“DESABASTECIMIENTO”

EN DOCENCIA UNIVERSITARIA PÚBLICA

En diario Exitosa el domingo 22 de Septiembre

Pasaron cinco años de la Ley Universitaria y ya tenemos resultados de su incidencia en la calidad de la educación superior. El debate sobre la supresión o modificación de la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria pública fijado en setenta años, permitió cambiarla en el 2016 por 75 años. Quedó claro que la edad, por sí misma, no constituye el único criterio para evaluar el rendimiento de un docente universitario, y que la calidad no se relaciona con la edad. Que el docente es bueno o malo por los grados académicos, la actividad investigadora, las publicaciones y en especial por la experiencia y la especialización ganada por los años.

La Constitución no establece límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria pero la Ley Universitaria si lo hace y solo para la universidad pública. Esta discriminación es ostensiblemente violatoria del principio constitucional de la igualdad. Cinco años después cientos de apreciados docentes experimentados y especializados han sido retirados de la enseñanza a pesar de que conservan competencias vitales y profesionales. Y que después de ese retiro solo les queda trabajar para las universidades privadas con menores remuneraciones y en condiciones más difíciles. Así la universidad pública está siendo descapitalizada en valiosos recursos humanos en beneficio de la privada.

La experiencia y la especialización no tienen sustituto ni se adquieren por doctorados o maestrías. Estos docentes malamente excluidos son recursos humanos inestimables que difícilmente se encuentran con las calidades adquiridas en años de dedicación. Incluso la SUNEDU ha debido reconocer que existe “desabastecimiento” de docentes aludiendo indirectamente a los vacíos dejados por estos maestros queridos e irreemplazables, obligados a irse contra su voluntad y su capacidad. Con esta norma pierde la universidad, pierden los estudiantes y pierden los mismos docentes.

La modificación que elevó el límite de 70 a 75 años no logró enervar los resultados negativos del cese automático de los docentes de las universidades públicas que según las cifras han perdido cientos de maestros reconocidos sin poderlos reemplazar. Más aún cuando la docencia extraordinaria no ha sido implementada ni se ha previsto su financiamiento. Los descartados son dejados a su suerte a sabiendas de que no tendrán remuneración suficiente para vivir pues las pensiones son ínfimas y no garantizan ninguna dignidad para la jubilación. Premio a la dedicación.  

Por tanto es indispensable eliminar este límite de edad y además contemplar la posibilidad de contratación de los distinguidos profesores que fueron obligados a irse, si están en posibilidad y tienen voluntad de retornar.

Debemos recordar que la constitucionalidad de la Ley en cuanto al límite de edad del docente de la universidad pública no fue refrendada por todos los miembros del Tribunal Constitucional. Los votos singulares de Blume, Miranda Canales, Ramos y Espinoza Saldaña por la inconstitucionalidad, en este aspecto preciso, han sido ratificados ampliamente por la realidad cinco años después.

El límite para la docencia universitaria pública va contra la corriente mundial que -con base en los adelantos de la medicina y en el aumento de la esperanza de vida- avanza hacia la jubilación flexible para mantener una actividad laboral y en simultáneo cobrar parcialmente una pensión. 

La jubilación forzosa está siendo abolida progresivamente para sustituirla por una etapa con pensiones proporcionales a la duración de las carreras laborales para incentivar la actividad económica hasta edades más tardías. Urgente que la Comisión de Educación así lo considere.

¿DISOLVER O AUTODISOLVER 

EL CONGRESO?

En Correo el sábado 21 de Septiembre 2019 

¿Es constitucional disolver el Congreso por una cuestión de confianza rechazada por los parlamentarios? ¿Lo es auto disolverlo por presión del Ejecutivo para reformar la Constitución, acortar mandatos y posibilitar un adelanto de elecciones?

Ni lo uno ni lo otro es constitucional porque está en juego la irrenunciabilidad del mandato congresal que se quiere recortar. El presidencial es elrenunciable pero los congresistas que aprueben dicha reforma estarían renunciando a un cargo constitucionalmente irrenunciable.

