LOS VIEJOS 

A LA TUMBA

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 1 de octubre del 2016

Con todos sus capacidades, méritos, conocimientos y experiencia. Los viejos ya no deben enseñar es una de las normas de la Ley Universitaria que sigue en el debate y el cuestionamiento. En las universidades públicas del país los conflictos continúan, el caos y la violencia se enseñorean con rectores rebeldes y estudiantes en riesgo de perder el año como sucedió hasta hace poco con la Villarreal. La SUNEDU, subordinada al Ministerio de Educación y por tanto al poder político, continúa interviniendo y decidiendo, interpretando leyes y legislando. La implementación de la Ley tiene resultados negativos, no hemos ganado “más calidad" pero estamos pagando gran costo social por una ley que exige cambios.

Esta semana la Comisión de Educación del Congreso discutirá varios proyectos modificatorios de la Ley mientras su mentor, el general Daniel Mora, pasea mediáticamente su inquietud para impedir cambios y va recibiendo de las Universidades, que tienen rectores aceptados por la SUNEDU, sus doctorados honoris causa. Y así acusa a quienes critican la Ley de responder a intereses particulares.

Sunedu ha colisionado con la autonomía universitaria para la gestión, tiene saldo negativo en violencia y abuso de autoridad, ha elegido nuevas autoridades pero graves conflictos entre estudiantes y autoridades continúan y deberán resolverse por la fuerza o por los jueces. Se ha convertido en una entidad política y policiaca que impone sanciones y genera severas resistencias.

Por eso, entre otros aspectos esenciales, hay que cambiar su naturaleza y sus funciones, eliminar la injerencia del poder político para que se conforme con miembros representativos de la sociedad y del mismo sistema universitario. Igualmente hay que descartar el límite de los 70 años para la docencia y los cargos académicos, absurdo que ha descapitalizado a las universidades públicas y ha alimentado pugnas desastrosas. Suerte!

SALUD 

EN EMERGENCIA

En Político.pe el 1 de octubre del 2016

El Ministerio de Salud declaró en emergencia sanitaria los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, por 90 días, en respuesta a la mala gestión y al desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. El Decreto Supremo Nº 038-2016-SA, habla de garantizar el servicio público de salud en casos de riesgo elevado o daño a la salud y la vida. Y de contrataciones exclusivas para garantizar la continuidad de las prestaciones de salud bajo responsabilidad. Ojalá se cumpliera.

Porque justamente responsabilidad es lo que falta. Casi nos hemos acostumbrados al estado crítico de los servicios de salud y a estas periódicas declaraciones de emergencia sin pensar en lo que significan para los millones de usuarios que deambulan en los congestionados hospitales y postas de salud del MINSA o de ESSALUD ya que igual o peor sucede con los servicios pagados del seguro social.

La primera justificación de la existencia y necesidad de un gobierno es la defensa del derecho a la vida. Para esto elegimos gobernantes y para esto pagamos impuestos, cumplimos derechos, tenemos representantes dentro de una democracia en la que creemos y deseamos eficiente.

Garantizar el derecho a la vida implica atención médica oportuna y de calidad para salvarla en los momentos críticos o para preservar enfermedades que traerán dolor y pena. La otra cara de la defensa de la vida es la seguridad. Por eso es tan alta la demanda de combatir la violencia y la delincuencia en las calles.

En ambos aspectos seguridad y salud este gobierno tiene los desafíos mayores. No necesitamos cifras sobre criminalidad urbana, bien informados como estamos cada día de robos, asaltos, secuestros y homicidios desde los truculentos informativos y la crónica roja. Pero en salud sí necesitamos saber la dimensión de lo que hicieron y dejaron de hacer en el régimen pasado. Porque las acciones y omisiones de los directivos del sector y del Ejecutivo dirigido por Ollanta Humala (o por su mujer) tienen un correlato de miles de muertos, de vidas que se quedaron en el camino por desabastecimiento de medicinas o de equipos médicos para operar o atender en emergencias, incluso en déficit de recursos humanos. ¿Cuántos pacientes mueren por desatención o por atención diminuta? ¿Cuántos médicos ven limitado su conocimiento profesional y su voluntad de salvar vidas cuándo se encuentran sin las condiciones mínimas para actuar?   

Un episodio clamoroso de desatención por varios gobiernos es la ausencia de una Unidad de Quemados en el Hospital Arzobispo Loayza, un nosocomio que siendo de referencia recibe los quemados que llegan desde todos los rincones del país. Nadie duda que el quemado es un paciente difícil y complejo y si es pobre aún más. Con una gravedad que implica tratamiento multidisciplinario y sobre todo especializado en una unidad de cuidados intensivos que le permita salvar su vida tan tremendamente convulsionada por graves accidentes.

Y en el Hospital Loayza donde existe un Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de eficiencia profesional reconocida sus directivos vienen exigiendo desde el desastre de Mesa Redonda, esa Unidad especializada. Pero no se oye padre.

Ojalá la ministra Patricia García Funegra no se amilane ante la dimensión del desafío y permanezca atenta a pedidos como este de gran urgencia. Y además deje en claro las responsabilidades administrativas de quienes con el mal manejo -que llega hasta la corrupción- medran arriesgando la vida de los peruanos.

Hay mucho por mejorar en el sistema de salud pública, deficiente infraestructura -con una brecha estimada en S/60 mil millones- desabastecimiento de medicinas, demoras en la atención, falta de personal y bajas remuneraciones. La lucha sigue siendo contra la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. Complicada pero no imposible. Suerte Ministra!!