DÉFICIT DE ESPERANZA

Mi columna en Correo, el 29 de julio del 2017

Estas fiestas patrias eran una gran oportunidad para el Presidente Pedro Pablo Kuczynski para superar la crisis de liderazgo personal y las deficiencias políticas evidentes en sus equipos de gobierno tanto en el Ejecutivo y el Legislativo.

Su cambio ministerial resultó insuficiente. Es una permuta de sillas dentro de su pequeño grupo sin alterar su esencia tecnocrática. Perdió, además, la ocasión de convertir su gabinete en el reflejo cabal y eficiente del espectro político lo que le hubiera dado la ancha base suficiente para enfrentar la reconstrucción en el norte y el desastre moral generado por el escándalo Lavajato. Era un resultado esperable del diálogo con las diversas tiendas, pero no se dio.

En su mensaje ante el Congreso PPK abordó la reconstrucción con cambios pero la realidad manda y han pasado varios meses y ni uno ni otro aparecen todavía, miles de damnificados continúan en carpas y sin recibir atención.

Habló si de las muchas esperanzas para recuperar el crecimiento económico. Un masivo programa de agua y desague y el destrabe de los proyectos emblemáticos. Pero su mensaje no alcanzó para el crecimiento ligado a la recuperación de la confianza de los inversionistas privados.

Tampoco tuvo la contundencia esperada la lucha contra la corrupción, la gente exige acciones concretas pero las mencionadas aparecen exiguas. Asimismo se refirió al diálogo político pero hasta ahora no vemos resultados más allá de la foto. La reforma política espera.

No se trata solo de discurso, se exige práctica y consecuencia. Hace un año tuvimos una gran inyección de esperanza, su  segundo mensaje ha sido casi intrascendente. La expectativa  favorable se ha disipado y ni su discurso ni sus cambios ministeriales alcanzan para la recuperación. La crisis de confianza continuará. La ausencia de los aspectos de fondo determina que el ciudadano de a pie no se sienta representado en sus palabras. Qué pena.

CAMBIO MINISTERIAL

 Y DISCURSO INSUFICIENTES

En Político.pe el 28 de Julio del 2017

La crisis de confianza y de institucionalidad no disminuirá con las expresiones de buena voluntad del Presidente ni con los cinco proyectos que alcanzó al Congreso. El asunto es de fondo. Se requieren políticas audaces en asuntos cardinales como la solución a los conflictos laborales en salud y educación, la promoción de la minería, la reforma judicial, la reducción de la informalidad, la reforma política y la batalla contra la inseguridad y la corrupción.

Un factor positivo que recorrió el discurso presidencial fue el buen manejo que hizo el Ejecutivo de la emergencia generada por El Niño costero durante la cual logró aglutinar la sensibilidad y la solidaridad nacional. Un gran logro pero no todo se resume en él. Hay demasiada desconfianza, desconcierto, temores de anarquía posible por desgobierno.

Todos queremos creer en un mejor segundo año, ojalá signado por la cooperación y no por la confrontación permanente. Hacer política significa atender sus dos caras, el conflicto y el consenso. Demasiado colisión conduce a la suma cero de los esfuerzos lo que de hecho paraliza al país como está sucediendo. De ahí que la distensión derivada del diálogo con Keiko Fujimori diera esperanzas al país. Pero no puede ni debe quedarse en la foto, debió reflejarse en un acuerdo programático y en un equipo ministerial de ancha base.

Nada de eso hay. Nada de novedades ni por el cambio ministerial ni por el mensaje presidencial. El ciudadano de a pie que siente el discurso como un conjunto de palabras ajenas, desligadas de la realidad que padece. Nada cambiará si el Gobierno se complace en el fraseo y no aspira a hacer política otorgando privilegio al diálogo y a la negociación con naturaleza permanente. Con resultados que deben obtenerse con firmeza, sin avances y retrocesos.

Necesitamos esperanzas pero con seguridad. La Revolución social que PPK ofreció hace un año a partir de los servicios básicos, todavía no se percibe. Tampoco los puestos de trabajo ni la modernización del Estado.

Y es que ante el Congreso abundaron frases hechas aunque faltaron los aspectos de fondo. Aquellos que atienden las protestas sociales que se radicalizarán e incrementarán sin la debida atención en sectores claves como educación y salud. Faltaron las vías que nos permitirán acceder a ese sistema judicial honesto, predecible que es indispensable para luchar contra la corrupción. Y ello no se podrá lograr sin el debate constructivo entre los partidos.

