EL CHANTAJE

Publicado en Político.pe el 28 01 17

Odebrecht tiene una gran experiencia. Durante más de 15 años se mantuvo fuera de la justicia en todos los países donde operó a través de su selecto departamento de operaciones estructuradas que en buen cristiano se traducen por coimas y sobornos. Estos “errores” tardíamente aceptados como delitos, constituían una segunda naturaleza empresarial para concretar los negocios de la gran mafia internacional. No cabe duda que saben manejarse para comprar voluntades y conciencias y que esa es su dudosa expertise.

Mauricio Crus, el actual representante de Odebrecht en el Perú, en reemplazo del muy conocido Jorge Barata, ha dicho que entregarán toda la información sobre los peces gordos, sean ex ministros o ex presidentes, pero en contrapartida mientras la empresa esté colaborando no debería sufrir ni un allanamiento ni el congelamiento de sus cuentas.

Para PPK se terminó el juego y se deben marchar del país. Pero para ellos esta no es la última palabra. Por supuesto que para nada les importa la enorme cantidad de peruanos que esperan se anuncie oficialmente su expulsión.

La presión social contra la corrupción y la impunidad crece como una gran marea pero la situación es compleja y va más allá de las simples frases para la platea sedienta de justicia.

La exigencia de que Odebrecht se vaya del país colisiona con la necesidad de que comiencen a pagar por lo que robaron por sobrecostos al Estado peruano “Tenemos que pagar una multa, una reparación civil, entonces la empresa necesita sobrevivir para cumplir con sus obligaciones y para que sirva como ejemplo positivo” ha dicho Crus y agregado que la expulsión sería el peor ejemplo posible, porque ninguna otra empresa va a querer colaborar con la justicia por su propia voluntad si existen tales represalias.

Odebrecht quiere quedarse bajo sus condiciones. Ni embargo de sus bienes ni congelamiento de sus cuentas. Si es expulsada o termina sus actividades en el Perú no tendrá recursos para pagar la indemnización. Pero si se queda -cumpliendo normalmente con sus actividades y compromisos empresariales sin ser afectado por ningún embargo de sus bienes ni de su información- lo que conocen y tienen podría perderse, desaparecer o ser manipulado, conforme a la densa red de intereses económicos y políticos que comienza a ser detectada.

En sus declaraciones Crus, para nada sibilino, desliza el chantaje “¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo puedo imaginar que hay una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información”.

Gravísima imputación. Una expulsión oficial se estaría madurando pero ella, según el alto directivo, generaría múltiples sombras. Cerraría las puertas a la colaboración eficaz con la justicia peruana, impediría el pago de la reparación que le deben al Estado por los daños causados y peor aún garantizaría la impunidad de los peces gordos. Y la responsabilidad de esa secuela de desastres recaería sobre un gobierno frágil, colocado entre la espada y la pared. La deslegitimación de las altas esferas políticas y de gobierno sería una hecatombe política con sospechas que llegarían hasta al presidente de la República que personifica a la nación.

Odebrecht dice que quiere colaborar y pagar la indemnización pero con la condición de continuar licitando con el Estado. “La colaboración ya se está haciendo y si es que nos permiten terminará…. Paralelo a esto, queremos demostrar que tenemos las mejores intenciones de seguir existiendo para generar caja y pagar los compromisos con los acreedores, empleados, con el Estado, porque al final si la empresa muere posiblemente no logrará cumplir con sus objetivos”.

Este es el chantaje hipócritamente colocado dentro de un contexto nacional de indignación colectiva pero de escaso entusiasmo y riesgosa lentitud del Ministerio Público. A lo que se agrega el acuerdo suscrito por el fiscal de la investigación Hamilton Castro, no explicado al país ni al mismo Fiscal de la Nación que hizo el papelón de su vida al no poder informar al Congreso de las condiciones y los criterios manejados. PPK lo ha calificado públicamente de vergüenza. No le falta razón, compromete al país en su dignidad y en su economía aunque increíblemente se siga desconociendo su contenido.