EL CHANTAJE
Publicado en Político.pe el 28 01 17
Odebrecht tiene una gran
experiencia. Durante más de 15 años se mantuvo fuera de la justicia en todos
los países donde operó a través de su selecto departamento de operaciones
estructuradas que en buen cristiano se traducen por coimas y sobornos. Estos
“errores” tardíamente aceptados como delitos, constituían una segunda
naturaleza empresarial para concretar los negocios de la gran mafia
internacional. No cabe duda que saben manejarse para comprar voluntades y
conciencias y que esa es su dudosa expertise.
Mauricio Crus, el actual
representante de Odebrecht en el Perú, en reemplazo
del muy conocido Jorge Barata, ha dicho que entregarán toda la información sobre
los peces gordos, sean ex ministros o ex presidentes, pero en contrapartida mientras
la empresa esté colaborando no debería sufrir ni un allanamiento ni el
congelamiento de sus cuentas.
Para
PPK se terminó el juego y se deben marchar del país. Pero para ellos esta no es
la última palabra. Por supuesto que para nada les importa la enorme cantidad de
peruanos que esperan se anuncie oficialmente su expulsión.
La
presión social contra la corrupción y la impunidad crece como una gran marea pero
la situación es compleja y va más allá de las simples frases para la platea
sedienta de justicia.
La
exigencia de que Odebrecht se vaya del país colisiona con la necesidad de que
comiencen a pagar por lo que robaron por sobrecostos al Estado peruano “Tenemos
que pagar una multa, una reparación civil, entonces la empresa necesita
sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como ejemplo
positivo” ha dicho Crus y agregado que la expulsión sería el peor ejemplo
posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por
su propia voluntad si existen tales represalias.
Odebrecht quiere quedarse bajo sus condiciones. Ni
embargo de sus bienes ni congelamiento de sus cuentas. Si es expulsada o
termina sus actividades en el Perú no tendrá recursos para pagar la
indemnización. Pero si se queda -cumpliendo normalmente con sus actividades y
compromisos empresariales sin ser afectado por ningún embargo de sus bienes ni
de su información- lo que conocen y tienen podría perderse, desaparecer o ser
manipulado, conforme a la densa red de intereses económicos y políticos que
comienza a ser detectada.
En sus declaraciones Crus, para nada sibilino, desliza el
chantaje “¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo
puedo imaginar que hay una intención para que no exista la colaboración y no se
revele la información”.
Gravísima imputación.
Una expulsión oficial se estaría madurando pero ella, según el alto directivo, generaría
múltiples sombras. Cerraría las puertas a la colaboración eficaz con la
justicia peruana, impediría el pago de la reparación que le deben al Estado por
los daños causados y peor aún garantizaría la impunidad de los peces gordos. Y
la responsabilidad de esa secuela de desastres recaería sobre un gobierno frágil,
colocado entre la espada y la pared. La deslegitimación de las altas esferas políticas
y de gobierno sería una hecatombe política con sospechas que llegarían hasta al
presidente de la República que personifica a la nación.
Odebrecht dice que
quiere colaborar y pagar la indemnización pero con la condición de continuar
licitando con el Estado. “La colaboración ya se
está haciendo y si es que nos permiten terminará…. Paralelo a esto, queremos
demostrar que tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar
caja y pagar los compromisos con los acreedores, empleados, con el Estado,
porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus
objetivos”.
Este
es el chantaje hipócritamente colocado dentro de un contexto nacional de indignación
colectiva pero de escaso entusiasmo y riesgosa lentitud del Ministerio Público.
A lo que se agrega el acuerdo suscrito por el fiscal de la investigación
Hamilton Castro, no explicado al país ni al mismo Fiscal de la Nación que hizo
el papelón de su vida al no poder informar al Congreso de las condiciones y los
criterios manejados. PPK lo ha calificado públicamente de vergüenza. No le
falta razón, compromete al país en su dignidad y en su economía aunque
increíblemente se siga desconociendo su contenido.