Estamos en una etapa difícil que no se superará si los políticos continúan dando preferencia al escándalo y a las anécdotas, si no exhiben capacidad de acercamiento y de abordaje de los principales problemas del país. La discrepancia se ha hecho permanente y llega a los medios no para la construcción sino para la distorsión y para el aprovechamiento que se refleja en las generalizaciones críticas y abusivas con ostensible ausencia de propuestas.

Esa no es la política que necesitamos para afianzar la democracia y salir del hoyo en que nos encontramos.

SIN MESURA

En el diario Correo el 22 de julio del 2017

La lucha contra la corrupción es de todos y hay funcionarios de Estado encargados de conducirla. Los Procuradores defienden al Estado no al gobierno y hay que garantizarles autonomía del poder político. Pero no son islotes de poder absoluto donde puedan prosperar ambiciones personales sin control. Hay quienes han pasado por estos cargos y los han convertido en trampolín político para aspirar a cargos de representación. El mal ejemplo de Yeny Vilcatoma, hoy congresista, cunde en detrimento de la responsabilidad de una misión que debe hacer de la confianza y la reserva parte importante del cumplimiento. Lo que vemos ahora es un desbarajuste de versiones y empujones para disputarse las cámaras y las supuestas verdades con gran beneplácito mediático y mucho daño a la imagen del Estado y de la política.

Ahora resulta que hay paladines intocables que se enfrentan a empresas y gobiernos corruptos que los empujan a denunciar ante la televisión para que la sociedad entienda la justicia de su causa. La guerra de los Procuradores contra el Ejecutivo es un contrasentido que empieza con la sobreexposición mediática que hace daño a todos. 

Bien que las procuradoras sean independientes y muy eficientes mal que se quejen públicamente cuando se les pide dejar los cargos que recibieron por confianza en su profesionalidad e integridad. Tengan o no razón, y de seguro pueden tenerla en muchos aspectos, la denuncia pública desmerece un trabajo que debe darse con la reserva suficiente para asegurar resultados, en las antípodas de la grita mediática que distorsiona en beneficio del escándalo y del rating.

Mucho cuidado, la lucha contra la corrupción debe darse con integridad y responsabilidad, sin trivializar valores ni trasladar a las calles discusiones técnicas o acusaciones no probadas. Como las que desestabilizan políticamente al gobierno o lesionan la autoridad ética del Presidente de la República. Ante estas estaturas solo las pruebas mandan.  

¿QUE LAS AUDIENCIAS DECIDAN?

En Político.pe el 22 de julio 2017

La lucha contra la corrupción es un clamor y los detalles llaman a la indignación. Pero también puede concitar ambiciones de protagonismo y sobreexposición mediática. El vendaval Lavajato ha dejado víctimas en los países de la región en especial en Brasil, cuna de la megacorrupción que remece gobiernos y sociedades. En nuestro país ya tenemos un ex presidente y una ex primera dama en la cárcel y otro con orden de captura que en algún momento irá también a prisión.

Las garantías del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia se refieren a una justicia que implica un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos asumidos por profesionales de las leyes, con formación suficiente, difíciles de ser entendidos por legos en principios y prácticas del derecho. Sin embargo de un tiempo a esta parte las audiencias son los jueces y ante ellas se ventilan aspectos reservados o de confianza para ganar primeras planas.

La sobreexposición mediática es una tentación para quienes hacen de la tarea de la justicia un trampolín político que puede llevarlas, como sucedió con la congresista Yeni Vilcatoma, a un cargo de representación política. Convocar cámaras puede redituar fama a presuntos paladines de la anticorrupción pero no beneficia al Estado que a todas luces resulta afectado por una guerra entre las procuradoras y el Ministerio de Justicia.

Existe la reserva y la confidencialidad para garantizar buenos resultados que se echan por la borda cuando se sale a denunciar públicamente procedimientos en trámite. Cuenta también la confianza y la buena fe con la que deben actuar los funcionarios del Estado, más todavía en temas tan delicados.

La Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha ejecutado una decisión de estado respecto al trabajo que venían cumpliendo las procuradoras. La responsabilidad del sector es de ella y es quien asigna tareas y pone término a los encargos. La grita mediática no tiene sentido porque ningún cargo es eterno y siempre está sujeto a evaluación.

