LOBBIES Y PUERTA GIRATORIA
Para Ana
Jara el Ejecutivo adopta decisiones pensando en el bienestar general de todos
los peruanos sin tráfico de influencias posible. Ante el Congreso, señaló que
los ministros de Estado no adoptan medidas influenciados por diversos sectores
económicos o políticos. Quién podría creerle cuando sabemos que el lobbismo en
el Perú nunca ocupa las primeras planas de los medios, se desarrolla
suavemente, las más veces al margen de lo abiertamente conocido.
No es
que los lobbies impliquen siempre corrupción, negocios turbios de políticos y
empresarios, ni que necesariamente sea ilegal ni perjudicial. El asunto es que deben
ser regulados para que sean transparentes y fiscalizables y no una forma
secreta de otorgar prebendas a determinados grupos por alguna irregular
retribución económica.
Es
legítimo que un grupo de interés envíe una carta o se reúna con un congresista
o ministro explicándole su posición sobre un tema y solicitándole la aprobación
de una ley, pero es irregular si corre dinero bajo la mesa. Algunos estudios
jurídicos son campeones del lobby y tienen renombre por sus contactos con el
ejecutivo y el congreso, que promulgan leyes que pueden beneficiar a tal o cual
grupo empresarial pero también con la prensa, que publica informaciones y
opiniones que sustentan posiciones que convienen para los objetivos.
Cómo
lograr algunas reglas mínimas para que disminuya ese poder del secreto que beneficia
al poderoso y rico y no a quien tiene la razón. El lobbismo es la práctica
menos democrática y seguramente la más opaca pero refleja los problemas éticos
del sistema. Cuando alguna denuncia trasciende es porque dos o más grupos están
en guerra de negocios y cada grupo tiene a sus lobbistas en los ámbitos económicos,
políticos, judiciales e informativos para ver quién excluye a quién. Ese mercadeo
de influencias se da en el Perú y en el mundo. Al igual que en la Bolsa los
brokers en el congreso permanentemente transmiten lo que se discute y reciben
las consignas e instrucciones. Los congresistas pueden ni estar enterados porque
más eficientes resultan el personal administrativo o de menor nivel. Lo mismo
ocurre con ministros o autoridades que reciben a los visitadores previsionales,
cerveceros, petroleros, de comunicaciones.
Y puede
haber mucho de opaco, inescrupuloso y agresivo en este mercado que no tiene
nada de libre y en donde las trampas y maniobras proliferan según el peso
específico de las empresas en cuestión. Muchos funcionarios ni se atreven a chocar con ellas para defender el
interés público frente al de los grupos económicos.
Y es
conocida la puerta giratoria -revolving door-
para referirnos a los altos cargos del Estado
que pasan a trabajar a grandes empresas privadas llevándose la información y la
influencia de su anterior ocupación lo que de hecho producirá conflictos de
interés entre lo público y lo privado. No es suficiente el régimen de
incompatibilidades que pone límites a la actuación de cargos públicos pues no
impide que a su salida puedan ser lobbistas de altísimo nivel, lo que no evitará
que en algún momento vuelvan a la administración pública.
Ambos temas deberían ser abordados con los “cornejoleaks”.
Todas las organizaciones que desarrollen actividad de representación o defensa
de intereses deberían poder inscribirse en un Registro, como sucede en otros
países, dando la información que pueda ser consultada. Y las incompatibilidades
de los altos cargos deberían ser actualizadas para ser pasibles de seguimiento.
Ojalá no dejen pasar la oportunidad.
