¿LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

SERÍA NULA?

En diario Exitosa el domingo 15 de Septiembre 2019

¿Es constitucional corregir resultados de elecciones previas a través del adelanto de elecciones?

La Constitución es la norma de normas, el texto permanente que no debe cambiar por aspectos coyunturales y menos aún por voluntades individuales. El Ejecutivo quiere imponerse al Congreso para que apruebe una reforma constitucional con el objetivo de reducir los periodos presidenciales y congresales para adelantar elecciones. Pero la duración de ambos periodos que es de cinco años está en la Constitución y los peruanos votaron libremente por ella. Pero mientras el cargo de congresista es irrenunciable el del Presidente de la República no lo es. La reforma acortaría el mandato presidencial a 4 años pero en el caso de los congresistas al acortarlo lo hace renunciable lo cual es inconstitucional. En la práctica los congresistas que aprueben dicha reforma estarían aceptando renunciar a un cargo que constitucionalmente es irrenunciable.

Se pretende que las calles están hartas de este Congreso que el pueblo eligió libremente y sin coacción alguna. De seguro no es el mejor que podríamos tener y la mayoría fujimorista ha hecho méritos para considerarlo el peor o uno de los peores de la historia republicana. Pero la Constitución no se hace a la medida de determinadas circunstancias ni al gusto del poder de turno.

La Carta no prevé recorte del mandato congresal ni renuncia al cargo porque sería contradecir los derechos de quienes votaron el año 2006 por un período de cinco y no por uno de 4. La Constitución no considera ninguna nulidad ni parcial ni total de los efectos de una votación anterior salvo por la revocatoria que es un derecho exclusivo del ciudadano para acortar el mandato de personas previamente elegidas. Pero no hay revocatoria ni para presidente ni para congresistas. La voluntad del constituyente no fue recortar dichos periodos que en el caso del presidente es renunciable y en el del congresista no lo es.

Para el congresista no existe mecanismo electoral constitucional que pueda corregir el voto que le asignó el escaño que ocupa. Ni siquiera el referéndum -si lo hubiera-  podría porque la reforma que el Ejecutivo propone si es aprobada debería regir hacia adelante, es decir para el próximo período gubernamental y  no retroactivamente.

Solo con la revocatoria -negada para presidente y congresistas- se puede oponer la voluntad popular de hoy a la de ayer. Si el Congreso admite la propuesta del Ejecutivo estaría violando la Constitución.  Y si la aprueba para solucionar la actual crisis política su reforma constitucional sería pasible de nulidad, al igual que el adelanto de elecciones que surgiría de ella. La razón simple es que se habría hecho contraviniendo la Constitución y bajo intimidación de otro poder del Estado.

Y no es aplicable el precedente del 2000 cuando se recortaron los mandatos, presidencial y congresal, para dar paso al gobierno de transición de Valentín Paniagua y la posterior convocatoria a elecciones generales del 2001. En ese momento se trató de una circunstancia excepcional, para dar cierre a una década fujimorista plagada de violaciones constitucionales e invalidar unas elecciones ostensiblemente fraudulentas. No es el caso presente.

¿CÓMO CERRARÍAN EL CONGRESO?

En Correo el 14 de Septiembre 2019

¿Cómo cerraría el Ejecutivo el Congreso? ¿Recurrirá a las Fuerzas Armadas? ¿A las Fuerzas Policiales? ¿Están obligadas las Fuerzas del Orden a cumplir con el pedido del Ejecutivo? 

Las Fuerzas Armadas no son el fiel de la balanza pues deben ser neutrales. Son instituciones al servicio del estado nación y no al del gobierno de turno, le deben subordinación al poder constitucional y no al poder político. No son deliberantes aunque es evidente que les interesa el destino del país, también son peruanos preocupados por la prolongada crisis provocada por la intransigencia y la colisión de poderes.

Generales y almirantes en retiro han dicho que las FFAA no avalan ningún golpe aunque sus pronunciamientos políticos son exclusivamente personales. Los militares en actividad tienen prohibido expresar posiciones políticas. Pero ha trascendido que generales moqueguanos estarían dando apoyo al cierre del congreso y  que un grupo de generales institucionalistas, que mantienen sus valores militares y su respeto a su constitucionalidad, no lo harían. La situación parece sin salida pero los institucionalistas están haciendo su propia campaña no bélica por el entendimiento y el diálogo. La solución del gabinete de ancha base y el acuerdo de gobernabilidad sobre la base de una agenda mínima ya está circulando. La ha asumido la vicepresidenta Mercedes Araoz sin que implique vacancia presidencial ni cierre congresal. Y menos aún cierre vía cuestión de confianza que va perdiendo respaldo constitucional.

No necesitan recurrir al indeseable golpe militar para hacer saber que en el Ejército y la Marina respetarán el orden constitucional. No tienen la obligación de apoyar medidas políticas que atenten contra la Carta las que pueden acarrearles procesos judiciales. No están obligadas a responder ante una posible disolución del Congreso con vicios. Tendrían toda la potestad de no cumplir dicha petición política sin incurrir en desacato aunque de hecho arriesgarían ascensos y pases al retiro.