¿NO HAY
JUSTICIA
EN EL PERÚ?
En el portal Político.pe el 22 de enero 2017
A pesar de la valiente y
documentada investigación de Pedro Salinas y de los testimonios de las víctimas
el Ministerio Público acaba de archivar la investigación contra Luis Fernando
Figari, fundador
de Sodalicio, acusado de presuntos abusos sexuales lo que ha generado la
indignación nacional. Más aún cuando se sabe que la congregación
cristiana sigue teniendo
acceso a menores de edad en los colegios de su propiedad. En simultáneo el Contralor denuncia ante el Congreso que no se da un
trabajo coordinado de las instituciones encargadas de investigar el caso Lava Jato
El drama nacional es
la ineficacia de la justicia. La percepción es que ella no existe en nuestro
país. Edgar Alarcón recoge este estado de ánimo colectivo ante un Poder
Judicial y un Ministerio Público que ceden a presiones, dilatan investigaciones
y prolongan la definición de las sanciones durante muchos años. Por ello
recomendó al Congreso crear una Fiscalía Ad Hoc que se ocupe en forma exclusiva
de las compañías brasileñas, así como una Sala Penal única que consolide toda
la investigación. Ha precisado que hay 1200 procesos sin sentencia desde hace
ocho años.
También pidió al
Congreso normas para que la Contraloría tenga la capacidad de levantar los
secretos bancario, tributario y de las comunicaciones sin solicitarlo a un
juez. Si no hay trabajo coordinado y cada institución del sistema se dispara por
su cuenta el resultado es esta ausencia de respuestas rápidas que en la
percepción general es simple incapacidad e indolencia. Algo que lamentablemente
alcanza hasta el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
La dimensión del escándalo es proporcional
a la desconfianza en los líderes e instituciones que deberían poder conducir el
país en uno de sus momentos más difíciles y no están cumpliendo. Estamos en el
primer tiempo de un largo partido pero la indignación colectiva crece y el
temor de que no estemos a la altura se extiende.
El presidente Kuczynski tenía la confianza
pero la va perdiendo por su indefinición ante el escándalo brasileño proyectado
en el Perú. Muy grave que un gobierno tan joven sea afectado en su legitimidad.
Y que las sospechas y temores ronden a la persona que constitucionalmente
personifica a la nación que podría ser incluido en el terrible espectáculo de desfilar por fiscalías y comisiones
del Congreso para dar su testimonio personal. El sensacionalismo es otro
flagelo que acecha.
La excesiva lentitud en los responsables de la
investigación es una señal ambivalente. Podría ser de respeto al debido proceso
y de tranquilidad de conciencia, como pretenden algunos, o de lenidad para
comprar tiempo y gestionar la impunidad, como temen los más. Ya debería, por
ejemplo, haberse declarado la nulidad de los contratos lesivos y haberse tomado
medidas para recuperar parte de lo perdido. Los actos jurídicos de las empresas
brasileñas no pueden surtir efectos legales, están viciados en su origen por la
corrupción que deberá ser probada con la mayor celeridad y honestidad posibles.
El país vigila y espera que
caigan todos los responsables del peor momento de la República generado por una
gran red criminal internacional que supo aprovechar debilidades personales e
institucionales. Que podamos superarlo es ahora el gran desafío nacional.