Puede ser que la doctora Julia Príncipe y las procuradoras ad hoc tengan razón en lo que dicen, pero no deben pretender ganar con la denuncia pública que traslada a las audiencias el conocimiento y la definición de los casos que han asumido. La confrontación con sus empleadores no tiene ningún sentido. Su autonomía no puede ser absoluta, tiene límites y no significa que se presuman islas de decisiones jurídicas o políticas frente al Ejecutivo que las contrata.

Afirmar que sin ellas terminó la lucha contra la corrupción o que Odebrecht definió que salieran de sus puestos o acusar gratuitamente al Primer Ministro o al Presidente de la República, como reacción a su despido laboral, es desestabilizar al gobierno y dar una mala instrucción moral. Son funcionarias obligadas a la reserva y a la confidencialidad para garantizar resultados. No hay que fomentar conciliábulos cómplices pero si respetar procedimientos.

Ojalá su cambio sea positivo y lo será si toman la posta funcionarios experimentados y responsables que continúen su labor con probidad, eficiencia y reserva. Que a los problemas que ha generado Odebrecht no se agreguen los enfrentamientos y desencuentros que buscan figuretismos y no ayudan para nada al objetivo superior. Puede haber discrepancias legítimas pero hay espacios donde procesarlas y obtener resultados que el país agradecerá. Estos espacios no son las conferencias de prensa ni las cámaras.

Una guerra mediática es siempre sensacionalista, pone arbitrariamente a las audiencias a decidir altos asuntos del Estado y propicia difundir imputaciones sin pruebas. Más allá de los egos dolidos o de las soberbias individualistas que impiden reconocer errores los procuradores son solo abogados del Estado encargados de la recuperación de la indemnización patrimonial, que reportan al titular del sector. No personifican la lucha contra la corrupción.

¿ADELANTO DE SENTENCIA?

En Político.pe  el 17 07 17

Entre el alegato del fiscal Germán Suarez solicitando prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia y el larguísimo y detallado análisis jurídico del juez Richard Concepción Carhuancho para suspender la comparecencia restringida y reemplazarla por la prisión preventiva, tuvimos muchas horas en que los peruanos pasamos de la indignación a la tristeza, no tanto por los personajes que hicieron lo suyo para merecer esta situación sino por nuestro país que hoy tiene a dos ex presidentes presos y a uno prófugo y perseguido por el mundo.

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya están en la cárcel. Los elementos de responsabilidad se han ido sumando y la culpabilidad surge nítida de la larga, extensa y prolija enumeración de las razones y detalles que sirvieron al juez Richard Concepción Carhuancho para fundamentar su resolución.

Las garantías de presunción de inocencia y de respeto al debido proceso funcionan en un estado de derecho y mucho más cuando se trata de alguien que ha personificado a la nación y dirigido sus destinos por elección popular. Esta situación debió pesar en la mente del fiscal y del juez pero tal vez tuvo peso mayor la creciente desconfianza de la población en los magistrados peruanos y en los políticos amenazados por el vendaval Lavajato que ahora cobra su primera gran víctima.

El juez Carhuancho ha resuelto atendiendo a las razones jurídicas y a las tribunas expectantes y con su decisión ha dado una instrucción moral y política a la nación. Sobre todo porque la prisión preventiva es siempre cuestionable, no se puede privar a nadie de su libertad sino se ha comprobado su culpabilidad en juicio oral con una defensa amplia y consistente, salvo excepcionalidad. Ollanta Humala y su mujer no están sentenciados pero están presos. Me cuento entre los abogados que creen que hubiera sido suficiente agregar a la comparecencia con restricciones la prohibición de salida del país. Pero el juez, más allá de una resolución legalmente bien fundamentada, atendió la motivación política y social mayor que es descartar la impunidad y los tratos de privilegio que atentan contra la igualdad ante la ley.

El fiscal Juarez está demorando demasiado en formular su acusación, el juicio oral tardará en cumplirse pero el juez ha visto la urgencia de demostrar que la justicia peruana puede actuar y resolver a tiempo. El pedido del fiscal ha servido para conocer detalles que configuran delitos graves que se ventilarán en el proceso y darán lugar a la sentencia que posiblemente contendrá los mismos elementos ya expuestos por Richard Carhuancho.

Estamos ante un juez que se ha cuidado de incidir en la gravedad de los presuntos delitos y de la pena, que ha ponderado los riesgos de evasión u obstrucción de la justicia pero que, sobre todo, ha querido dar un eficaz mensaje a los corruptos que toman la política como oportunidad para hacer dinero y a los aventureros que creen que el poder es un botín al cual acceder usando la buena fe y los votos ciudadanos. Ahora no hay duda que la justicia los puede alcanzar. Bienvenida esta certeza.

