sábado, 26 de agosto de 2017



CONTRA 

LOS DOCENTES MAYORES


Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 26 08 17

Tres años de la Ley Universitaria sin resultados positivos. Se pretende la calidad de la educación superior pero se descarta a los mejores docentes entre los mayores aún en condiciones de enseñar porque son vitales, conocedores, con trayectoria y reconocimiento. Tenemos un presidente de la República mayor de 70 años pero a los docentes universitarios que tienen ya esa edad se les exige dejar su plaza en pro de una supuesta renovación. El art 84 de la LU los obliga al cese aunque anuncia también que los mejores podrán quedarse previa evaluación para ser docentes extraordinarios. Letra muerta porque no hay reglamento para esa evaluación ni presupuesto para el pago de esa docencia extraordinaria. ¿A qué están jugando? A repartir abusos y violaciones de derechos fundamentales del millar de docentes que ya han sido puestos en la calle.


No hay criterios para evaluarlos tampoco procedimientos,  menos aún dinero para pagarles. Los que no tienen jubilación alguna tal decisión inmediata y arbitraria los deja en la calle sin recursos pudiendo trabajar. O les baja sus ingresos a cifras irrisorias. El docente cesado sale con 1500 soles de CTS y 600 soles de sueldo. Pierde la categoría de nombrado y se queda sin recursos. 

Esta es la absurda e inicua forma de agradecer una vida dedicada a enseñar, con la indigencia y el castigo, que además deja a los alumnos sin su aporte experimentado y calificado. 

Excelente reforma que solo afecta a la universidad pública para descapitalizarla de sus mejores docentes. Según Lorena Masías, superintendente de SUNEDU, éste no es un proceso inmediato, depende de cada universidad pero algunas ya cesaron atrabiliariamente a muchos, sin transición, sin reglamento y sin pago. 

El mensaje político y moral a los jóvenes estudiantes es demoledor de la confianza y de los principios. Así el gobierno peruano les imparte su mejor lección.  

LA CALLE 
NO ES EL CAMINO

En Político.pe  el 25 de agosto 2017

No queremos verlos en las calles de la capital donde están creando inmensos desordenes y turbulencias. Queremos que retornen a sus ciudades y pueblos, a sus aulas que los reclaman, a sus alumnos que están en peligro de perder el año escolar.

Y para ello el gobierno acaba de aprobar un Decreto de Urgencia con muchos beneficios que son resultado de la presión sindical que ha ido escalando hasta poner al gobierno contra la pared. Y ello a pesar que un hábil equipo multipartidario de operadores, prestados del Parlamento, estuvo dos días con sus noches negociando con los dirigentes para llegar a acuerdos favorables.

El precedente es inédito, que un poder del Estado acuda en ayuda del otro para sacarles las castañas del fuego pero sucedió. Vimos en las pantallas a Jorge del Castillo, César Villanueva y Edmundo del Aguila, mostrando ser operadores políticos de gran calidad, de aquellos que el Ejecutivo lamentablemente no puede exhibir porque PPK se empeña en prohijar un gabinete que él pretende de lujo pero que no da fuego porque no son políticos, son tecnócratas acostumbrados a mirar desde el balcón a que los políticos les salven la situación.

Y esto estuvo a punto de ocurrir y la huelga magisterial debió concluir a satisfacción pero no fue así y ahora no tenemos claro el desenlace. No todo es pérdida porque ya tienen beneficios logrados pero el punto esencial es el tiempo que se sigue perdiendo y el daño que se está haciendo al concepto del mérito asociado al ascenso.

Todos queremos buenos maestros, sabemos que la educación primaria está en la base del desarrollo, que sus maestros deben ser los puntales de la excelencia pero no lo son ni en la enseñanza pública ni en la privada. La primera sin duda es la que mayores flaquezas presenta. Y lo vemos cuando los estudiantes de colegios fiscales llegan a la secundaria y a la universidad.

Necesitamos que los maestros de primaria sean los mejores, que los que no dan la talla la puedan dar, pero no será dejándolos en la calle, retirándolos por incapaces que eso se logrará. Se afirma que habrá capacitaciones periódicas para que sean evaluados con conocimiento de causa y que pasadas tres evaluaciones fallidas el maestro cesará, perderá su trabajo, se irá a la calle, no a protestar sino a patear latas, a buscar difícilmente el sustento para su familia, a mendigar si es necesario si no hay trabajo para él.

El fantasma del desempleo los mueve a seguir en la huelga, el temor al hambre los radicaliza. En todos los sectores hay pruebas para ascender, para ir hacia arriba y ganar más pero si el empleado fracasa una, dos y hasta tres veces no ascenderá, no ganará más pero se mantendrá en su trabajo porque no hay razón que esas fallas de rendimiento sean castigadas con el extremo del desempleo. En ningún sitio sucede, el derecho al trabajo existe y las turbas magisteriales mueven las calles para que algunos de ellos no se queden en ellas.

No puede ponerse en juego la permanencia laboral  por los resultados de una prueba de observación de desempeño, más aún si hay desconfianza en quienes evalúan.

Las promesas de reubicación nadie las cree. No se trata de permitir la mediocridad sino de combatirla con conocimientos.  El gran principio es la capacitación. Ningún maestro es una tapia para no aprovechar las mejores condiciones de recibir conocimientos que lo convertirán en el buen profesional que hoy aparece como profesor fallido. Que la amenaza de desempleo desaparezca, que sea convertida en mayores enseñanzas, en oportunidad para trabajan mejor y lograr remuneraciones más altas. 

Ese es el único camino y el más justo. Que el gobierno de prueba de lo que reclama, de mayor sapiencia y flexibilidad, que elimine la guillotina del desempleo y se disponga a preparar mejor a los que no tuvieron oportunidad de estudiar o no lo hicieron bien.