LO QUE VA QUEDANDO CLARO
La indefinición alarma. A quienes satanizan a los que protestan y tildan al gobierno de débil porque no aplica la violencia para poner fin a la oposición e imponer sus puntos de vista. Y a quienes reclaman al gobernante por no mantener sus promesas y le exigen que cumpla con rechazar aquello que criticó como candidato.
Está en juego la gobernabilidad del país y la legitimidad del gobernante. No es opción entender que la movilización de rechazo a los impactos de la inversión minera se debe a pequeños grupos radicales que influyen en los pueblos y los manejan a su antojo. Lo que existe es desconfianza fundamentada de poblaciones y comunidades locales que ven cómo su único patrimonio colectivo es afectado para beneficiar a otros. Frente a esto se requiere acercamiento respetuoso y diálogo, nada de violencia ni de maniobras torpes como el encarcelamiento de los dirigentes.
No se trata sólo de solucionar un conflicto más. El gobierno se equivoca si cree que rechazado o viabilizado Conga todo habrá terminado. Esperan definiciones de fondo. En primer lugar hacer frente al mito de que la minería es la única fuente de progreso y que puede darse en cualquier lugar y de cualquier forma. Cuando se da debe ser bajo condiciones claramente establecidas, de lo contrario no hay minería responsable.
En segundo lugar ningún proyecto empresarial, social o político es viable sin la aceptación de la población. La consulta implica la renovación de la legitimidad y la prolongación del voto. El Gobierno no puede hacer caso omiso de la opinión, protesta y rechazo, de quienes ven afectado su hábitat y no aceptan el chantaje de que sin minería no hay inclusión social.
En tercer lugar dar el visto bueno a las inversiones mineras aceptando cualquier costo social y ambiental es parte del pasado. No se aprobó la Ley de Consulta Previa por gusto y hay que acelerar su reglamentación. Y los Estudios de Impacto Ambiental que se acepten deben ser insospechables de parcialidad, con idoneidad, para que no resulten dañados ríos, lagunas y cuencas involucradas. No aprobarlos de forma irregular porque las poblaciones no son tontas y se dan cuenta del daño.
En este delicado ámbito toda maniobra o disfraz agrava la desconfianza como con el Proyecto Conga. Y el resultado es la indignación en aumento. En adelante no será posible que el gobierno de ningún visto bueno a las inversiones mineras a cualquier costo social y ambiental porque hay un inmenso NO a la expansión indiscriminada de la minería.
Cuarto, la urgencia de la zonificación económica ecológica. El gobierno no puede eludir una Ley de Ordenamiento Territorial para que no se sigan dando concesiones sin planificación e indiscriminadamente.
Quinto, insistir en el diálogo escuchando y respetando la opinión de los gobiernos regionales, rechazando la mecida que enfurece y agravia. La minería sustentable es un compromiso político. Ollanta Humala debe abordar estas definiciones que inciden directamente sobre la gobernabilidad de su régimen, entendida no como gestión de conflictos sino como legitimidad colectiva y madurez institucional.
Atender la agenda sin esperar a que las calles la empujen, que los empresarios la eviten o el Estado la reprima. Escuchar es el primer paso para una verdadera inclusión social que se refiera no sólo a pobreza, también a descartar la marginación y el irrespeto a la dignidad.