LECCION POLITICA 

Y MORAL

En diario Correo el 15 de julio del 2017

La noche del pasado jueves 13 fue convulsa, sentimientos encontrados inundaron a los peruanos, nadie quedó indiferente después de las muchas horas de atención prestadas al juez Richard Concepción Carhuancho. Y antes a la solicitud del fiscal Germán Juárez para justificar la prisión preventiva para un ex presidente y su esposa.

En el país se une la indignación a la impaciencia ante una corrupción que no se sanciona. Cuando se enseñoreaba la sombra de la permisividad en los casos de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo, un juez resuelve en sentido inesperado poniendo al Perú en los titulares del mundo.

Los medios reflejan la preocupación social por la impunidad de quienes hicieron uso y abuso del poder aprovechando el mandato popular. Ollanta Humala y Nadine Heredia están ya en la cárcel, posiblemente el juez solo ha adelantado el resultado que vendrá después del juicio oral. No hay ningún motivo para la alegría pero si una gran oportunidad para la reflexión,  para extraer la instrucción moral y política de que nadie puede creerse súper poderoso ni está por encima de la ley. El crimen no paga.

Pero en un estado de derecho las garantías deben funcionar, en especial la presunción de inocencia y el debido proceso. La resolución judicial es un eficaz mensaje pero también un arma de doble filo, les proporciona la ansiada coartada de la persecución política y vuelve a poner en cuestión la prisión preventiva que no puede ni debe sustituir a la sentencia emanada del juicio penal en que se procesan pruebas y se ejerce ampliamente el derecho de defensa. Es verdad que la mal llamada pareja presidencial acumuló motivos y razones pero también lo es que todavía no han sido juzgados, que su culpabilidad no ha sido consagrada por sentencia y que seguramente con impedirles la salida del país hubiera sido suficiente para garantizar la justicia.

KENYI NO ES KENYA

En Correo del 08 de julio del 2017

La posibilidad de liberar a Alberto Fujimori se ha convertido en una eventual cortina de humo, regresa cada cierto tiempo sin que argumentos nuevos, salvo el paso de los años, se hagan presentes. El ex dictador pronto cumplirá 80 y está en prisión hace diez por violación de derechos humanos y corrupción. Ahora el indulto tiene el simpático rostro de Kenyi su hijo menor, su abanderado, el que gana espacios políticos con hábiles jugadas que lo colocan incluso enfrentando a su hermana y buscando acercamientos, tendiendo puentes, con el debilitado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero Kenyi no es Kenya.

PPK está haciendo del indulto una ficha comodín con el argumento de la unidad nacional y la necesidad de voltear la página. Pero cualquier decisión, a favor o en contra, podría generar una convulsión social y política de envergadura. El antifujimorismo existe y sus dimensiones han impedido la victoria electoral de la heredera mayor en dos oportunidades. Y al mismo PPK le ha permitido llegar al poder aunque por escaso margen.

Fujimori y PPK afirman su deseo de voltear la página pero no es tan simple hacerlo indulto mediante. Está en juego el estado de derecho que no puede ni debe ser manipulado. Olvidar y perdonar puede ser pero no si significan impunidad o arbitrariedad que haría más frágil al gobierno y lesionaría nuestras ya muy débiles instituciones. Ningún estadista canjearía la historia por la quincena para aplacar o arreglarse con el inmenso poder que los fujimoristas tienen hoy en el Congreso. Ni ley ni valores se negocian. Los años de encierro o la edad no son factores liberadores para un ex presidente debidamente sentenciado y condenado. Procedería el indulto humanitario si fuera el caso pero si no lo es otorgarlo como gracia divina convulsionaría al país de modo incontrolable. Y PPK lo sabe muy bien.

LOS JÓVENES 

Y LA POTTERPOLÍTICA

Político.pe el 07 de julio del 2017

A mis alumnos en el Día del Maestro, 6 de julio 2017

Pasaron dos décadas de la primera novela de Harry Potter que inició una saga que ha influido fuertemente en la generación que está entre los veinte y los treinta años. Lo ha señalado bien Ross Douthat en el New York Times, son los jóvenes formados con las aventuras del héroe que accede a la escuela de magia Hogwarts para participar en aventuras que contienen alegorías políticas y morales que aplican a nuestros tiempos y a nuestras realidades, que no son ajenos a la tendencia mundial, especialmente de Estados Unidos y Europa.

