QUE LOS FISCALES ACUSEN

Mi columna HOJA DE TIEMPO en Correo el 06 de mayo 2019

El tsunami Odebrecht está terminando con las figuras políticas. Los ex presidentes del post fujimorismo están procesados por presuntos delitos de lavado de activos. El Ministerio Público solicita prisiones preventivas y preliminares y los jueces garantes de la justicia las aceptan con severidad extrema por encima de la presunción de inocencia.

Pero estos mismos fiscales no son tan eficaces para acusar e iniciar los procesos que permitirán a los imputados un juicio oral como corresponde, que admita argumentos, actuación de pruebas y logre una sentencia fundamentada y motivada como manda el debido proceso.

Esos fiscales y jueces que aparecen adictos a las medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria, arrastran los pies para formalizar investigaciones y presentar la acusación indispensable para iniciar los procesos. Afirman que no cuentan con recursos humanos suficientes y es cierto, pero alientan los juicios populares y mediáticos que proliferan.

Con dureza extrema los operadores de justicia descartan los mecanismos que no implican pérdida de libertad aunque garanticen igualmente la presencia de los imputados en las pericias judiciales. Los fiscales y jueces empoderados por el apoyo popular caen en excesos y en ese camino podrían poner a todos los políticos tras las rejas y a todos los partidos al borde de la autodestrucción. A ello se agrega la imposibilidad de la reelección parlamentaria. ¿Adónde quieren llegar?

Estamos ante la criminalización de la política y la estigmatización de quienes expresan su desacuerdo con las sentencias anticipadas sin pruebas. No hay espacio para el sentido común ni para la defensa de los principios y garantías de la justicia. En resumen necesitamos que los fiscales comiencen a acusar, que la justicia sea impartida con autoridad ética y respeto a garantías y derechos fundamentales, que responda a los fundamentos de la justicia republicana en democracia. No hay más.

QUE COMIENCEN 

LOS JUICIOS ORALES

En diario Exitosa del domingo 07 de Mayo 2019

El Perú necesita urgentemente eliminar la corrupción que configura un enorme asalto organizado contra un país que ha sido permisivo éticamente con el despojo por quienes aprovecharon esta debilidad. Pero debemos dar este combate con mucho respeto a la legalidad y a la institucionalidad para que cuente con la legitimidad social que le permita sostenerse con respeto a las libertades fundamentales, al derecho a la vida y a la dignidad humana descartando las fáciles sentencias anticipadas sin pruebas.

El suicidio de Alan García y lo sucedido con Pedro Pablo Kuczynski marcan un antes y un después para los jueces y fiscales adictos a las prisiones preventivas y preliminares y con ello para la lucha anticorrupción. La gran aceptación a la dureza judicial de las sentencias anticipadas, no es una señal de equilibrio ni de salud democrática. Los fiscales deben presentar las acusaciones suficientes para iniciar los juicios orales en los que cada imputado pueda expresar argumentos, actuar pruebas y obtener una sentencia bien  fundamentada y motivada como manda el debido proceso. Necesitamos enviar a la cárcel a los culpables con su sentencia en la mano.

De la reforma judicial se habla mucho aunque se avanza poco. Nadie duda que jueces y fiscales deben inspirarse en el respeto a las instituciones y en las garantías de la administración de justicia como son la presunción de inocencia y el debido proceso. Y no en incentivar la revancha justificada pero de aliento corto sino conseguimos procesos de acuerdo a ley con acusaciones fiscales formales.

Eso implica más presupuesto para las investigaciones de la Fiscalía, más gente necesaria para formular la acusación que hará posible el juicio oral. Pero el presidente Martín Vizcarra llena su discurso político de frases contra la corrupción y sin embargo  no atiende a la Fiscal Zoraida Avalos que clama por mayor dinero para solventar al equipo de Rafael Vela. Hasta podrían desalojarlos del local en que trabajan por no pagar el alquiler.

El ejemplo de lo sucedido en España con el juez César Hinostroza dice mucho. Fue colocado en libertad vigilada sin recurrir al facilismo de la prisión cautelar a pesar de conocer de la indignación que existe en el Perú ante este magistrado que traicionó la toga y la confianza. Las diferencias entre el proceso judicial peruano y el español son modélicas si queremos evitar una sociedad sin partidos, con líderes estigmatizados por el chaleco de detenido sin debido proceso y con mucha arbitrariedad. Que vayan a la cárcel sí pero cuando se haya demostrado su culpabilidad y cuenten con sentencia ejecutoriada como dice la Constitución.

Las medidas cautelares están para fortalecer la justicia no para debilitarla si se abusa de ellas o son dictadas sin las pruebas correspondientes. Tenemos cárceles atestadas con prisioneros sin celdas, que duermen en el suelo, sin dignidad ni tratamientos de salud. Lo peor es que padecen esa condición con base en indicios. Hay ausencia de garantías y muchos intereses para eliminar adversarios políticos por criminalización o por imposibilidad legal de reelección.

Bien que el juez haya dictado comparecencia a Enrique Cornejo y a los miembros de su equipo técnico del Ministerio de Transportes, todos imputados por el caso de las líneas 1 y 2 del Metro. Que esperen su juicio en libertad y que el Estado asegure su presencia con mayor vigilancia. Lava Jato ya es el vendaval destructivo que temíamos. La anticorrupción sin respeto a las garantías agrava la situación. Necesitamos una justicia impecable con autoridad ética. Ni grandes titulares ni grita popular pueden ser su único sustento en democracia.