NO JUDICIALICEMOS
LA
POLÍTICA
En América Latina jueces y fiscales intervienen en asuntos
tradicionalmente resueltos por el sistema político. Esto afecta más a los países
con instituciones y partidos políticos débiles por falta de legitimidad y
representatividad. Hemos pasado de la censura al poder judicial a confiar en
algunos magistrados y a descartar otros. Si bien los excesos de algunos políticos
proliferan como hemos visto en el tormentoso debate congresal de Lava Jato
también jueces y fiscales pueden incurrir en ellos engendrando justificados temores.
Después de las prisiones de Ollanta Humala y su esposa, de los grandes
empresarios consorciados con Odebrecht y de Keiko Fujimori con su cúpula otras
tantas penas preventivas esperan.
El interés por conectar con la indignación
ciudadana bajo presión mediática puede llevar a errores y a tentaciones. El
caso de Pedro Chávarry contamina la política con verdades y medias verdades que
hacen las delicias de las tribunas. El fiscal Domingo Pérez recibe la atención del
país incluyendo fans enamoradas. El juez Concepción Carhuancho es el justiciero
radical de las prisiones preventivas. El denominador común es el protagonismo y
la tentación de las primeras planas al precio de desbordar cauces judiciales y
constitucionales para entrar a la política. Una vía que llevó a Yeni Vilcatoma
al Congreso sin más méritos que saber aprovechar la atención pública por su
grabación clandestina al ministro Figallo. Jueces y fiscales son líderes en
escenarios políticos confusos y turbulentos. La falta de independencia es el
precio.
No siempre sucede lo del paradigmático caso de Italia en los 90 cuyo
proceso derivó en la completa renovación de su sistema político. ¿Y en el Perú cambiaremos
o tendremos jueces como Sergio Moro que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política pero
ahora será el Ministro de Justicia del gobierno de quien se benefició con su
dictamen al eliminar de la contienda a su principal oponente.
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