La Potter-política se sitúa en las antípodas de la que anima a los seguidores de Trump un político que se revela más malo que el innombrable Voldemort pues acumula maldades como la prohibición del ingreso a personas de ciertos países musulmanes al paraíso de los inmigrantes. La amiga de Harry Potter, la estudiosa y sabia Hermione Granger se ha convertido, con su identidad propia de Emma Watson, en una bella e icónica embajadora itinerante del feminismo contemporáneo.

No extraña a nadie que bajo esta influencia nuestros jóvenes dividan al mundo político de forma maniquea entre progresistas tolerantes y reaccionarios malvados. Y aplicada a nuestros políticos funcione la división entre fujimorismo y antifujimorismo teniendo como clave el rechazo a la dictadura de los noventa. Son jóvenes que no se dejan seducir por el buen humor o la simpatía de Kenyi Fujimori que está tratando de lavar la cara a su padre aunque nadie le ha preguntado todavía por su tío Vlady. Simplemente no creen en las buenas voluntades de los hijos del dictador y sí en que las divergencias son falsas y juegan en pared por los mismos intereses. Simplemente no les creen y adelantan sentencias radicales y condenatorias ya manifestadas cuando toman las calles.

Pero hay otra separación en el universo de Potter que se agrega a la de buenos y malos y es la que coloca por un lado a los magos que podrían ser los políticos y al resto de la sociedad que para los estudiantes de la mítica escuela de Hogwarts son los llamados muggles que ascienden a magos solo por méritos y cualidades.

Los jóvenes no admiten promociones por dinero o por corrupción, tienen su propia noción moderna de meritocracia que como a Potter puede permitirles ingresar al paraíso de la magia dejando atrás las filas de la gente común. Los muggles son gente no mágica, gente común que mira de lejos los lujos, negocios y comodidades que disfrutan los políticos.

Por eso no hay concesiones pero si muchas rigideces para juzgar las conductas inconvenientes, negativas, violadoras de los códigos con que deben funcionar quienes tienen el privilegio de vivir en el mundo mágico. La intolerancia deja poco o ningún espacio para los políticos aprovechadores sin llegar a la discriminación que funciona como una alegoría del racismo.

Para quienes tenemos el privilegio del trato cotidiano con los jóvenes las reglas del mundo de Harry Potter significan poca piedad y mucha exigencia a quienes dan su confianza. Según el universo creado por Rowling o naces con magia o accedes por un privilegio de sangre que debes honrar a riesgo de perder tu oportunidad.

La saga de Harry Potter, cautivadora de principio a fin, ha marcado valores colectivos que empiezan por la lealtad y la fidelidad que se expresa en sus lectores y viene de aquella que en ese universo concitan sus maestros adscritos a las buenas causas. Y en segundo lugar está la severa exigencia de excelencia que une a quienes frecuentan una escuela tan selectiva.

Con estos criterios puros y duros muy pocos políticos pasarían el examen. Y la política podría verse lejana y aislada sin posibilidades de que la brecha entre el tema social y político sea cerrada con la celeridad que necesita nuestro país agobiado por una crisis de confianza que podría llegar a ser de legitimidad.

Se ha dicho que estos jóvenes no han nacido ni crecido con los valores del civismo y la responsabilidad. No es verdad. Más allá de sus preferencias tecnológicas y de su rechazo a los políticos tradicionales forman una generación que asume sus derechos  y sus posibilidades y si hay un problema podría ser su intransigente exigencia de excelencia y corrección.

LA CRISIS 

DE CONFIANZA

Diario Correo el 01 julio 2017

Yo te grabo tu me grabas, cuídate de lo que dices porque te pueden estar grabando, habla para las tribunas no sea que un audio clandestino difunda lo que creías hablar en reserva. Este es el ambiente en que estamos viviendo con la confianza destruída y la autoridad mellada por ilegales interferencias telefónicas y negociaciones en la trastienda. Un entorno creado y alimentado con lógica perversa para aceptar lo clandestino e ilegal como condición para que prospere y gane titulares la crítica ética.

¿Qué democracia representativa puede funcionar sin confianza en sus líderes e instituciones? De esa dimensión es el daño que un alto funcionario, irresponsable, sin compromiso de interés público y sin ética, como el Contralor Edgar Alarcón, deja como legado. Lamentable que no quede duda que ha sido él, o su gente, quienes han grabado las diversas reuniones en que su presencia es el elemento común.

