sábado, 27 de julio de 2013

SEGUNDO ANIVERSARIO DE OLLANTA HUMALA


CRISIS DE GOBIERNO

Los jóvenes indignados que salieron a las calles de Lima a protestar contra la manipulación y excesiva politización de la elección de las altas autoridades del Tribunal Constitucional,  del BCR y del Defensor del Pueblo parecen ser sólo la punta de un iceberg que muestra parcialmente el descontento de la población frente a un gobierno que está acumulando frentes de oposición y reclamos gremiales. Desde los profesores, estudiantes y rectores de las universidades públicas pasando por los empleados públicos y continuando con los maestros, médicos, enfermeras y técnicos. Todos piden que se modifiquen normas o que se cumpla con lo que el gobierno les prometió.

En menos de una semana, dos movilizaciones masivas en el centro de Lima, y una tercera anunciada, ponen al gobierno de Ollanta Humala en jaque al cumplir sólo dos años de su mandato. Las fiestas patrias coinciden con la indignación y el Congreso que será, como todos los años, el escenario de las celebraciones, está también bajo fuego, cuestionado por la llamada repartija y otras lindezas, aunque los congresistas no parecen darse cuenta de su fuerte impopularidad.  No escuchan a quienes queriendo  llevar agua a otros molinos, satanizando la democracia, los partidos y las instituciones han llegado a pedir el cierre del Congreso, lo que equivaldría a arrojar el agua con el bebe adentro.

La popularidad del presidente está de bajada, al igual que la de su consorte que luce más política que él lo cual empieza a generar fuertes resistencias en la población y en los poderes fácticos. Se requiere con urgencia que los reflejos democrático funcionen, en un momento en que no solo el gobierno tiene problemas, lamentablemente los partidos políticos, con sus altos líderes, los ex presidentes  García, Toledo y Fujimori, cuestionados, investigados o sentenciados por corrupción, respectivamente, están también jaqueados.

Llueve sobre mojado. El pacto político de cuatro partidos fue repudiado por la población en tanto no sirvió para elegir a los mejores sino a los más convenientes para los intereses de cada grupo. El cuoteo fue identificado como un mercadeo de la representatividad asignada a los congresistas. Hubiera sido menos evidente si hubieran tenido el tino de seleccionar personas calificadas sin conflictos de interés aun cuando tuvieran militancia partidaria. Otro elemento que exacerba la rabia es que pareciendo la protesta legítima la policía reprime torpemente, dispersa con violencia a gente cuyo reclamo es el mismo que formuló el Presidente exigiendo la rectificación que finalmente se produjo.

Una comedia de equivocaciones que puede tener un costo muy alto para el gobierno. Ojalá la nueva directiva del Parlamento logre bajar tensiones y el Presidente con su mensaje renueve esperanzas en un régimen que demasiado temprano exhibe debilidad. Así que ni oposición ni gobierno pueden tirar demasiado de la cuerda, guardar las formas y cuidar la democracia que tanto nos costó recuperar. Hay razones para preocuparse.

Un aparte. Mi profundo agradecimiento para Uri Ben Schmuel, Francisco Huanacune y Mauricio Mulder por la generosidad de sus palabras al presentar mi libro DIOSES, DIABLOS Y FIERAS, Periodistas en el S XXI, editado por el Fondo Editorial del Congreso, el martes 23 pasado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Gracias igualmente al Decano Raúl Chanamé y a Erasmo Reyna por la impecable organización del evento.  Y por supuesto a la masiva audiencia que nos acompañó. Felices Fiestas!!

 

lunes, 15 de julio de 2013

CONSENSO NO ES REPARTIJA


 

 
LA NEFASTA GRAN ELECCION

 
Está por consumarse una elección que desnaturalizará tres instituciones esenciales de la democracia peruana. Elección encargada constitucionalmente al Congreso de la República que no puede incurrir en desacierto sin abonar al mayor cuestionamiento a su capacidad de representación y fiscalización.

El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva son consideradas por la Constitución suficientemente importantes, para la vida democrática y política del país, que el nombramiento de sus miembros exige votación calificada de dos tercios del Parlamento. El objetivo es que los congresistas logren consenso, un acuerdo que priorice los intereses nacionales sobre los partidarios o particulares. Consenso no quiere decir repartija entre los partidos, sin selección de calidad profesional, sin la deseable trayectoria moral y profesional.

El constituyente ha buscado que lleguen los mejores y los más independientes a estos órganos esenciales para la democracia y el estado de derecho. Y en esta elección es evidente que sólo algunos acreditan méritos. El Congreso no puede convertir estas instituciones fundamentales en órganos políticos por elección arbitraria de miembros sin garantía. Si el requerimiento de consenso se desvirtúa y se convierte en repartija todos perdemos, el Parlamento que lo permite, las instituciones devaluadas con miembros carentes de legitimidad, la democracia desestabilizada por si misma perdiendo la confianza que la sostiene.

No está el horno para bollos. Los partidos pretenden atentar contra la institucionalidad en momentos en que nuestra democracia ya está debilitada por el espectáculo de expresidentes juzgados por conducta antiética. El TC, la Defensoría y el BCR existen con una misión constitucional de defensa de los intereses sociales y nacionales, no para ser botín de desvergonzados que desearían contar con altas autoridades que les sirvan en el momento oportuno en sus intereses de impunidad, corrupción o latrocinio.

Si esta elección, tan postergada, se lleva a cabo el Congreso desmerecerá aún más su imagen, dará justificación a quienes desean verlo disuelto, generará la indignación popular ante autoridades que emanan de la deslealtad de los congresistas a la nación. Que lo piensen bien antes de mercadear su representatividad y estafar a sus electores de buena fe. Que recuerden que la democracia también puede ser materia de sabotaje desde el interior de sus instituciones y eso podría estar sucediendo. Que se postergue la elección, que se den a conocer los criterios, y puntajes de la selección, que se respete la calidad profesional, jurídica y económica, pero sobre todo que se garantice la independencia de las nuevas autoridades respecto de los grupos políticos y económicos. La ciudadanía espera.