA
A LA POLITICA
Hasta el concepto de política está en entredicho
después del mensaje en que Alberto Fujimori pide perdón a su hija encarcelada
por el daño que ésta le ha producido. No tiene razón, la política bien
entendida y mejor ejercida es una actividad digna y de servicio que persigue el
bienestar colectivo. Solo aquella que persigue el poder por sí mismo aparece contaminada
con las ambiciones desenfrenadas, el dinero y las prebendas que la emparentan
con la delincuencia y la inmoralidad que hacen daño.
La impunidad de los grandes está en esta línea de toxicidad
social. No la soportamos y con el presente mega escándalo estamos viendo saltar
todas las alarmas. La indignación es general y el clamor es la lucha contra la
corrupción ubicua. Por eso ahora tenemos la judicialización de la política o la
política judicializada con un fuerte impacto social al punto que para nadie
está permitido ignorar la variable judicial. Ella nos lleva al extremo de ver la
impartición de la justicia como instrumento político. Y a nadie extraña que
cundan temores que motivan ataques y defensas como viene sucediendo con el Fiscal
de la Nación Pedro Chávarry.
Una noción básica en democracia es imponer controles
jurídicos al poder político en defensa de los derechos y libertades, pero ésta
solo funciona si se gobierna en forma democrática. Si el ejecutivo elegido no perturba
las funciones legislativas ni las judiciales. El estado de derecho obliga al
gobierno a respetar las reglas básicas del juego. La idea es que jueces
ilustrados y abiertos a la deliberación racional contengan o limiten los
impulsos autoritarios de los políticos que integran los demás poderes del
Estado.
Pero el protagonismo de jueces y fiscales que apuestan
a las primeras planas un día sí y otro también es una noción presente. Su
relevancia depende del contexto en el cual
operan. Según la cultura cívica de derechos y libertades y la fortaleza
de partidos políticos o coaliciones de gobierno ellos desempeñarán un rol
decisorio como está sucediendo. Y al responder a quienes exigen a viva voz y en
las calles cárcel y castigo para los corruptos, la magistratura reacciona con el
uso extendido de la coerción. Olvidan que la dimensión represiva corresponde a
las formas más primitivas del derecho, aunque en la lucha contra la corrupción aparezca
como elemento esencial para desterrar la impunidad que nos agravia como país.
Pero no siempre las respuestas bajo presión social,
mediática o política son las adecuadas. Está en juego la tentación de
protagonismo de algunos jueces, fiscales y procuradores desde un prestigio que
puede ser temporal pero muy útil para ingresar exitosamente a la política. Sucedió
con Yeni Vilcatoma en nuestro país y está sucediendo con el famoso juez
brasileño Sergio Moro que ha aceptado ser Ministro de Justicia en el gobierno
de Jair Bolsonaro, el gran beneficiado de su cacería contra Lula.
Moro fue elogiado
como el justiciero que Brasil necesitaba, fue el instructor de 'Lava Jato' que
asumió un perfil político como lo tienen ahora el fiscal Domingo Pérez y el
juez Concepción Carhuancho. Una situación que podría poner en riesgo la
independencia de la judicatura respecto de los otros poderes del Estado.
No olvidar que en democracia es indispensable dotar de
un mínimo de autonomía a jueces, fiscales y procuradores y bregar por su independencia
para no regresar al derecho a su etapa más primitiva, la de la ley represiva
absolutamente subordinada a la política.
La historia de América Latina ofrece ejemplos de estos
riesgos. En los años noventa órganos encargados de controlar la Constitución
fueron intervenidos por gobiernos como el de Carlos Menem que aumentó el número
de jueces de la Corte Suprema para asegurarse una mayoría de partidarios lo cual
fue reproducido por los Kirchner. O Alberto Fujimori que en el lesivo 5 de
abril intervino el Poder Judicial y posteriormente destituyó a tres magistrados
del Tribunal Constitucional que dieron un fallo adverso a su reelección. Sin
olvidar a Hugo Chávez que obligó a la presidenta de la Corte Suprema a
renunciar a su cargo para asegurarse la mayoría en ella.
La lucha por la
autonomía puede ser amenazada por la judicialización de la política que puede acabar
con la independencia de la judicatura al transformarla en arena política.
Porque la otra cara de la moneda es la politización de la justicia que lesiona
la institucionalidad y la separación de
poderes inherente a la democracia.
En Brasil el supuesto implacable cazador de políticos corruptos,
Sergio Moro, acepta ser Ministro de Justicia de Bolsonaro. Un gesto que mancha su
imagen y lo hecho hasta ahora. Su justicia se convierte en acto político desde
que al poner en prisión a Lula libró al flamante presidente de su mayor
obstáculo electoral para alcanzar la presidencia.
Recordemos el paradigmático caso de Italia en los noventa
cuando el sonado proceso judicial derivó en la renovación de su sistema
político. ¿En el Perú cambiaremos el sistema de justicia o éste cambiará el
sistema político? ¿El cambio será para bien de la democracia y de la
independencia de poderes? ¿O no?
