EL FINANCIAMIENTO
DE LAS CAMPAÑAS
En Político.pe el 05 05 2018
La
búsqueda de fondos es una tarea principal de los partidos o de los candidatos
para hacer frente a las exigencias de la publicidad comercial. Sabemos que solo
llega a un cargo de elección quien tiene medios económicos. El ciudadano
íntegro, honesto, capaz y con voluntad para hacer algo por nuestro país está
marginado si no tiene el dinero para hacer campaña. A imagen y semejanza de los
procesos electorales norteamericanos estamos en medio de la democracia del
dólar. Y de la corrupción totalmente ligada a este ejemplo.
Porque
existen dos modelos o sistemas. Financiamiento privado ilimitado o limitarlo
remplazándolo, en todo o en parte, por contribuciones estatales con regulación
estricta.
En Estados
Unidos el financiamiento privado es atractivo para todos los candidatos. Una
verdadera industria electoral se activa a partir de las donaciones privadas. Y
nada impide a los particulares y a las corporaciones hacer donaciones a los
comités de acción política.
En
Francia vemos el segundo modelo donde el financiamiento público es protagónico.
Los fondos privados son estrictamente limitados: ni personas jurídicas ni
extranjeros pueden contribuir. Todo ciudadano puede hacer donaciones a los
partidos políticos o a los candidatos, que son deducibles de impuestos.
Tratan
de favorecer el financiamiento ciudadano y no el corporativo. Más aún impulsan el
financiamiento público compuesto de varios rubros que pueden ser reembolsados por
el Estado. Los candidatos oficiales tienen derecho a una suma global de
reembolso de los gastos de campaña bajo ciertas condiciones. Sólo tienen
derecho a ello los candidatos que obtuvieron 5% del total de los votos válidos.
El
financiamiento, público o privado, está sujeto a una regulación estricta cuyo principal
objetivo es “la transparencia de la vida política”. La regulación busca
favorecer la igualdad entre los candidatos, la prevención de la corrupción y de
la privatización de la elección, así como el mantenimiento de la independencia en
los poderes del Estado.
La
reforma electoral sigue en el debate. Muerte civil para los que no declaren el
financiamiento electoral y su uso, es una de las propuestas del Premier
Villanueva. Puede ser eficaz para disuadir y enfrentar la ola de corrupción
ligada al dinero recibido para las campañas. Pero la reforma electoral debería
lograr consenso parlamentario desde que es el tema central. No está en juego solo
la corrupción, también la representatividad y la confianza en la democracia, en
los gobernantes y en las instituciones.
La consigna preventiva debe ser impedir
que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la
elección de presidentes y representantes. Para ello hay que equilibrar el
acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y
candidatos.
Esperemos.