¿ADELANTO DE SENTENCIA?

En Político.pe  el 17 07 17

Entre el alegato del fiscal Germán Suarez solicitando prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia y el larguísimo y detallado análisis jurídico del juez Richard Concepción Carhuancho para suspender la comparecencia restringida y reemplazarla por la prisión preventiva, tuvimos muchas horas en que los peruanos pasamos de la indignación a la tristeza, no tanto por los personajes que hicieron lo suyo para merecer esta situación sino por nuestro país que hoy tiene a dos ex presidentes presos y a uno prófugo y perseguido por el mundo.

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya están en la cárcel. Los elementos de responsabilidad se han ido sumando y la culpabilidad surge nítida de la larga, extensa y prolija enumeración de las razones y detalles que sirvieron al juez Richard Concepción Carhuancho para fundamentar su resolución.

Las garantías de presunción de inocencia y de respeto al debido proceso funcionan en un estado de derecho y mucho más cuando se trata de alguien que ha personificado a la nación y dirigido sus destinos por elección popular. Esta situación debió pesar en la mente del fiscal y del juez pero tal vez tuvo peso mayor la creciente desconfianza de la población en los magistrados peruanos y en los políticos amenazados por el vendaval Lavajato que ahora cobra su primera gran víctima.

El juez Carhuancho ha resuelto atendiendo a las razones jurídicas y a las tribunas expectantes y con su decisión ha dado una instrucción moral y política a la nación. Sobre todo porque la prisión preventiva es siempre cuestionable, no se puede privar a nadie de su libertad sino se ha comprobado su culpabilidad en juicio oral con una defensa amplia y consistente, salvo excepcionalidad. Ollanta Humala y su mujer no están sentenciados pero están presos. Me cuento entre los abogados que creen que hubiera sido suficiente agregar a la comparecencia con restricciones la prohibición de salida del país. Pero el juez, más allá de una resolución legalmente bien fundamentada, atendió la motivación política y social mayor que es descartar la impunidad y los tratos de privilegio que atentan contra la igualdad ante la ley.

El fiscal Juarez está demorando demasiado en formular su acusación, el juicio oral tardará en cumplirse pero el juez ha visto la urgencia de demostrar que la justicia peruana puede actuar y resolver a tiempo. El pedido del fiscal ha servido para conocer detalles que configuran delitos graves que se ventilarán en el proceso y darán lugar a la sentencia que posiblemente contendrá los mismos elementos ya expuestos por Richard Carhuancho.

Estamos ante un juez que se ha cuidado de incidir en la gravedad de los presuntos delitos y de la pena, que ha ponderado los riesgos de evasión u obstrucción de la justicia pero que, sobre todo, ha querido dar un eficaz mensaje a los corruptos que toman la política como oportunidad para hacer dinero y a los aventureros que creen que el poder es un botín al cual acceder usando la buena fe y los votos ciudadanos. Ahora no hay duda que la justicia los puede alcanzar. Bienvenida esta certeza.