Este argumento no ha circulado en el debate que ya se muerde la cola. Reducir los periodos presidenciales y congresales cuya duración es de cinco años tiene sus bemoles. La Carta no prevé recorte del mandato congresal ni renuncia al cargo porque sería contradecir los derechos de quienes votaron el año 2006 por un período de cinco y no por uno de 4. La Constitución no considera nulidad parcial ni total de los efectos de una votación anterior salvo por la revocatoria que es la única vía para el ciudadano de acortar el mandato de personas previamente elegidas. Pero no la hay para presidente ni para congresistas. El constituyente no quiso recortar dichos periodos, menos aún el de los congresistas. No es posible corregir el voto popular que asignó un escaño. Ni siquiera el referéndum porque la reforma que se propone debería regir hacia adelante, es decir para el próximo período gubernamental y  no retroactivamente.

Si el presidente disuelve el Congreso o si éste admite la reforma se violaría la Constitución.  Y la reforma sería pasible de nulidad, al igual que el adelanto de elecciones por contravenir la Constitución bajo intimidación de otro poder del Estado. Y no se hable del precedente del 2000 cuando el recorte de los mandatos dio paso al gobierno de transición de Valentín Paniagua y a las elecciones del 2001. Circunstancia excepcional que cerró una década de violaciones constitucionales e invalidó elecciones fraudulentas.

¿LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

SERÍA NULA?

En diario Exitosa el domingo 15 de Septiembre 2019

¿Es constitucional corregir resultados de elecciones previas a través del adelanto de elecciones?

La Constitución es la norma de normas, el texto permanente que no debe cambiar por aspectos coyunturales y menos aún por voluntades individuales. El Ejecutivo quiere imponerse al Congreso para que apruebe una reforma constitucional con el objetivo de reducir los periodos presidenciales y congresales para adelantar elecciones. Pero la duración de ambos periodos que es de cinco años está en la Constitución y los peruanos votaron libremente por ella. Pero mientras el cargo de congresista es irrenunciable el del Presidente de la República no lo es. La reforma acortaría el mandato presidencial a 4 años pero en el caso de los congresistas al acortarlo lo hace renunciable lo cual es inconstitucional. En la práctica los congresistas que aprueben dicha reforma estarían aceptando renunciar a un cargo que constitucionalmente es irrenunciable.

Se pretende que las calles están hartas de este Congreso que el pueblo eligió libremente y sin coacción alguna. De seguro no es el mejor que podríamos tener y la mayoría fujimorista ha hecho méritos para considerarlo el peor o uno de los peores de la historia republicana. Pero la Constitución no se hace a la medida de determinadas circunstancias ni al gusto del poder de turno.

La Carta no prevé recorte del mandato congresal ni renuncia al cargo porque sería contradecir los derechos de quienes votaron el año 2006 por un período de cinco y no por uno de 4. La Constitución no considera ninguna nulidad ni parcial ni total de los efectos de una votación anterior salvo por la revocatoria que es un derecho exclusivo del ciudadano para acortar el mandato de personas previamente elegidas. Pero no hay revocatoria ni para presidente ni para congresistas. La voluntad del constituyente no fue recortar dichos periodos que en el caso del presidente es renunciable y en el del congresista no lo es.

Para el congresista no existe mecanismo electoral constitucional que pueda corregir el voto que le asignó el escaño que ocupa. Ni siquiera el referéndum -si lo hubiera-  podría porque la reforma que el Ejecutivo propone si es aprobada debería regir hacia adelante, es decir para el próximo período gubernamental y  no retroactivamente.

Solo con la revocatoria -negada para presidente y congresistas- se puede oponer la voluntad popular de hoy a la de ayer. Si el Congreso admite la propuesta del Ejecutivo estaría violando la Constitución.  Y si la aprueba para solucionar la actual crisis política su reforma constitucional sería pasible de nulidad, al igual que el adelanto de elecciones que surgiría de ella. La razón simple es que se habría hecho contraviniendo la Constitución y bajo intimidación de otro poder del Estado.

Y no es aplicable el precedente del 2000 cuando se recortaron los mandatos, presidencial y congresal, para dar paso al gobierno de transición de Valentín Paniagua y la posterior convocatoria a elecciones generales del 2001. En ese momento se trató de una circunstancia excepcional, para dar cierre a una década fujimorista plagada de violaciones constitucionales e invalidar unas elecciones ostensiblemente fraudulentas. No es el caso presente.