El malestar de la ciudadanía es patente con los políticos y las instituciones y hasta con el sistema democrático contaminado por las sospechas. Y quien debería defender un sistema de control impecable y necesario es quien lo está quebrando con una crisis que pone a todos bajo recelo del lobby permanente.

No hay quien defienda el interés social ni quien maniobre políticamente y de buena fe. Todos reciben la sanción de la duda y la suspicacia dejando poco espacio para el diálogo y el entendimiento. Así se alientan los extremos y los radicalismos que no llevarán a nada bueno. 

Esperamos una lucha consecuente y absoluta contra la corrupción pero vamos en sentido contrario. Con la impunidad subsistente y un equipo de gobierno lesionado perdiendo inexorablemente el apoyo y la esperanza. No contar con esa “institución invisible” que es la confianza impide construir algo mejor en común. Es esa la mayor catástrofe. Y si somos incapaces de verlo es aún peor.

ESCLAVITUD 

SIGLO XXI

En Político.pe del 30 de junio 2017

Como si no tuviéramos suficiente con la crisis de confianza desatada por los audios que lesionan fuertemente autoridades y gobierno, conocemos los detalles de la lamentable tragedia del incendio de la galería Nicolini. Y son circunstancias que colocan al Perú en un escenario medieval de explotación del ser humano justo cuando se pretende que estamos a  las puertas de ingresar a la OCDE, el gran club de los países desarrollados del siglo XXI.

                        
Las siete plagas de Egipto han caído sobre nosotros y nos interpelan como nación que se pretende democrática regida por un Estado de Derecho que tiene en la trastienda y de la manera más oculta la violación total de los valores y los principios que rigen a toda sociedad que avanza hacia el bienestar y el progreso. El respeto a la vida y la búsqueda de la seguridad son la única justificación para obedecer leyes, organizarnos en un Estado y apoyar a nuestras autoridades elegidas por sufragio popular.

 
Lo sucedido afecta absolutamente nuestra proclamada calidad de sociedad avanzada y progresista. Dos jóvenes han muerto calcinados en una trampa que solo podríamos encontrar en sociedades bárbaras. Encerrarlos durante doce horas como animales para producir, sin derechos ni libertades fundamentales, no es una trasgresión a una ley, es un crimen alevoso que nos retrotrae a las épocas más salvajes del capitalismo donde la ambición por la ganancia descartaba todo prurito de humanidad y legalidad.

¿Es este el alto precio que estamos pagando por la informalidad y la corrupción? El todo vale que la prensa denuncia en voz alta, señalando responsabilidades de autoridades que no se sienten parte del drama. Ni el alcalde de Lima ni los ministros cuestionados parecen convencidos de poder superar las condiciones de lo sucedido, lo ineluctable flota en el ambiente como amenaza y aceptación de nuestras debilidades y vulnerabilidades. Y si agregamos el acomodo y la impunidad tenemos el cuadro de una sociedad en involución ética, que convive con la barbarie y la insensibilidad aceptando bolsones donde no funcionan ni leyes, ni instituciones ni gobierno.

Un drama nacional de terribles consecuencias aunque no haya responsables políticos ni institucionales. Por mucho menos los Estados llegan a ser considerados fallidos.

Necesitamos extraer lecciones de tan grave experiencia para lograr evitar cumbres de horror, para no descartarlas como mensajes que no llegan. Que la opinión pública exija a gritos no garantiza nada,  ni mejorar gestiones ni impulsar cambios normativos, administrativos o de educación para que lo vivido no se repita. La fiscalización se predica pero no se aplica y por las omisiones nadie responde.

La desgracia ha permitido detectar establecimientos ostensiblemente inseguros, propicios para que este tipo de tragedias se repitan en otras galerías del centro o en el centro empresarial Gamarra, a pocas cuadras de los palacios Ejecutivo y Legislativo. No hablamos de sitios lejanos e inhóspitos sino de la capital del país donde debería darse un nivel mínimo de seguridad y respeto a la vida.

En las antípodas del progreso que se nos promete nos damos de bruces con la esclavitud del siglo XXI, con el desprecio al ser humano y de ello gritan las cenizas de dos jóvenes que trabajaban por tres dólares diarios y la única libertad que tenían era la de morir calcinados. ¿Nadie escucha?

Tiempos de aceptación o de indiferencia resignada son tiempos de oscuridad donde los fantasmas y los miedos gobiernan la imaginación y avanza la desconfianza que impide la solidaridad y todo proyecto de bienestar común. ¿Así estamos?