¿CÓMO CERRARÍAN EL CONGRESO?

En Correo el 14 de Septiembre 2019

¿Cómo cerraría el Ejecutivo el Congreso? ¿Recurrirá a las Fuerzas Armadas? ¿A las Fuerzas Policiales? ¿Están obligadas las Fuerzas del Orden a cumplir con el pedido del Ejecutivo? 

Las Fuerzas Armadas no son el fiel de la balanza pues deben ser neutrales. Son instituciones al servicio del estado nación y no al del gobierno de turno, le deben subordinación al poder constitucional y no al poder político. No son deliberantes aunque es evidente que les interesa el destino del país, también son peruanos preocupados por la prolongada crisis provocada por la intransigencia y la colisión de poderes.

Generales y almirantes en retiro han dicho que las FFAA no avalan ningún golpe aunque sus pronunciamientos políticos son exclusivamente personales. Los militares en actividad tienen prohibido expresar posiciones políticas. Pero ha trascendido que generales moqueguanos estarían dando apoyo al cierre del congreso y  que un grupo de generales institucionalistas, que mantienen sus valores militares y su respeto a su constitucionalidad, no lo harían. La situación parece sin salida pero los institucionalistas están haciendo su propia campaña no bélica por el entendimiento y el diálogo. La solución del gabinete de ancha base y el acuerdo de gobernabilidad sobre la base de una agenda mínima ya está circulando. La ha asumido la vicepresidenta Mercedes Araoz sin que implique vacancia presidencial ni cierre congresal. Y menos aún cierre vía cuestión de confianza que va perdiendo respaldo constitucional.

No necesitan recurrir al indeseable golpe militar para hacer saber que en el Ejército y la Marina respetarán el orden constitucional. No tienen la obligación de apoyar medidas políticas que atenten contra la Carta las que pueden acarrearles procesos judiciales. No están obligadas a responder ante una posible disolución del Congreso con vicios. Tendrían toda la potestad de no cumplir dicha petición política sin incurrir en desacato aunque de hecho arriesgarían ascensos y pases al retiro.

LA GUERRA 

DEL FIN DEL MUNDO

En diario Exitosa el domingo 8 de Agosto 2019

La esperada reunión de Martín Vizcarra con Pedro Olaechea no dio resultados. Para las plateas han ofrecido que el Congreso priorizará la reforma constitucional que haga posible el adelanto de elecciones y que el Ejecutivo revertirá los graves déficits de gestión gubernamental. Ojalá pero lo que vemos está lejos de la eficiencia y del abordaje de los problemas esenciales.

No es fácil activar estas ofertas. Adelantar elecciones es complicado y más aún en tan poco tiempo. Tanto como recuperar eficiencia en la gestión sectorial y estatal. Los cientos de muertes de bebes prematuros por falta de incubadoras en diferentes partes del país denotan una crisis integral de la salud pública que se evidencia en el conocido desabastecimiento de las instituciones sanitarias, en especial en los hospitales emblemáticos de referencia como el Loayza en Lima. Grave porque la defensa del derecho a la vida está en falencia a pesar de ser la primera razón de la existencia de un Estado que cuando no puede cumplir pasa a ser fallido.

Y es que muy graves problemas han sido postergados por los poderes del Estado que no funcionan. El Ejecutivo a través del Presidente agita a la población y su propuesta de adelanto de elecciones genera incertidumbre por lo cual pierde poder e imagen. El Congreso quiere legislar de manera autónoma sin imposiciones pero pierde tiempo y oportunidad para abordar la agenda social pendiente. El Poder Judicial sin Junta Nacional de Justicia y con un Ministerio Público bajo fuego crítico completa el deterioro. Con el agravante de que ninguno de los escenarios que podrían surgir del actual bloqueo político y económico son positivos para el país.

El debate constitucional y político ocupa todo el escenario pero hay un diálogo de sordos. Ni se escuchan ni se entienden. Cada día el Presidente Vizcarra renueva su hostilidad contra el órgano constituyente exigiendo la reforma constitucional y agitando a la población para la grita por la disolución del Legislativo. Sin ánimo conciliatorio la intransigencia no llegará a nada, salvo que se centre en la defensa del orden constitucional lo que obligaría al Ejecutivo a aceptar lo que el Congreso decida con su prerrogativa de aprobar las reformas constitucionales.

El Congreso pone lo suyo cuando decide continuar con las investigaciones de Chinchero y CONIRSA vinculados con el Jefe de Estado. O abordar la metodología y las acciones de las encuestadoras que sostienen al presidente con sus sondeos de opinión que podrían ser manipulados.

Con razón o sin ella la guerra continúa. La acción fiscalizadora es un recurso para golpear al contrario. El discurso presidencial también lo es. Si es así podría tener reflejo en los cuarteles que son profesionales de la guerra. Si los civiles no dan la talla la pugna irresponsable y sin salida es una provocación a los militares que también están preocupados. El temor ha sido puesto sobre la mesa por la virulenta respuesta de Mauricio Mulder al Primer Ministro en la Comisión de Constitución. Avisados estamos.

DE LA POLÍTICA 

A LA POLITIQUERÍA

En Correo el 7 de Agosto 2019

El presidente sigue haciendo promesas en sus viajes a provincias y contradictoriamente sigue predicando que “nos vamos todos”. La política ha desaparecido en su esencia de manejar diálogos y desacuerdos, de  negociar aspectos que podrían parecer insalvables. La ha reemplazado la politiquería de la defensa de intereses individuales y de grupo en el marco de una generalizada crisis de credibilidad y confianza.

Hay una gran crispación en la población. No es para menos, sus políticos no ofrecen seguridad ni garantías, pasan peleando entre ellos, sin entenderse y sin abocarse a lo esencial. Hablan lenguas distintas y viven en un país diferente en el que no existen los grandes problemas que las mayorías sufren. El periodo de PPK y el del relevo de Martín Vizcarra son tiempos perdidos sin  obras destacables. Ni las publicitadas acciones de reconstrucción ni las reformas política y judicial. Mucha palabra y pocas realizaciones. Solo la lucha anticorrupción avanza en sus propios espacios.

Vamos perdiendo la fe ante lo que parece la guerra sin fin. La confrontación y la soberbia son protagónicas, los políticos no piensan en el país y no dan la talla. Las absurdas amenazas cíclicas de disolución parlamentaria o de vacancia presidencial son una irresponsable provocación a los cuarteles.

Porque ninguno de los poderes del Estado funciona como debería. Ni el Ejecutivo con un Presidente que agita a la población y genera incertidumbre con el adelanto de elecciones que le hace perder poder. Ni el Congreso que debe legislar de manera autónoma sin imposiciones pero pierde tiempo y oportunidad para abordar la agenda social pendiente. Ni el Poder Judicial que sin Junta Nacional de Justicia y con un Ministerio Público bajo fuego crítico completa el deterioro. Con el agravante de que ninguno de los escenarios que podrían surgir del actual bloqueo político y económico son positivos para el país. Cuidado.

LA VOZ DEL PUEBLO

Y LA DE LOS MEDIOS

En diario Exitosa el domingo 25 de agosto 2019

Ya pasó más de un mes de la propuesta de adelanto de elecciones y el escenario es de desconcierto total. Nadie sabe cómo terminará esta crisis. Los peores augurios están presentes. Gobierno y oposición deben entender que no se trata solo de sus intereses. No pueden mostrarse intransigentes ni irreductibles, como si de su hacienda se tratara. Si no quieren ir contra la historia deben asumir el interés nacional y facilitar el acercamiento de posiciones para una salida negociada o intermedia.

Ningún escenario de los que se plantean es bueno. El peor sigue siendo el lamentable vaivén entre un Congreso que impulsa la vacancia presidencial y un Ejecutivo que por cuestión de confianza rechazada lo disuelve. En ningún país democrático se liquida el Congreso porque al presidente no le gusta o porque la calle grita su cierre.

El reciente discurso de Martín Vizcarra en Tacna no llama a la serenidad ni a la reflexión. El pueblo soy yo es la auto referencia del líder o caudillo que cree que tiene el monopolio de la razón, que cree sintonizar con las aspiraciones del ‘pueblo’ e interpretarles desde su torre de marfil.

Pero nadie es dueño de la verdad y el pueblo sigue siendo una abstracción, lo que existe es el conjunto de individuos con ideas diferentes que pueden venir de la realidad pero también de la desinformación o de la manipulación mediática. En su discurso de Tacna la crítica aparece como difamación y el desacuerdo como traición al pueblo. Nadie puede disentir y menos plantear objeciones constitucionales sin defender privilegios y dar la espalda a los peruanos. ¿Este es espíritu de diálogo? ¿Se trata de doblegar o de razonar por interés nacional?

Si la voz del pueblo fuese infalible el mérito sería del que califica bien lo que merece ser aprobado. El pueblo está integrado por seres humanos falibles, que aciertan y se equivocan. Ha sucedido muchas veces y sin ir muy lejos ese terrible Congreso que supuestamente se quiere cerrar es el mismo que el pueblo eligió en las urnas sin una pistola en la sien.  

Es cierto que en democracia prevalece la voz de las "mayorías" pero pueden darse distorsiones que generan desaciertos por manipulación. Los políticos cantan loas al pueblo cuando reconoce resultados y desprecian las opiniones opositoras que no satisfacen intereses y egos. Por un lado corre la presunta infalibilidad y por otro se ignora la voz ciudadana que critica el desgobierno.

Las buenas decisiones están ligadas indefectiblemente a la buena información. Al ciudadano se le entrega cifras de encuestas o un escrutinio limitado que no le permite tomar decisiones de envergadura y significado. El derecho a la información no siempre es respetado por el poder mediático cuando sirve de eco a los bandos en pugna en especial al del Presidente cuando concede y distribuye publicidad oficial.  

Ante la intransigencia de los poderes del Estado otra mirada debería venir de reporteros y columnistas algunos de los cuales muchas veces retan, juzgan y condenan. Nos toca reflejar la realidad, afinar la mirada y asumir qué fin perseguimos como comunicadores que se relacionan con la sociedad en que viven.

No hay que olvidar que en los medios se construye el relato que ilustra y condiciona la forma de entender al mundo. Desde nuestros espacios elaboramos la narrativa que determina la actitud para afrontar lo que sucede. Tan importante es la mirada de los medios sobre lo que ocurre como las preguntas que hacemos, las dudas que albergamos y los aspectos en que nos fijamos y por qué. Ojalá más cerca de la conciencia y más lejos de la consigna o de la voz que en el oído nos dicta lo que debemos decir o preguntar.

LA GRAN INCERTIDUMBRE

En Correo el sábado 24 de agosto 2019

Pasan los días sin avances. La incertidumbre es la regla. Martín Vizcarra asegura que el adelanto de elecciones para el 2020 “no es negociable” y tiene poco o ningún interés en reunirse con el titular del Congreso, Pedro Olaechea. No busca escuchar a nadie más que a sí mismo y a su entorno cercano con el cual se alinea el coro mediático que le debe su supervivencia.

El discurso que pronunció en Tacna tiene serios bemoles puestos de relieve por un editorial del decano. El pueblo soy yo es la auto referencia del líder o caudillo que supuestamente sintoniza con las aspiraciones del ‘pueblo’ y  las interpreta correctamente desde su torre de marfil. Desde ahí pretende ser la encarnación de una abstracción cuando lo que existen son individuos con ideas que pueden venir también de la manipulación mediática. En su discurso toda crítica aparece como difamación y todo desacuerdo como traición al pueblo honesto. Nadie puede disentir y menos plantear objeciones constitucionales sin defender privilegios y dar la espalda a los peruanos. ¿Este puede ser el espíritu de diálogo que ofrece? ¿Se trata de doblegar a alguien o de razonar?

El imperativo de la razón reviste urgencia desde que todos los escenarios que se plantean son negativos, requerimos del acercamiento para una salida negociada a una crisis política que se prolonga en lo económico con todo el daño posible. El peor escenario es aquel donde el Congreso impulsa la vacancia presidencial por “incapacidad moral” (por Chinchero y los nuevos indicios descubiertos) o que por una cuestión de confianza se disuelva el Congreso. Todo extremo es perjudicial y en ningún país democrático se disuelve el Legislativo porque al presidente no le gusta o porque la calle grita que se cierre. Necesitamos colocarnos más cerca de la razón y más lejos de la manipulación y de las ambiciones irreductibles.